domingo, 17 de septiembre de 2017

El lapsus catalán de Felipe VI / Fernando López Agudín *

Felipe VI como Rey constitucional, reina pero no gobierna, no puede hacer como Juan Carlos I, que despidió como presidente de Gobierno a quien como Carlos Arias Navarro no quería salir de la dictadura, pero si podría mantener alguna distancia con quien como Mariano Rajoy busca volver, volens nolens, a los tiempos preconstitucionales.

Lamentablemente, Pablo iglesias tiene razón al advertir que el último discurso pepero del Jefe del Estado, todo un lapsus político del Borbón, “no augura un futuro fácil para la monarquía”. Parece no percibir el Rey que su trono está asentado sobre un polvorín político con capacidad sobrada de reventar el sistema y hacerlo saltar en pedazos. Defender la ley y el Estado de Derecho, como hizo el monarca, es necesario siempre y cuando dicha defensa vaya bien acompañada de una sugerencia urgente sobre la necesidad de abordar políticamente un problema político como es el conflicto con la sociedad catalana. Mucho más que prestar oído a la presidencia del Gobierno, Felipe VI debiera haber escuchado las sensatas reflexiones de una CEOE a la que no se puede acusar de populista.

Rajoy no hace más que rematar su enorme torpeza política, bien patente cuando hace una década empezó a dinamitar el amplio consenso de la transición basado en el reconocimiento constitucional de las tres nacionalidades que componen el Estado español. Su campaña contra el Estatut, la recogida de millones de firmas contra los productos catalanes, y el recurso contra el texto estatutario de 2006 que reconocía a Cataluña como una autonomía estatal más, está a punto de desembocar hoy, prácticamente, en un estado de sitio contra la Generalitat que podría extenderse a toda España si continúa atacando la libertad de expresión, como ocurre estos días, en Madrid y Gijón. La crisis del gobierno del PP es ya una muy grave crisis de Estado que el aún presidente de Gobierno se niega a encauzar políticamente. Escudado tras un TC, reformado ad hoc en el 2012, espera que los jueces, policías y chiens de garde mediáticos terminen con el soberanismo catalán. El Estado español es hoy, como lo fuera antaño el Imperio Otomano, el enfermo de Europa.

Buena prueba de ello es la suficiencia y el énfasis con el que los pescadores de aguas revueltas de la caverna empujan a Rajoy al estado de la excepción. Su nostalgia del orden franquista, combinado con la necesidad de encontrar una dialéctica identitaria que separe drásticamente la derecha de la socialdemocracia, revive con el reto de la Generalitat. En esa particularidad de la derecha española, su negación de la plurinacionalidad del Estado español, encuentran hoy la mejor palanca para desestabilizar el sistema democrático y retrotraerlo a los momentos preconstitucionales en los que aún no se había redactado el texto constitucional que reconocía a Cataluña, Euskadi y Galicia como nacionalidades históricas. No es casual que desde las áreas de Ciudadanos se hable hoy de borrar el concepto de nacionalidades. Así, calculan, muerto el perro de las naciones del Estado español se acaba la rabia de los derechos nacionales.

La preocupación e inquietud de los partidos de la oposición, que cierran filas con el PP en lo que se refiere a la defensa de la legalidad, crece en la misma medida que Rajoy se inclina por la única alternativa de la represión que le propone la caverna. La incomodidad en el PSOE, por los ataques a la libertad de expresión en Madrid y Asturias, o en el PNV, ante el anticatalanismo cerril de la Moncloa, crece por momentos. No es lo mismo defender el Estado de Derecho que defender un Estado de Derecha. Ante la oleada represiva que se viene encima no cabe pensar siquiera que estos partidos puedan asistir con los brazos cruzados a la nueva persecución de separatistas  y moradosque se prepara desde la Moncloa. A este paso las calles y plazas españolas se van a llenar de manifestantes, gritando en favor de la amnistía de los que ya figuran en las listas negras de Soraya. Nada más lógico, a tiempos preconstitucionales, reivindicaciones preconstitucionales.

En este clima tenso y encanallado se perfila hoy la sombra del pacto de San Sebastián, firmado en 1930 por los partidos democráticos contra el gobierno Berenguer, sobre el palacio de la Moncloa. Si Rajoy continúa encerrado en el búnker, sin más compañía que la de Rivera, no tardará en abrirse un espacio de diálogo que, con o sin moción de censura previa, lo desaloje de la Moncloa. No cabe pensar que Rajoy siga de presidente de Gobierno a costa de los intereses del Estado. No es ya una cuestión política sino social.

Las palabras de Juan Rosell, presidente de la CEOE, reflejan la muy honda desazón de los empresarios ante una crisis eminentemente política que los políticos del PP se empeñan en no resolver. Igual sucede con los inversores europeos e internacionales, bastante bien reflejadas en los diarios Le Monde o Financial Times o en las sugerencias políticas de las agencias de calificaciones, en orden a la necesidad de un diálogo político de la Moncloa con la Generalitat. Por no hablar del presidente de la Comisión Europa, Jean Claude Juncker, que acaba de declarar que la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña surgida de un referéndum legal.

No cabe descartar que Rajoy trate de empeorar aún más la situación convocando elecciones generales anticipadas para continuar con su enfrentamiento con la Generalitat. Así, envuelto en la demagogia rojigualda, alentado por la caverna madrileña, trataría de arrastrar a los españoles hacia una guerra de banderas harto peligrosa para el sistema democrático, las instituciones estatales y la propia Corona. Porque mientras la oposición se lo hace mirar, se equivoca de enemigo, duda sobre la mejor fecha de la moción de censura aplazada o de la urgente comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados y se la coge con papel de fumar, la involución avanza con botas de siete leguas. Es bastante difícil la supervivencia de la democracia española si las libertades son suspendidas en una parte del territorio. Bien sabe lo que hacen los herederos de los que sostenían que “el más noble destino de las urnas, es romperlas”. Los hijos de quienes, efectivamente, las rompieron entonces,  se afanan hoy por romperlas también.


(*) Periodista


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