La secesión, cuando un Estado se desgaja de otro, ha venido justificada desde la teoría política por tres grandes argumentos.
El
primero es la teoría adscriptiva, que defiende que el sujeto legitimado
para secesionarse es la nación —comunidad territorialmente concentrada
con trazos culturales comunes—. Una idea muy popular en el nacimiento de
Estados-nación durante el XIX. Sin embargo, dado que las naciones son
artefactos construidos, no resultan fáciles de objetivar (más aún cuando
las identidades son compartidas). Además, si basta con ser nación para
tener derecho a un Estado, esto podría justificar decisiones
unilaterales o la violación de los derechos de las minorías.
La segunda teoría se conoce como la de causa justa. Según esta idea
la secesión solo es legítima de manera excepcional; cuando se violan
derechos humanos de un grupo o hay la vulneración de un acuerdo entre
partes (normalmente de autogobierno). Esta idea encaja, por ejemplo, con
las repúblicas de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, esta teoría no
resuelve quién es el árbitro que determina dicha opresión fuera de casos
extremos de genocidio. Además, es un argumento contra-mayoritario. No
importa que una mayoría quiera la independencia, no sería posible en
ausencia de avasallamiento.
Por último, la tercera teoría se centra en el procedimiento, y
establece que una secesión es legítima si se produce mediante cauces
mayoritarios, con algún tipo de referéndum pactado. Los casos de Escocia
y Quebec serían tipos ideales. Pero de nuevo, también hay críticas. No
siempre se sabe qué sujeto (demos) es la base de dicha mayoría (¿Una
región? ¿Un municipio?) y, según esta teoría, se podrían desencadenar
secesiones ad infinitum. Además, las preferencias ni son
inmutables ni son independientes de las opciones que se pregunte.
Finalmente, no se debe olvidar que estas mayorías cambiantes generan
decisiones casi irreversibles.
El independentismo catalán
ha sabido manejar las tres ideas simultáneamente; Cataluña es una
nación oprimida con una mayoría que desea ser preguntada. El principio
de legalidad, sin restarle importancia, interpela poco a estos
argumentos. Sin embargo, una afirmación tan grave necesita evidencia
sólida para ser creíble en una democracia liberal, un marco flexible que
permite acomodar derechos colectivos.
De ahí la naturaleza de este pulso. La senda unilateral requiere
amplísimos apoyos dentro y fuera de Cataluña de los que el
independentismo, a día de hoy, carece. Por lo tanto, lo fía todo a
provocar una reacción desmedida del Estado que refuerce el argumento de
la opresión. La vía plebiscitaria es esencialmente un instrumento frente
a un Gobierno cuya falta de iniciativa política ha permitido la
encerrona. Lo que está por ver es si, tras la inevitable colisión, se
mueve algo en la correlación de fuerzas. Porque el día después la
discusión de fondo seguirá esperando.
(*) Doctor en Ciencias Políticas
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