El juez Santiago Pedraz cita como testigo a Carlos Egea a petición de la Fiscalía Anticorrupción

PALMA.- La Audiencia Nacional interrogará el próximo 25 de enero en calidad de testigos por el caso Sa Nostra a dos de los máximos directivos de Banca Mare Nostrum (BMN), la entidad financiera en la que quedó integrada y diluida la caja de ahorros balear tras su colapso económico en el año 2010 y el posterior rescate bancario, según adelanta la edición balear de El Mundo.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ha citado para finales del próximo mes de enero al presidente de BMN, Carlos Egea, y al subdirector general de inversiones del banco, Juan Antonio Zaragoza, quien además fue director territorial de BMN para Baleares cuando se produjo la absorción de Sa Nostra.

Ambos deberán declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción para dar su testimonio acerca de las ruinosas operaciones inmobiliarias que investiga el Ministerio Público, y por las que entre finales del pasado año y principios de este presentó dos denuncias por la comisión de tres presuntos delitos de corrupción. Provocando la imputación ante la Audiencia Nacional de la antigua cúpula de Sa Nostra en las Islas -entre otros Pere Batle, Pau Dols y Fernando Alzamora- así como de una veintena de antiguos miembros de sus órganos de administración, entre los que se encuentra, como figura con proyección pública, el actual portavoz parlamentario del PSOE balear, Andreu Alcover. 

Alcover era consejero en representación de Cort, donde era regidor, y ha afirmado que él simplemente participó en uno de los consejos investigados y que desconocía los detalles de operaciones que, alegó, venían avaladas por los informes de la caja de ahorros. Ha sido citado para el próximo 19 de diciembre, pero su declaración podría ser aplazada.
La Fiscalía denunció una batería de operaciones inmobiliarias financiadas por la caja entre los años 2005 y 2010 que, según las primeras estimaciones de la investigación judicial, fundamentadas en informes forenses del Banco de España, habrían provocado un perjuicio a Sa Nostra de más de 130 millones de euros. 

De hecho, como adelantó El Mundo/El Día de Baleares, esa es la cifra que la Audiencia Nacional impuso como fianza económica a los antiguos responsables de la caja mallorquina, en la que constituye la fianza más abultada de la historia judicial reciente de las Islas.  

Hay que recalcar que BMN está personada en el proceso como parte perjudicada, alineándose por tanto con la Fiscalía en esas actuaciones encaminadas a esclarecer y depurar los hechos. Sus directivos declararán como testigos y no como acusados. El banco ya ha realizado algunas peticiones a la Audiencia Nacional y ha colaborado con la investigación.
Tanto Egea como Zaragoza han sido emplazados para el próximo 25 de enero. Deberán explicar la repercusión y magnitud de aquellas operaciones, y ofrecer la información de la que dispongan.
Los directivos y consejeros defienden su inocencia, indicando que aprobaron operaciones avaladas por informes y que el deterioro del mercado truncó las expectativas.
El asunto llegó a la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2015, después de que el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el organismo público encargado de tutelar el rescate bancario y la fusión de cajas tras el colapso del sistema financiero, denunciara una serie de operaciones sospechosas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, Sa Nostra.
En ambas denuncias, la Fiscalía aprecia indicios de «apropiación indebida, blanqueo de capitales y delitos societarios continuados». Y abre la puerta a otros delitos conexos. 

Según las denuncias, en ambas maniobras financieras se produjo una «omisión de los deberes elementales de gestión, generando con ello un perjuicio patrimonial» a Sa Nostra. 

Y «permitiendo que se produjera un desvío de parte de los fondos a fines ajenos a los compromisos adquiridos con la caja» por los dos grupos inmobiliarios que recibieron la inyección de fondos: el Grupo Sotohermoso, con intereses urbanísticos en Palma del Condado, Huelva; y el Grupo Martín Gual, que centró sus operaciones en media docena de fincas repartidas en Mallorca -tres en el Coll d'en Rabassa- y en la Comunidad Valenciana. Entre ellas está la de Son Bordoy, una finca que ya estuvo bajo el foco de la sospecha en 2010 por haber sido el lugar elegido para propiciar un gran pelotazo inmobiliario con el pretexto de edificar viviendas de protección oficial, viviendas sociales.

La fiscal del caso, Myriam Segura, subrayó en sus denuncias que las operaciones «desatendieron los informes de riesgo» y los «límites de financiación» de la política interna de Sa Nostra. Además, se denuncia que se aprobaron, entre otras carencias, con la ausencia de tasaciones actualizadas y reales de las fincas.