jueves, 26 de octubre de 2017

En legítima defensa / Ramón Cotarelo *

A pesar del ruido, del estrépito catalán, la Gürtel ha vuelto a manifestarse con unas conclusiones de la fiscalía que son una impugnación a la totalidad del PP, del gobierno, de Rajoy, durante más de veinte años: una asociación de malhechores para saquear las cuentas públicas a todos los niveles. Desde los sobresueldos del presidente con cargo a la caja B, hasta las comisiones en todas las adjudicaciones y la financiación ilegal. 

El PP lleva veinte años ganando elecciones ilegalmente, haciendo trampas. Todas sus decisiones son nulas e ilegales. Todas. Incluida la de aplicar el 155. ¿Con qué autoridad invoca la legalidad un gobierno todo él ilegal? Un gobierno que debería haber dimitido hace mucho y haberse puesto a disposición de los tribunales.

Con el PP en el gobierno, España no es una democracia ni un Estado de derecho, por más que los medios y publicistas nacionalistas españoles (prácticamente todos) así lo aseguren. Es imposible llamar Estado de derecho a un país gobernado por un partido fuera de la ley. No solo por encima de la ley, sino fuera de ella. Todos los actos de este gobierno son ilegales de origen y por lo tanto, de ejercicio. 

Por eso centra su atención el triunvirato nacional español en Cataluña. Para desviar la atención de ese hecho que, sin embargo, está en la conciencia de todos y empieza a ser valorado en el extranjero, en donde ya se piden explicaciones detalladas de cómo funcionan las instituciones en España. El hecho de la carencia de legitimidad del gobierno para abordar lo catalán. 

Esta le viene prestada por el apoyo del PSOE (C's no añade nada en punto a legitimidad), que quiere tranquilizar su conciencia moderando la aplicación del 155, como si eso fuera posible. Al estar ya activado, haya o no elecciones autonómicas, el gobierno ha impuesto su criterio de efecto "máximo". De entrar, entramos a saco. Pero hay un plazo de procedimiento y en él la Generalitat tiene previsto declarar la DI y la República Catalana en legítima defensa. Fin de fiesta.

Sigue siendo asombroso cómo, a la vista de los acontecimientos, el triunvirato nacional español no se entera de en dónde se ha metido. Da por hecho que destituir autoridades y cargos, clausurar el Parlamento, intervenir a los Mossos, cortocircuitar (supongo) las administraciones locales, secuestrar los medios de comunicación será coser y cantar. Enfrente tiene una rebelión ya anunciada y muy vigilada desde el exterior, en donde se multiplican las iniciativas intervencionistas. El Parlamento danés, por ejemplo, debate sobre la independencia de Cataluña. 

Aun suponiendo que esta ocupación fuera posible (y no se ve si no se hace con fuerza armada), queda vencer la resistencia de la calle. El gobierno parece dar por descontado que esa resistencia durará una semana y, después, la gente se resignará a ser gobernada desde fuera, como una colonia. 

Solo este propósito debiera poner sobre aviso al PSOE de que la situación no es de recibo. No es solamente que prestarse a reprimir sin más una movilización social durante una semana debiera repugnar a cualquier sensibilidad de izquierda. Es que, además, será inútil porque el alcance y la profundidad de la movilización social catalana son mucho mayores de lo que la capacidad represiva del Estado pueda controlar. 

El 155 es la puerta abierta a la dictadura. Que se invoque la democracia no quiere decir nada. Todas sus perspectivas hacen imposible un retorno a esta pero cada vez más posible un intento dictatorial renovado a base de prohibir partidos políticos independentistas. Algo que el PSOE tendrá que tragar o denunciar, corriendo el riesgo de que también lo prohíban a él. Nunca se sabe con la derecha que no suele defrauda en su gobierno: te mete en una guerra exterior o interior. 

Y como quiera que el gobierno anuncia su decisión de aplicar el 155 en cualquier caso y haga ya lo que haga la Generalitat solo deja a esta la posibilidad de proclamar la República Catalana en efecto, en legítima defensa.
La independencia de Cataluña
Mi artículo de hoy en elMón.cat titulado "La independencia es inevitable". No es solamente que el Estado sea incapaz de frenarla o impedirla, no. Es inevitable porque, llegados hasta aquí, nadie puede obstaculizarla, ni las dudas, temores y vacilaciones de última hora entre los indepes. 

A la vista de cómo ha gestionado el asunto el bloque nacional español, Cataluña no tiene más remedio que declarar la independencia mañana, si quiere sobrevivir. De otra forma, la maquinaria del 155 pretenderá aplastarla (otra cosa es que lo consiga) estableciendo la dictadura. Sabe el bloque que con un estado de excepción encubierto, suprimiendo el govern y el Parlamento, interviniendo a los mossos y controlando los medios audiovisuales no tendrá suficiente. Se verá obligado a suprimir los derechos de asociación, reunión y manifestación y, quizá, a imponer un toque de queda. Tendrá que prohibir los partidos y asociaciones independentistas. 

Al PP esto le parecerá muy bien porque está acorde con su espíritu y realidad franquista. 

¿Y al PSOE? ¿También le parecerá bien haberse convertido en un partido fascista?

Y aun peor: un partido fascista que sirve también para encubrir el saqueo sistemático del país por la banda de ladrones que apoya.

