La cuestión de la posible reforma constitucional es un asunto
recurrente en casi todos los partidos políticos, si bien desde
perspectivas diferentes.
Una de las reformas más demandadas es la de la
estructura territorial de Estado si bien con una tendencia opuesta a la
de la del sentido común si este existiera, claro está; y ello porque lo
que algunos pretenden es aumentar las condiciones de autogobierno de las
comunidades a partir de la consideración de que España es un Estado
Plurinacional, un concepto inexistente en la mayoría de los españoles
pero que a base de adoctrinamiento mediático puede ir calando.
Lo que nadie apunta al respecto de esa posible reforma es la posición
contraria: la de la racionalización del sistema. Sólo el partido VOX es
quien lo hace clamando en el desierto toda vez que el sistema
autonómico de taifas en el que se ha convertido el desarrollo autonómico
es algo ya implantado con un muy difícil retorno a una situación de
sensatez.
Si bien no sería tan descabellado el hacerlo, siempre desde la
propia Constitución, si alguien explicara al sufrido español el coste
que para las arcas del Estado supone el mantenimiento de este sistema,
cálculos que algunos estiman en unos 100.000 millones de euros anuales
lo que obliga- además de por otras razones – a un endeudamiento que ya
alcanza al 100% del PIB. Por cierto el pago de esta deuda supone para
España el pago de 100 millones de euros diarios.
Una posible solución – como apunta Don Melitón Cardona, eminente
diplomático – sería sin menoscabo de la actual división territorial
modificar “un marco constitucional muy contraproducente en un país
centrífugo, con el resultado de que nunca antes en la historia de España
se había llegado a tal grado de desigualdad entre ciudadanos y
territorios españoles, no ya en los niveles de renta sino en los de
servicios y derechos básicos. Sólo por eso, creo que sería muy
conveniente una reforma de la Constitución española, aunque no en la
dirección de acentuar las diferencias, como algunos pretenden, sino en
la de eliminarlas de raíz.
Por eso, si yo tuviera que proponer una
reforma constitucional (lo que no es ni será el caso, claro está)
insistiría en suprimir la capacidad normativa de las Comunidades
autónomas respetando las de mera gestión, lo que nos permitiría suprimir
diecisiete “parlamentos” autonómicos con el consiguiente ahorro para el
Erario público y la consiguiente simplificación de nuestra
legislación”.
Sin duda el llevar a cabo una reforma como la descrita reviste una
tarea casi imposible salvo que en algún momento el ciudadano de a pie
llegara a ser consciente de que este despilfarro está incidiendo
directamente sobre su bienestar toda vez que lo que está en riesgo es
nada menos que la de su pensión por la que ha cotizado durante tantos
años y que en estos últimos años está siendo dilapidada en el
mantenimiento de este sistema.
Se le atribuye a Albert Einstein la frase: “Si tuviera una hora para
salvar el mundo, utilizaría 59 minutos en definir el problema y un
minuto en resolverlo”. Y el problema hoy para el ciudadano medio es que
el despilfarro de nuestros políticos alcanza tal magnitud tal que nos
encaminamos a la quiebra. Una situación sólo evitada a través de más y
más deuda.
Hoy nos encontramos con que la seguridad social es deficitaria toda
vez que de los más de ochenta mil millones de euros con los que llegó a
estar dotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social apenas queda
nada. Por ejemplo en 2012, 2013 y 2014 se sacaron 43.000 millones de
euros. Y no solo eso. También se ha dejado en la ruina al Fondo de
Prevención y Rehabilitación de las Mutuas, del que se han extraído más
de 5.000 millones de euros más.
Hoy nuestros políticos sólo piensan en las próximas elecciones
generales, y en lugar de decirle a la sociedad española la verdad, que
no hay dinero para seguir pagando las pensiones actuales, se dedica a
sacar dinero de la “hucha” de las futuras, y el que venga detrás, que
arree. Mientras tanto a seguir endeudándonos.
Esta es de forma muy sucinta y resumida la situación en la que nos
encontramos: Un Estado despilfarrador y carente de recursos suficientes
para mantener un sistema político esperpéntico que utiliza la conocida
como hucha de las pensiones para ir poniendo parches y parches además de
un endeudamiento creciente.
El Estado de las Autonomías tal y como lo vemos hoy es un desastre,
cuatro veces más caro que uno centralizado y fuente del mayor grado de
despilfarro y corrupción de toda la historia de España.
La democracia se basa en la existencia de ciudadanos informados que
toman decisiones racionales pero esto exige que aquellos estén al tanto
de cuanto pasa y creo que no es el caso.
Pese a todo cabría dar por bueno este sistema político y las posibles
reformas constitucionales de las que tanto se habla si de verdad fuera
el fruto de una demanda social imperante, algo que me temo no es así.
Lamento decir que la tan cacareada presión centralista de la que tanto
se habla no es más que la excusa de políticos avispados en busca de su
ranchito taifa particular.
Hoy mediante el uso desorbitado de los medios
y mediante la educación es posible que la percepción de la población
haya cambiado – se la han cambiado – pero también es verdad que vemos
pocas alusiones a que hemos creado un Estado sobredimensionado e
ineficaz y vemos escasas organizaciones políticas que apunten a la
realidad y digan las cosas claras.
Y el caso es que me temo que no lo
vamos a ver por una sencilla razón: aquellos que tendrían que meterse a
la tarea son precisamente los que han creado este desaguisado y no creo
que sean voluntarios para hacerse el “harakiri” pues supondría el fin
de su mamandurria.
¿Reforma del Estado de las Autonomías? Sí, pero dígase la verdad al
ciudadano del coste actual de este sistema y del que mediante una
reforma constitucional se propone. Una reforma que salvo determinados y
oscuros intereses nadie querría si supiera los efectos que sobre su
estado de bienestar supone, por ejemplo, sobre sus pensiones, hoy en
peligro.
Y dejemos la carga fiscal que este sistema exige para otra ocasión.
Todo esto es un simple dislate.
(*) General de División de Infantería de Marina (R) y vocal del Consejo Directivo de Eurodefense
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