Escucha, Europa, esto es
hoy el Reino de España. Un fiscal general, reprobado en el parlamento
por sus prácticas, a las órdenes del Gobierno persigue con multas,
cárcel y guardias a políticos elegidos democráticamente. Una amenaza que
la Vicepresidenta del Gobierno extiende a ciudadanos particulares.
En
España hoy se envía una policía militarizada a registrar un parlamento y
un gobierno, pero no por corrupción, sino por sus decisiones políticas.
En esta España hoy se utiliza a la policía e incluso al Ejército para
amedrentar a la ciudadanía, se persiguen urnas e imprentas. En España
hoy se persiguen ideas políticas democráticas, ésa es la realidad.
En esta España hoy organismos internacionales y de la propia Unión
Europea señalan el partidismo de la Justicia y la pésima calidad de los
medios de comunicación. La Justicia, que fue patrimonializada por el
partido que gobierna quitándole la cobertura a la ciudadanía, es la
garantía que frena los excesos del poder político. Esa garantía no
existe hoy en España.
Y los medios de comunicación son el instrumento
que tiene una población libre para informarse y poder formar una opinión
propia, sin libertad de expresión y de prensa efectiva, no hay libertad
y no hay democracia. Los medios de comunicación españoles en manos del
poder financiero, muy concretamente aunque no exclusivamente los
radicados en la capital del estado, son hoy una fuente de degradación
cívica.
En el Reino de España el poder económico y político de
la corte, con una responsabilidad histórica, ha pervertido la vida
política y social utilizando las instituciones y las leyes para vaciar
el país de democracia.
Y Europa sí tiene una
responsabilidad también, no es cierto que la situación que se vive aquí
sea exclusivamente un problema interno, como no lo es lo que ocurra
dentro de cualquier otro estado de la Unión. La Unión y sus
instituciones han demostrado hace pocos años cómo se intervinieron
estados, cómo le ha ocurrido a éste aunque este gobierno nunca le haya
puesto esa palabra, e incluso se han apartado presidentes de gobierno,
como en Italia, para poner a un administrador elegido por el Banco
Central Europeo. La Unión, que decide en la práctica nuestra política
económica y las condiciones de vida de cada persona, ha permitido que el
gobierno del Partido Popular ocupase el estado y condujese la vida
pública a una situación de enfrentamiento incívico y de persecución
política.
El día 11 llenarán nuevamente las calles de
Barcelona una multitud como no hay otra en toda Europa, cientos de
miles de ciudadanos reclamando lo más elemental, votar en libertad.
Quien sintonice los medios de comunicación catalanes y vea las imágenes
sin distorsionar de esa multitud no podrá engañarse, no son una clase
social privilegiada que defiende privilegios sino una ciudadanía que
exige respeto.
Se ha llegado a un punto de no retorno, de un lado está
el Gobierno con todos los mecanismos legales e ilegales del estado y el
poder de los principales medios de comunicación transformados en arma
partidista y del otro esa multitud y los representantes políticos que ha
elegido. De un lado el poder represivo del estado y del otro esos
millones de personas que ya han demostrado antes que quieren y que van a
votar y que tienen una única arma, un pedazo de papel.
La Unión Europea ha sido irresponsable hasta ahora permitiendo que ese
enfrentamiento incivil llegase hasta aquí, permitiendo que en vez de
practicar la democracia, el debate, el diálogo y la negociación, se haya
utilizado el poder de un gobierno para imponer sus intereses y su
ideología a la fuerza. Desgraciadamente la sociedad española carece de
la energía necesaria para deponer un gobierno así y se le han ido
robando los instrumentos con leyes como la Ley Mordaza y con la
perversión de los medios de comunicación para poder resolver de forma
democrática un conflicto así.
No sólo Catalunya
espera a Europa, muchas otras personas que vivimos bajo este estado
esperamos una voz con autoridad moral que le haga ver a este gobierno
que o bien debe dimitir o bien debe parar inmediatamente todas y cada
una de las medidas represivas contra los gobernantes y la población
catalana, pues la suma de ellas configuran un verdadero estado de
excepción. Y luego ya se verá.
(*) Columnista y escritor gallego
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