MADRID.- La última visita de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) a España dejó un importante recado, aparte de insistir en la privatización de Bankia y en que Sareb acelere las ventas: pidió a los bancos que compraron cajas de ahorros con garantías contra pérdidas (EPA, esquemas de protección de activos) que liquiden cuanto antes esos activos. Se trata de Sabadell y BBVA, cuyas garantías vencen en 2021, adelanta hoy El Confidencial.
De esta forma, el Fondo de Garantía de Depósitos,
que es quien paga esas garantías, podrá integrarse 'limpio' y sin
'mochilas' de pérdidas futuras en el nuevo FGD común europeo. Ahora
bien, esto implicará que el conjunto de las entidades deberá asumir una
importante derrama... y que Montoro tendrá que negociar con Bruselas que
no compute como déficit público.
El EPA fue una figura que ideó el supervisor de Estados Unidos para
poder vender los cientos de bancos que quebraron en ese país en la
crisis financiera. Consiste en que el comprador de una entidad solo
asume una pérdida máxima por los activos problemáticos de esta; lo que
exceda de esa cifra, lo asumen las autoridades nacionales. De esta
forma, se siente seguro ante posibles sorpresas y pérdidas ocultas, lo
que facilita la venta de las entidades inviables.
España importó este modelo en la subasta de CCM
(Caja Castilla-La Mancha) en 2009, que ganó lCajastur (hoy Liberbank)
con unas garantías de 2.475 millones ya vencidos. Tuvo que repetirlo en
la venta de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) en noviembre de
2011, ya que la única oferta que se presentó, la del Sabadell, exigía estas garantías por un importe máximo de 16.000 millones.
Ahora
bien, el entonces Gobierno socialista no podía permitirse que esa cifra
incrementara todavía más el desbocado déficit público, por lo que se le ocurrió la fórmula de que la garantía fuera asumida por el FGD,
que se nutre con las aportaciones de las entidades, en vez del fondo
estatal de rescate, el FROB.
El nuevo Gobierno del PP repitió la
fórmula, aunque a mucha menor escala (900 millones), en la subasta de Unnim
(fusión de las cajas de Manlleu, Terrassa y Sabadell) que ganó el BBVA.
Al final, le dio lo mismo porque Bruselas consideró estas garantías
ayuda de Estado sobre la base de que, si el FGD se quedaba sin dinero
para cubrirlas, el Estado lo haría.
Aprovechar el buen momento del mercado
Pero
la ocurrencia del FGD tiene ahora consecuencias porque la Comisión
Europea quiere completar la Unión Bancaria con la pata que le falta: un fondo de garantía de depósitos común europeo en el que se integrarán los fondos nacionales.
Y ahí se encuentra con el problema de que el español tiene estas
hipotecas derivadas de los EPA concedidos en el pasado, y quiere que se
libre de ellas antes de su integración.
Precisamente, ahora la ocasión la pintan calva con la reciente venta de 13.000 millones de activos inmobiliarios del BBVA a Cerberus. La troika pretende que incluya en esa cartera el ladrillo procedente de Unnim cubierto con el EPA y, sobre todo, que Sabadell aproveche el buen momento y proceda a vender el suyo y a liquidar de golpe las garantías
pendientes. Al banco en principio le da igual vender los activos o
quedárselos, una vez que el nivel de provisiones -entre las suyas y las
del EPA- haya rebajado el precio de los mismos a niveles en que hay
demanda para comprarlos, algo más del 50% respecto a su valor inicial.
Derrama entre lo bancos... y más déficit público
El problema es que al Sabadell le queda por cobrar el grueso de las garantías,
que en 2016 estimaba en 11.000 millones. Y como el FGD se ha gastado ya
todo el dinero que tenía debido a estos esquemas, pagar este dinero
ahora de golpe en vez de hacerlo gradualmente hasta 2021 exigiría una fuerte derrama
entre todas las entidades que han sobrevivido a la crisis. Algo que no
les va a hacer ninguna gracia porque golpeará unos márgenes ya de por sí
deprimidos por los tipos de interés cero y golpeados por las
aportaciones al otro fondo de la Unión Bancaria, el de resolución de
entidades (el FROB europeo).
Y ahí no acaban los problemas. Si estas garantías se consideraron ayudas de Estado, su pago efectivo debería computar como déficit público según las normas europeas. En este caso, a quien le sentaría muy mal es al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien se va a encontrar sin comerlo ni beberlo con la necesidad de
negociar con Bruselas para que le permitan dejar fuera de la cuentas
públicas esta cantidad, que puede hacer incumplir los compromisos de
reducción del déficit público adquiridos por España.
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