En el Canadá y en el Reino Unido puedes
hacer un referéndum de autodeterminación sin que todas las fuerzas de la
tierra y del cielo vayan contra ti. Como se te ocurra hacerlo en
España, puedes acabar en la cárcel... de momento.
A
ella te habrá llevado un gobierno presidido por un presunto cobrador de
sobresueldos en negro, repleto de ministros reprobados, directa o
indirectamente relacionados con la corrupción de la Gürtel, apoyado por
un partido con casi mil imputados en procesos penales básicamente por
ladrones, fundado por un ministro falangista del dictador Franco, Manuel
Fraga Iribarne y dirigido por el discípulo tonto de otro ex-ministro
franquista y ultraderechista aristocratizante, Gonzalo Fernández de la
Mora. Un gobierno y un partido corruptos hasta los goznes.
Dicho lo anterior, ¿qué más cabe añadir?
Sí,
algo más: la "oposición" socialista apoya sin fisuras este gobierno
franquista. Además de coincidir básicamente con el ideario
nacionalcatólico de la impresentable derecha cerril, la coincidencia se
hace hermandad de armas cuando se trata de machacar a los catalanes y
sofocar como sea que en Cataluña pueda la gente decidir libremente su
destino, como desea el 75 por ciento de la población, o sea
aproximadamente cuatro millones y medio de ciudadanos.
¿Cómo
se puede decir que se es socialista e impedir que cuatro millones y
medio de personas puedan votar? Sencillamente: aceptando las
tergiversaciones y falacias de esta corrupta derecha franquista en el
gobierno que oscilan desde las majaderías del Sobresueldos sobre la
"mayoría silenciosa" a los increíbles apotegmas de la vicepresidenta
cuando dice que "Puigdemont quiere un referéndum en lugar de escuchar a
los catalanes". Difícil imaginar una estupidez mayor, como si los
referéndums no se hicieran precisamente para escuchar a la gente.
Y
no solo los socialistas se han puesto incondicionalmente a las órdenes
de estos franquistas y sus sofismas sobre la legalidad sino también,
aunque de modo más sinuoso y ambiguo, los de Podemos que quieren un
referéndum pero no quieren un referéndum y lo invocan mientras lo
boicotean, en el estilo de su amiga la oportunista Ada Colau.
Nadie
sabe qué pueda pasar pero ya hay muchas cosas claras. Los franquistas
están en la restauración de la dictadura y acabarán volviendo a
criminalizar las ideas. Con los jueces a su incondicional servicio, los
medios de comunicación todos vomitando insultos al unísono y los
fiscales pidiendo que se cierre internet, vaya papel que está haciendo
la izquierda, al servicio de la derecha.
Qué vergüenza de país.
Ahora que llevo toda la semana, en los
exámenes de la UNED en Bergara, País Vasco, zona de profundo sentimiento
abertzale, se me ha ocurrido hacer algunas comparaciones entre las dos
(tres, contando Navarra) comunidades autónomas con mas tensión
independentista.
A
pesar de la furia asesina de ETA en el pasado, el independentismo vasco
no asusta gran cosa a la oligarquía española (incluida la vasca) porque
las magnitudes no le parecen preocupantes. Con una población en torno
al 7% (entre Euskadi y Navarra) del total español y un PIB de 65.000
millones (PV), quinto puesto en la clasificación del Estado y 18.246
millones (Navarra), puesto 14, de marcharse ambas, las cifras no
producirían mucho descalabro. Además esa eventualidad está ya descontada
pues el cupo vasco y el concierto navarro -que hacen a estos
territorios fiscalmente soberanos de hecho- apenas reportan nada al
conjunto del Estado, pero sí permiten que tengan los niveles de vida más
altos en casi todos los órdenes.
En
cambio, Cataluña es muy otra cosa. Con el 16 % de la población del
Estado y un PIB de 204.660 millones de Euros, es la primera economía del
país. Además, ese PIB, con el que se financia a sí misma y también en
gran medida a otras partes de España, supone aproximadamente 21 por
ciento del estatal. De irse, la economía española perdería mucho. Sin
duda, gran parte del griterío ultrapatriótico español, de los rugidos de
los fachas, los balbuceos de Rajoy y los crispados dislates de Sáez de
Santamaría reflejan el terror a perder ese momio. Sobre todo ahora que
el ministro Montoro, tan parecido a Nosferatu, ya reconoce que el déficit fiscal de Cataluña es de 10.000 millones de euros,
cuando hasta hace poco los gobernantes lo negaban y aún lo niegan,
siendo así que, probablemente, esa cifra también sea falsa y el déficit
se acerque en realidad a los 15.000 millones.
Esos
datos demográficos y económicos condicionan sobremanera la evolución
política de ambas comunidades y explican que, aunque el independentismo
vasco ha sido violento y también articulado en tiempos de Ibarretxe, el
que el Estado teme de verdad es el catalán. Dicho en plata, si se
otorgara a Cataluña el sistema del cupo vasco, probablemente el país no
aguantaría.
Se explica igualmente la peregrina y ambigua relación de
ambos territorios con España. Hasta hace poco, los partidos mayoritarios
(PNV y CiU) llegaban a acuerdos con el gobierno central y completaban
mayorías parlamentarias a cambio de concesiones en materia de
competencias y financiación. Desde comienzos del siglo XXI (más o menos)
la situación ha comenzado a variar y si el nacionalismo vasco todavía
llega a acuerdos con el español (el PNV ha votado a favor de unos
presupuestos infumables del PP), los indepes catalanes, no.
Los caminos
se separan o ahora se hace evidente que siempre estuvieron separados. A
los vascos les va bien en España gracias al cupo/concierto; a los
catalanes, no. Muchos de estos siguen creyendo que tienen un aliado en
el nacionalismo vasco, unos por inercia y costumbre y otros porque saben
que, aunque no sea verdad, no les interesa abrir nuevos frentes. Pero
no es así.
Los
frentes están abiertos. La burguesía vasca no solo no es
independentista, sino que tiene ramalazos muy españolistas. Quizá la
burguesía catalana también lo fuera pero por razones que sería prolijo
examinar aquí, se ha hecho independentista. Y ahora es cuando descubre
que, en el fondo, no había tal alianza. El nacionalismo vasco amenaza
con la independencia pero, 1º) la amenaza es poco creíble; 2ª) no es
enteramente sincera y, en el fondo, no especialmente interesado en
apoyar el independentismo catalán. ¿La razón? Es obvia. Cuando Rajoy
dice que todos los españoles son iguales ante la ley, como siempre,
miente. Fiscalmente hablando, vascos y navarros no son iguales a los
demás, sino que tienen regímenes privilegiados.
Y eso explica muchas cosas.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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