Esas fuerzas han empezado ya a movilizarse y organizarse. Esos movimientos, a su vez, encuentran eco en otras partes de España donde existe un fuerte movimiento nacionalista: el País Vasco y Navarra.
La
percepción sobre los riesgos para la paz que pueden resultar de la
resistencia de los independentistas a la suspensión del ‘govern’ y de su
presidente, empieza a alarmar a Europa.
En síntesis, y por orden de
mención, se han producido los siguientes hechos:
La Associació de Municipis per la Independencia (AMI) y la Associació
Catalana de Municipis (ACM), que entre las dos agrupan a 700
municipios, con una mayoría de ellos muy pequeños, hicieron a primera
hora de la tarde del domingo día 22 un llamamiento a mostrar “el rechazo
total a la aplicación del art. 155 de la Constitución Española” y pedir
la celebración de plenos extraordinarios, desde el próximo lunes al
miércoles, para denunciar que su aplicación “liquida, de facto, la
autonomía catalana a través de un fuerte ataque a los derechos de los
catalanes y catalanas”.
Además, culpabiliza al gobierno por ”la incapacidad de diálogo del
Estado español”. El comunicado escoge palabras potencialmente aptas para
suscitar una fuerte reacción popular: el gobierno, dice, ha optado “por
la vía de la represión”, usando de “la brutal violencia policial contra
la población pacífica del 1 de octubre”.
La mayor parte de los municipios reunidos en esas asociaciones
participaron en el despliegue de colegios electorales informales el
pasado 1-O y ayudaron a las votaciones y al recuento de votos, a pesar
de la prohibición expresa de hacerlo por parte del Tribunal
Constitucional. Puede presumirse, entonces, que se van a mostrar
igualmente activos en cualquier intento organizado de obstaculizar el
despliegue de las fuerzas del orden comandadas desde el ministerio de
Interior.
La expectación creada por los acontecimientos de Cataluña tiene eco
en el País Vasco, con consecuencias difíciles aún de discernir. La
portavoz de la independentista EH Bildu, Maddalen Iriarte, aseguró que
“Euskalherría también será estado independiente en breve”. Iriarte
confirmaba con esa frase la sospecha suscitada por el presidente del
partido popular vasco, Alfonso Alonso, en el sentido de que en Euskadi
ya están dados los ‘ingredientes’ para reproducir una situación similar a
aquella por la que pasa Cataluña.
En las próximas horas o días será preciso prestar atención a los ecos
que lo de Cataluña tendrá entre las fuerzas pro-catalanistas de la
Comunidad Valenciana y las islas Baleares.
La precipitación de los acontecimientos de Cataluña ha producido una
primera reacción de alarma en una cancillería europea. Jean-Ives Le
Drian, ministro francés de Exteriores, describió la actual situación del
conflicto catalán como la contraposición entre “un estado de derecho
que hay que respetar”, y “el riesgo de una dislocación peligrosa”.
La aplicación del art. 155 CE llevará consigo la necesidad de hacer
frente a movilizaciones populares, como las registradas el 1-O y en la
semana que acaba de terminar, en que han participado cientos de miles de
partidarios de la independencia.
Según sus organizadores, fueron 2.300.000 para la ‘consulta’ y
450.000 para apoyar a los dos líderes populares del movimiento
independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, detenidos por su
colaboración en poner cerco durante toda una noche a la Guardia Civil,
mientras realizaba una diligencia judicial.
Por otra parte, ya se han producido ataques cibernéticos contra
instituciones del estado, que en algún caso han durado unas horas.
El ministerio del Interior intentó este domingo convencer a la opinión
de su total confianza en los Mossos, a pesar de las investigaciones
judiciales sobre algunos de ellos por su pasividad o complicidad en la
votación ilegal.
La lealtad de ese cuerpo policial (17.000 agentes) al gobierno es
crucial para que se pueda aplicar el 155 con toda su eficacia. De otro
modo, todo el peso de su ejecución descansaría en los 8.000 agentes de
la guardia civil y la policía nacional actualmente desplegados en
Cataluña.
El ministerio del Interior debe asegurar el control y tranquilidad de
centenares, si no millares, de puntos en riesgo de ser asediados o
sobrepasados por militantes independentistas, tales como juzgados (unos
800 jueces en territorio catalán), fiscalías, la delegación del gobierno
en Barcelona y otras capitales, centros de comunicaciones de todo tipo,
acuartelamientos, sedes de partidos políticos opuestos a la secesión,
nudos de carreteras principales, aeropuertos y puertos.
(*) Periodista
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