Sigue el texto en castellano: 

La independencia es inevitable
                                                                                              

Si se declara ya como si se deja en el limbo; si se consigue mañana o dentro de una semana o unos meses o para cuando Deulofeu anuncia el fin del imperio español, 2029. Da igual. La próxima independencia de Catalunya es una certidumbre con la que el mundo en general y Europa en particular tienen que contar y, de hecho, ya están haciéndolo.

Desde aquellos lejanos días del fallido y vigente Estatuto de 2006, hoy vulnerado por este golpe de Estado de matachines decimonónicos, estuvo claro que Cataluña no tenía encaje dentro de España. Y ello no porque chocara con el gobierno de turno y, confuso por ello, como señalan los españolistas menos tarugos, confundiera gobierno con Estado. Nada más falso.

En España no hace falta “confundir” el gobierno y el Estado porque todos los gobiernos tienen fundamento en el mismo Estado y este los condiciona, sean del color que sean. El primer ataque contra el Estatut de Maragall vino con el PP y Rajoy recogiendo firmas “contra Cataluña” y en defensa de, mirabile dictu, un referéndum. Era un ataque desde la oposición.

El segundo vino del Parlamento español de la mano del especialista en cepillados, Alfonso Guerra, y el pacto entre Zapatero y Mas para consensuar un Estatuto “cepillado”, “rebajado”. Era un ataque desde el Parlamento y el gobierno.

El tercero y definitivo, luego del voto afirmativo en referéndum catalán, vino del Tribunal Constitucional, que negó la condición nacional a Cataluña e inconstitucionalizó lo que le pareció bien. Era un ataque desde un órgano político que se hace pasar por Tribunal de justicia.

Así que si algo es atacado, rechazado, anulado por el gobierno, el Parlamento, la oposición y los tribunales, no parece exageración decir que es atacado por el Estado. No por este o aquel gobierno que son esencialmente transitorios sino por el Estado sin más, en conjunto, por todo el Estado. Si Cataluña insiste en su condición nacional, es decir, persevera en su esencia y naturaleza, el Estado español trata de aniquilarla.

Las últimas semanas han sido ricas en esperpentos. El gobierno se salta la legalidad que invoca y decreta una situación de excepción en Cataluña y una dictadura seudoconstitucional que quiere extender al resto del Estado, de momento a Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. En pleno siglo XXI. 

Sumisa y, en el fondo, cómplice de esta arbitrariedad, la izquierda socialista suscribe el atropello en Catalunya y se inventa una vergonzosa excusa para justificar que los socialistas se alíen con la derecha nacionalcatólica y franquista de siempre, con el PP: la de que, cuando se haya “pacificado” Catalunya, se procederá a una reforma de la Constitución que no se creen ni ellos.

Ya no basta con una reforma de esta Constitución que nadie respeta ni respetó jamás porque fue el enésimo engaño para perpetuar el dominio de la oligarquía parasitaria tradicional española y el sojuzgamiento de Catalunya. Ahora ya solo queda aceptar lo que una separación negociada de esta, convertida en flamante República Catalana, pueda deparar y ver si la izquierda española es capaz de imponer un referéndum sobre Monarquía/República en lo que quede de España.

Viéndose perdido, el nacionalismo español recurrió a su última carta, que ya no es un ejército cuya inclinación al golpe militar está coartada por la OTAN, sino su capitán general, el Rey. Lo ha sacado dos veces en un breve lapso, las dos intransigente, insensible, amenazador, jugándose la corona con el respaldo al partido más corrupto e ilegal de la historia de España. Un Borbón que seguirá el destino de su bisabuelo.

Porque a Catalunya ya no hay gobierno ni Estado españoles que puedan contenerla, ni con la ayuda de un PSOE convertido en diligente lacayo de la derecha más monárquica y reaccionaria. Su fuerza no reside en su poderío militar (inexistente), ni en su riqueza económica (que es mucha y muy codiciada por la metrópoli madrileña), sino en la generalizada y decidida voluntad política de emancipación del pueblo  en su conjunto. Reside en la amplia movilización a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Reside en la conexión entre esta sociedad y sus instituciones representativas que, habiendo reconocido el mandato del pueblo, lo ejecutan.

El Estado español (el gobierno y sus palafreneros socialistas y de C’s) blande un estado de excepción camuflado bajo un artículo 155 de la Constitución que, no sabiendo cómo se emplea, juzga le da carta blanca para actuar según su convicción y talante autoritarios, dictatoriales. Cree que censurando, reprimiendo, apaleando, procesando y encarcelando conseguirá reducir a Catalunya a su condición de colonia disimulada hasta la fecha y que ahora ha quedado patente.

En su falta de ética, principios y respeto a la ley, el Estado español, probablemente con el beneplácito del Borbón, puede tender una trampa a Puigdemont y valerse de cualquier leguleyería de la vicepresidenta para detenerlo y encarcelarlo. Una felonía de este tipo (frecuente, por lo demás, en el fascismo español) no solo no resolvería nada sino que aceleraría el proceso de independencia y el apoyo exterior que esté recibe cada vez más crecido.

Precisamente porque saben que la independencia es inevitable, quieren su nacimiento como dicta la Biblia, con sangre. Sangre que, derramarse (más) caerá sobre sus cabezas. Sobre todo las de una izquierda que ya no tiene de tal ni el nombre. 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED 

No hay comentarios: