Amenazas, amenazas, amenazas. El
gobierno amenaza a la Generalitat con inhabilitaciones y otras penas
(con confiscaciones patrimoniales incluso). El Fiscal general (o sea, el
gobierno), amenaza con detener a los alcaldes indepes que no
comparezcan a declarar. La policía (de nuevo el gobierno) amenaza a los
ciudadanos con multarlos, por lo menos, si hacen campaña por el
referéndum. Los medios de comunicación (otra vez el gobierno; todo en
España es el gobierno) amenazan a los independentistas con campañas de
difamación.
Correos (el gobierno) con no tramitar los envíos indepes. La
compañía de electricidad (más gobierno) con cortarles el suministro.
Los jueces (gobierno, claro) amenazan a los justiciables catalanes si no
desobedecen a sus autoridades legítimas. Lo que faltaba por ver era a
jueces exigiendo no la obediencia, sino la desobediencia. Es extraño que
los curas no amenacen también con la excomunión, quizá porque los curas
catalanes simpaticen con la causa indepe.
Cataluña
vive en el sobresalto de una amenaza permanente. Desde el president
hasta el último pagès se juegan todo tipo de procesos y represalias. Y
no de forma esporádica, sino de forma permanente y continua. Están
prohibidos los actos públicos, las reuniones, las asambleas y cualquier
tipo de actividad colectiva que sirva para cometer el nuevo delito que
el PP se ha inventado de apología del referéndum. Están prohibidas las manifestaciones orales o escritas de apoyo al referéndum ilegal, que
es ilegal porque así lo quieren quienes lo formularon.
Es decir, está
prohibida la libertad de expresión y hasta la invocación de esta. El PP
ha recuperado los delitos de opinión como en los mejores tiempos del Caudillo. Cualquier acto, por inocuo que parezca, estará prohibido si se
orienta a promover el referéndum. Prohibido bajo todo tipo de amenazas.
Como la derecha ya no puede echar mano de los militares, lo hace con
los jueces y, una vez que estos parecen resistirse porque se han
rebelado, con la Fiscalía.
El
problema con las amenazas es que, si no se cumplen, pierden su
eficacia. Y tal es la situación en que se encuentra un gobierno que
recurre a ellas, pero no puede materializarlas porque el alcance del
movimiento independentista y la vigilancia exterior no lo permiten.
Puigdemont, al alimón con Junqueras, ha inaugurado la prohibida campaña
por el referéndum ante más de ocho mil personas en un espacio público,
sin que la policía haya dado cumplimiento a las amenazas de sus cargos
políticos. Esa ha sido la señal de salida. De aquí al 1/10 se sucederán
más actos públicos de todo tipo, todos ellos consistentemente declarados
ilegales, pero que ninguna ley en vigor, ni la Constitución pueden ya
evitar.
Interesante
es observar que la autoridad y legitimidad de este gobierno de Rajoy y
este partido socialista en la oposición son inexistentes. Un partido,
supuesta asociación de malhechores, con más de 700 diputados imputados
no está en la mejor posición moral para enfrentarse con éxito a la Satiagraha gandiana en
contra la dominación española. Cada día que pasa, un nuevo escándalo de
corrupción hunde aun más su ya inexistente crédito.
Ayer se anunció que
aquel devoto pájaro que pretendía salvar a las mujeres de la
"esclavitud" del aborto prohibiéndolo en nombre de la dignidad femenina,
Ruiz Gallardón es imputado por haberse llevado presuntamente los
millones a puñados en el caso Lezo. A dios rogando y con el mazo
robando.
El otro partido dinástico lleva una temporada en el dique seco
de la oposición pero, en donde ha podido, como en Andalucía, también ha
metido la mano. Y estos dos partidos en tan reñida competencia, tienen
que aliarse para conseguir un objetivo (eliminar el "problema catalán")
que ni entienden, ni están en posición de acometer.
Por último, lo que
está viéndose claramente desde la recrudescencia del independentismo
catalán es que la izquierda española específicamente considerada en su
multicolor variedad de pretensiones (socialistas, podemistas,
confluyentes, comunes, anticapis, izquierdaunidas, etc), es incapaz de
encontrar una voz propia respecto a aquel y se limita a secundar
vergonzosamente las medidas represivas del gobierno.
Se hundirá con él.
El
dos de octubre toda esta gente se encontrará en el sumidero de la
historia entre un país que emerge en la desobediencia y otro que se
hunde en la obediencia a un poder tiránico y vociferante que, al final,
resultó ser un tigre de papel.
P.D.- Es de esperar que la autoridad no haya prohibido el acto en el que intervengo (en Vilassar de Mar) para hablar hoy de
la República catalana que, al fin y el cabo, no tiene nada que ver con
el referéndum prohibido en que se preguntará a la gente si quiere una
República catalana también prohibida. Pero nunca se sabe.
El gobierno ha
decidido que el mejor modo de hacer frente a ese inmundo propósito de
la Generalitat de saber qué quieren los catalanes es prohibir el
referéndum y todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con
él, el re, el fe, el ren y el dum. Todo.
La autoridad incompetente ha
sucumbido a una neurosis de prohibición que podría empezar por aplicarse
a sí misma: prohibición de cobrar sobresueldos, prohibición de pillar
mordidas, de malversar, estafar a la ciudadanía, de financiar el PP
ilegalmente, de robar hasta las cucharillas en los banquetes, de
destrozar (y robar) la sanidad pública, de destruir (y robar) la
enseñanza pública, de esquilmar el erario, de enchufar a los amigos, de
fundirse el fondo de pensiones, de estafar a los impositores de las
cajas, de llevarse la pasta gansa de las contrataciones a Suiza de dejar
sin subvenciones a los dependientes y un sin fin de otras prácticas de
latrocinio.
Pero, no, prefieren aplicársela a los demás, en especial a
quienes andan en la diabólica empresa de votar y averiguar así qué
quiere la gente. Como si eso fuera lo óptimo y no lo que pide la
vicepresidenta de averiguar cuál es el deseo de los catalanes por
ciencia infusa.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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