martes, 19 de diciembre de 2017

Sistema autonómico y pensiones / Juan Chicharro *

La cuestión de la posible reforma constitucional es un asunto recurrente en casi todos los partidos políticos, si bien  desde perspectivas diferentes. 

Una de las reformas más demandadas es la de la estructura territorial de Estado si bien con una tendencia opuesta a la de la del sentido común si este existiera, claro está; y ello porque lo que algunos pretenden es aumentar las condiciones de autogobierno de las comunidades a partir de la consideración de que España es un Estado Plurinacional, un concepto inexistente en la mayoría de los españoles pero que a base de adoctrinamiento mediático puede ir calando.

Lo que nadie apunta al respecto de esa posible reforma es la posición contraria: la de la racionalización del sistema. Sólo el partido VOX es quien lo hace clamando en el desierto toda vez que el sistema autonómico de taifas en el que se ha convertido el desarrollo autonómico es algo ya implantado con un muy difícil retorno a una situación de sensatez. 

Si bien no sería tan descabellado el hacerlo, siempre desde la propia Constitución, si alguien explicara al sufrido español el coste que para las arcas del Estado supone el mantenimiento de este sistema, cálculos que algunos estiman en unos 100.000 millones de euros anuales lo que obliga- además de por otras razones – a un endeudamiento que ya alcanza al 100% del PIB. Por cierto el pago de esta deuda supone para España el pago de 100 millones de euros diarios.

Una posible solución – como apunta Don Melitón Cardona, eminente diplomático – sería sin menoscabo de la actual división territorial modificar “un marco constitucional muy contraproducente en un país centrífugo, con el resultado de que nunca antes en la historia de España se había llegado a tal grado de desigualdad entre ciudadanos y territorios españoles, no ya en los niveles de renta sino en los de servicios y derechos básicos. Sólo por eso, creo que sería muy conveniente una reforma de la Constitución española, aunque no en la dirección de acentuar las diferencias, como algunos pretenden, sino en la de eliminarlas de raíz. 

Por eso, si yo tuviera que proponer una reforma constitucional (lo que no es ni será el caso, claro está) insistiría en suprimir la capacidad normativa de las Comunidades autónomas respetando las de mera gestión, lo que nos permitiría suprimir diecisiete “parlamentos” autonómicos con el consiguiente ahorro para el Erario público y la consiguiente simplificación de nuestra legislación”.

Sin duda el llevar a cabo una reforma como la descrita reviste una tarea casi imposible salvo que en algún momento el ciudadano de a pie llegara a ser consciente de que este despilfarro está incidiendo directamente sobre su bienestar toda vez que lo que está en riesgo es nada menos que la de su pensión por la que ha cotizado durante tantos años y que en estos últimos años está siendo dilapidada en el mantenimiento de este sistema.

Se le atribuye a Albert Einstein la frase: “Si tuviera una hora para salvar el mundo, utilizaría 59 minutos en definir el problema y un minuto en resolverlo”. Y el problema hoy para el ciudadano medio es que el despilfarro de nuestros políticos alcanza tal magnitud tal que nos encaminamos a la quiebra. Una situación sólo evitada a través de más y más deuda.

Hoy nos encontramos con que la seguridad social es deficitaria toda vez que de los más de ochenta mil millones de euros con los que llegó a estar dotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social apenas queda nada. Por ejemplo en  2012, 2013 y 2014 se sacaron 43.000 millones de euros. Y no solo eso. También se ha dejado en la ruina al Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas, del que se han extraído más de 5.000 millones de euros más.

Hoy nuestros políticos sólo piensan en las próximas elecciones generales, y en lugar de decirle a la sociedad española la verdad, que no hay dinero para seguir pagando las pensiones actuales, se dedica a sacar dinero de la “hucha” de las futuras, y el que venga detrás, que arree. Mientras tanto a seguir endeudándonos.

Esta es de forma muy sucinta y resumida la situación en la que nos encontramos: Un Estado despilfarrador y carente de recursos suficientes para mantener un sistema político esperpéntico que utiliza la conocida como hucha de las pensiones para ir poniendo parches y parches además de un endeudamiento creciente.

El Estado de las Autonomías tal y como lo vemos hoy  es un desastre, cuatro veces más caro que uno centralizado y fuente del mayor grado de despilfarro y corrupción de toda la historia de España.

La democracia se basa en la existencia de ciudadanos informados que toman decisiones racionales pero esto exige que aquellos estén al tanto de cuanto pasa y creo que no es el caso.

Pese a todo cabría dar por bueno este sistema político y las posibles reformas constitucionales de las que tanto se habla  si de verdad fuera el fruto de una demanda social imperante, algo que me temo no es así. Lamento decir que la tan cacareada presión centralista de la que tanto se habla no es más que la excusa de políticos avispados en busca de su ranchito taifa particular. 

Hoy mediante el uso desorbitado de los medios y mediante la educación es posible que la percepción de la  población haya cambiado – se la han cambiado – pero también es verdad que vemos pocas alusiones a que hemos creado un Estado sobredimensionado e ineficaz y  vemos escasas organizaciones políticas que apunten a la realidad y digan las cosas claras. 

Y el caso es que me temo que no lo vamos a ver por una sencilla razón: aquellos que tendrían que meterse a la tarea son  precisamente los que han creado este desaguisado y no creo que sean voluntarios para hacerse el “harakiri” pues supondría el fin de su mamandurria.

¿Reforma del Estado de las Autonomías? Sí, pero dígase la verdad al ciudadano del coste actual de este sistema y del que mediante una reforma constitucional se propone. Una reforma que salvo determinados y oscuros intereses nadie querría si supiera los efectos que sobre su estado de bienestar supone, por ejemplo, sobre sus pensiones, hoy en peligro.

Y dejemos la carga fiscal que este sistema exige para otra ocasión.

Todo esto es un simple dislate.


(*) General de División de Infantería de Marina (R) y vocal del Consejo Directivo de Eurodefense

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