MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la Región ha desestimado los recursos presentados por dos
empresas inmobiliarias que reclamaban a la Comunidad Autónoma un total
de 116,2 millones de euros después de haberse frustrado el proyecto
urbanístico de Marina de Cope tras una sentencia del Tribunal
Constitucional.
En estos recursos, las empresas Arocasa, que pedía una
compensación cercana a los 112,8 millones de euros, y Pydum, que
solicitaba 3,5 millones, alegaban que, con las expectativas que abría el
proyecto, habían puesto en marcha unos proyectos con los desembolsos
correspondientes.
Añadían que, como el Constitucional
anuló la disposición legal que habría permitido la urbanización de los
terrenos afectados -parte de los cuales gozaban de protección
medioambiental-, se había producido un caso de responsabilidad
patrimonial que debía ser asumido por las arcas de la Administración
regional.
El TSJ recuerda además que, con anterioridad a estos dos
recursos, se plantearon otros casos similares por parte de promotoras
que exigieron la misma responsabilidad, y que resultaron con sentencias
igualmente desestimatorias.
Plantea la Sala que los apelantes sabían el
riesgo que asumían al hacer sus inversiones, ya que eran conocedores de
que existía un recurso de inconstitucionalidad que podía influir en su
viabilidad, «por lo que lo asumieron voluntariamente».
«Por
tanto -concluyen los magistrados- son de su cuenta y riesgo las
pérdidas, como igualmente hubiera sido en su provecho el beneficio de
haber salido adelante el proyecto».
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