jueves, 14 de diciembre de 2017

La Fiscalía acusa al exconsejero Cerdá y a dos expresidentes socialistas de la CHS por la degradación del Mar Menor

MURCIA.- Los supuestos responsables principales del gravísimo deterioro ambiental del Mar Menor, derivado de largos años de aparente inacción institucional y de impunidad frente a las prácticas agrícolas ilegales, acaban de ser señalados frente a la Justicia en la denuncia que acaba de presentar el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, y que acaba de adelantar La Verdad

La acusación pública se dirige contra el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y contra otros seis antiguos altos cargos de su departamento, así como contra dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, el excomisario Manuel Aldeguer y otros tres altos funcionarios del organismo de cuenca. 
Por el lado del sector agrario, el fiscal señala a 24 grandes empresas y agricultores particulares con cultivos radicados en el Campo de Cartagena, a los que acusa de prácticas ilícitas consistentes, básicamente, en la apertura de pozos no autorizados, la instalación de desalobradoras ilegales y el lanzamiento de los vertidos de salmuera resultantes a ramblas y pozos que, inexorablemente, acababan contaminando las aguas de la laguna salada.
A juicio al máximo responsable del Ministerio Fiscal en la Región, quien durante más de un año ha investigado las causas de una degradación del Mar Menor que no descarta que pueda llegar a ser "irreversible", las administraciones públicas han sido perfectamente conscientes desde hace largos años de que la "desmesurada e incontrolada" ampliación de regadíos en el entorno de la laguna, a pesar de no tener garantía alguna de que fueran a contar con agua para regar, derivó en la instalación de cientos -posiblemente un millar- de desaladoras clandestinas, cuyo 'rechazo' iba directamente al acuífero del subsuelo o al Mar Menor. 
Las inyecciones de nitratos a la laguna se estiman en unas 3.300 toneladas anuales, y la cantidad total acumulada en las últimas décadas podría superar incluso las 371.000 toneladas, según cifra el informe del fiscal al que ha tenido acceso La Verdad
Todos los informes internos, estudios científicos, advertencias y denuncias que se sucedieron sobre esa cuestión no sirvieron, en apariencia, para que desde la consejería liderada por Antonio Cerdá, como tampoco desde la CHS que presidieron Fuentes Zorita y Quesada, se adoptara prácticamente medida alguna, ya fuera reparadora o sancionadora, para atajar esta situación. La pasividad habría sido casi absoluta hasta el año 2012, cuando la contaminación del más relevante ecosistema del sureste español alcanzaba ya límites "desastrosos" y "calamitosos".
Díaz Manzanera, que no ahorra calificativos para reprobar la actuación de los antiguos altos funcionarios señalados en su denuncia, considera que los hechos son constitutivos, cuando menos, de un delito contra el medio ambiente, con las posibles agravantes de "riesgo de deterioro irreversible o catastrófico", y de varios delitos continuados de prevariación, por lo que pide al juez que vaya a asumir la instrucción que proceda a tomarles declaración en calidad de investigados (antes imputados), al igual que a los representantes de las 24 sociedades agrarias identificadas como poseedoras de desaladoras ilegales y autoras de vertidos a la laguna.
Por las repercusiones ambientales, socioeconómicas y políticas que ha tenido y tendrá la degradación del Mar Menor, la denuncia de la Fiscalía Superior está llamada a desembocar en una investigación que marcará un hito en los juzgados españoles, a juicio de La Verdad.
El Ministerio Fiscal pide que se incoen las siguientes diligencias previas, «indispensables para la comprobación de los hechos»:
  • Declaración como investigados a los denunciados, personas físicas y personas jurídicas.
  • Que se tome declaración como testigos a todos los agentes de la autoridad que han realizado inspecciones.
  • Que se tome declaración y ratificación de sus informes a los peritos.
  • Que se declare la complejidad de esta causa.
  • Que el perito Luis Burillo valore los daños causados al ecosistema.
  El fiscal José Luis Díaz Manzanera, ha incluido a 37 personas y empresas agrarias en la denuncia interpuesta por la degradación del Mar Menor, siete de los cuales son cargos o exaltos cargos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (del Gobierno Popular); y seis exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo que depende del Gobierno central, y que ostentaban esta responsabilidad con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero de presidente.

Además, el fiscal incluye a 24 agricultores y empresarios agrícolas como posibles causantes de los daños al ecosistema de la laguna salada. El fiscal les acusa de haber vertido al Mar Menor el 30% de las aguas subterráneas extraídas y que contenían todas las sustancias contaminantes, como nitratos, fosfatos y salmueras.
De la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Díaz Manzanera apunta a Antonio Cerdá, exconsejero; Francisco Moreno, exsecretario general; Ginés Vivancos, exdirector general de Industrias y Asociacionismo Agrario; Joaquín Maestre, exdirector general de Política Agraria Común; Ángel García Lidón, exdirector general de industrias agroalimetarias; Esteban Abad Salcedo, responsable de Sanidad Vegetal; y Francisco José González Zapater, actual director general de Agricultura y entonces técnico de Sanidad Vegetal.
Entre los que desempeñan o han desempeñado cargos en la CHS señala a los expresidentes José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada; el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (actual director general del Agua en la Comunitat valenciana); y el exdirector técnico, Joaquín Ezcurra.

El fiscal ha destacado en su denuncia «la extrema importancia y urgencia en la adopción en este caso de medidas cautelares» para evitar que se cause «un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, al Medio Ambiente y a la Salud de las personas; y en orden a garantizar que pueda restaurarse en lo futuro el orden jurídico violado».
Díaz Manzanera solicita que, «a la mayor urgencia», se acuerde el requerimiento a todos los agricultores denunciados para que se abstengan de verter el 'rechazo' (salmueras) de sus desalobradoras a cualquier cauce público o a aguas públicas, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en Delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.

El fiscal superior insiste en «la vital importancia» de que la autoridad judicial acuerde esta medida, toda vez que la iniciación de actuaciones de investigación en vía penal paraliza la vía administrativa sancionadora y que, de no acordarse tal paralización, la continuación de la actividad contaminante denunciada «comportaría sin duda un perjuicio de imposible o de muy difícil reparación en el futuro».
Además, solicita que se fije una fianza (que podrá efectuarse por cualesquiera de los medios admisibles en Derecho) de la cantidad en que se valore los daños sufridos por el ecosistema, a abonar por los denunciados, una vez que se concreten los mismos.
Díaz Manzanera pide finalmente en su denuncia que el juez o jueza instructora tras tomar declaración a los denunciados, acuerde la libertad provisional de estos y el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria, «a fin de cubrir las posibles responsabilidades civiles que en su día se pudieran establecer».



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