Casi desde el mismo sábado, pero de una manera muy especial en estas
últimas horas, el Gobierno español y el PP han puesto en marcha una
decidida estrategia para tratar de acorralar al president Puigdemont.
Obviamente, no es la primera vez, ni será la última hasta el minuto
antes de que anuncie su decisión final en el Parlament.
En esta ocasión,
el argumentario de los diferentes ministros y de los portavoces del Partido Popular desde
este martes consiste en proclamar a viva voz que no es suficiente con
que convoque elecciones sino que tiene que desdecirse de todos los pasos
dados, ha de hacerlo en público y tiene de plazo hasta el viernes,
fecha en que se reunirá el pleno del Senado para debatir y acordar el alcance del artículo 155
y si da luz verde al conjunto de medidas solicitadas por el gobierno
español.
Solo si lo hace así, y no es seguro, se podrá aminorar el
impacto del 155, pero tampoco se le ofrece ninguna garantía de que acabe
siendo así. Por descontado que los procesos penales continuarán. De una
u otra manera, decenas de altos cargos, entre ellos Puigdemont y la
totalidad de miembros del Govern, se enfrentan a un calendario judicial
terrorífico.
Es obvio que una vez logrado el apoyo imperioso que buscaba el PP de los socialistas -Ciudadanos
pinta realmente más bien poco-, desde la Moncloa se está tensando la
cuerda para tratar de aparecer ante la opinión pública como muñidores de
un acuerdo histórico que ha devuelto a la formación de Pedro Sánchez
al redil, que devuelve a la política española el bipartidismo a tres y
que aleja la opción de un gobierno de izquierdas.
Al PSOE ya le iba bien
un discurso en España que no le diferenciara del PP en esta cuestión y,
de hecho, sus negociadoras, Carmen Calvo y, de una manera más discreta, Meritxell Batell, han dejado pista libre a Mariano Rajoy para
que hiciera lo que quisiera. Es ahora, cuando algunas voces del PSC se
han hecho oír por la desmesura del 155, que se han empezado a poner
nerviosos unos y otros. Y cuando el PSC y con la boca pequeña el PSOE
han dicho que con la convocatoria de elecciones sería suficiente para
desactivar el 155.
Y también han visto las orejas al lobo: el 155 tiene
por objeto arrasar todo lo que encuentre a su paso, primero en Catalunya
y más tarde en Euskadi, Navarra o Galicia. Pero ahora, seguramente, ya
es tarde para que una apuesta pública del PSOE diferente sea creíble.
¿Y Puigdemont? ¿Y el Govern? Aunque se mantiene el lógico mutismo de
los movimientos finales del president y del Ejecutivo catalán cada vez
son menos los que en Junts pel Sí le aconsejan que se mantenga en la actual indefinición y no acabe haciendo una declaración de independencia en el Parlament. Esta posición, obviamente, no es unánime y el conseller d'Empresa, Santi Vila, por ejemplo, no deja de aparecer ahora sí ahora también entre los refractarios a cumplir rigurosamente el mandato del referéndum del 1 de octubre.
Y no es el único.
En cambio, la coordinadora general del PDeCAT, Marta
Pascal, y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, han querido
salir al paso con declaraciones aparentemente contundentes. La primera,
asegurando que "apretamos y apretaremos para hacer efectivo el mandato
del 1 de octubre" y la segunda manifestando que el Govern y JxSí ya
tiene "un mandato democrático: el referéndum del 1-O" y que la única
manera de hacer frente a la represión política y al artículo 155 es
"hacer camino hacia la república, !ya¡".
Y, mientras, el Senado, que dice querer escuchar al president de la
Generalitat, hace todo lo posible para complicarle su participación con
calendarios cada vez más alambicados. Puigdemont, sin embargo, no quiere ir
y nadie se lo discute. Si se celebra, será una sesión de alto voltaje
político. La penúltima vuelta antes de la vuelta final en el Parlament.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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