El País se esmera en la prudencia monárquica. El Rey asistirá este sábado a la manifestación de Barcelona,
así, como el que no quiere la cosa, ocultando el episodio de la
negativa de la CUP a asistir a una manifestación encabezada por el
monarca. Al final, el Rey irá en el séquito, mezclado con la plebe.A la
cabeza, los héroes brechtianos del momento, los que se enfrentaron
directamente a unos hechos que no esperaban y salieron airosos.
Maliciándose
lo peor, el gobierno no ha querido dejar solo al Monarca y ha decidido
acompañarlo en bloque en tan difícil momento. Es un gobierno servicial,
aunque bien tratado pues ha fletado un avión para el desplazamiento,
nada menos que un Airbus 360, un bicharraco. Como sobra espacio, se ha
invitado a volar a los presidentes de las CCAA y a todo tipo de
dirigentes políticos, incluida la oposición y cargos variados. No va el
presidente del gobierno, pero sí la vicepresidenta.
En ese vuelo viaja
casi al pleno el gobierno del Estado y con el único fin de arropar
Felipe VI que, al no encabezar la manifestación, necesitará una guardia
pretoriana que realce su augusta persona, esforzados paladines de la
causa borbónica, desde los obsequiosos cortesanos estilo Pío García
Escudero a los cortesanos algo más protestones, estilo Pablo Iglesias.
Así que allá va de telonera la clase política, toda ella lealmente
monárquica, a una tierra de fuerte sesgo republicano.
En
el fondo de la confrontación Monarquía-República está la territorial
España contra Cataluña. En su afán por proteger al Rey el gobierno y la
clase política en conjunto no se dan cuenta de que están escenificando
la enfrentada dualidad española con una nueva forma de imposición
española está vez por aire. Un avión monárquico cargado de
muchoespañoles que aterriza en un territorio a punto de realizar un
referéndum para declararse República.
La Operación Cataluña que forzó
comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlament tenía
ramificaciones y raíces. Se han descubierto con el desastre de la
gestión del atentado de la Rambla a cargo del gobierno central y la
contundente acción de los mossos catalanes.
A
estas alturas, lo de menos son las minucias y los detalles secundarios,
a los que suele darse una importancia desmesurada para tapar debates de
mayor trascendencia. Se entiende la preocupación de El País por cargar contra los mossos,
desmerecer algo su trabajo y ocultar la ridícula incompetencia del
ministerio del Interior y el gobierno. Ha sido todo demasiado llamativo.
Sin embargo, es indiferente llegar a una conclusión respecto a estos
asuntos específicos, sobre si la comunicación llegó o no llegó, si unos
fueron y otros no, y quién hizo qué y cuándo. Probablemente nunca
quedarán las cosas claras del todo. Ni falta que hace.
La
evidente descoordinación (incluso enfrentamiento) entre las fuerzas de
seguridad es el verdadero problema de fondo. Y mucho más lo es que se
demuestre haber sido política deliberada del gobierno torpedear la acción de los mossos así como negar a estos información y recursos que les eran vitales. Que esto es política deliberada se ve en las mentiras de la vicepresidenta
quien justifica la falta de acceso de los mossos a la información de
europol en una decisión de este órgano. Tiempo ha faltado al tal para
desmentirla, asegurando que la cuestión de los mossos es un asunto
interno de España como se ve por el hecho de que la Ertzaintza sí tiene
acceso a Europol. Y la Ertzainza tiene ese acceso porque el PNV apoyó
los presupuestos del gobierno.
Los
mossos, en cambio, no porque la Generalitat está en una actitud
díscola. Así que la Ratita Hacendosa los castiga a no entrar en el club
de los informados. Dos facetas denota esta actitud. Una, de
patrimonialismo casi infantil por cuanto la vicepresidenta gestiona con
caprichos de favoritismo político. Otra una irresponsabilidad sin límite
puesto que esos caprichos afectan de forma directa a la seguridad de la
ciudadanía.
Es el Estado, es el gobierno, quien actúa en contra de los mossos,
boicotea su actuación, la cuestiona, la debilita. Y esto no es
reciente. Viene del comienzo del mandato de Fernández Díaz. Un hombre
que, además de condecorar vírgenes, puede ver con regocijo que alguien
destroce la sanidad catalana seguramente hará lo inimaginable por
destrozar también la seguridad colectiva. De hecho, para eso parece
haber montado una especie de "policía política" no al servicio del
Estado, sino del gobierno del PP, o sea, del PP. Una policía de partido,
igual que hay jueces de partido que actúan como tales a cara
descubierta.
El
proceso independentista catalán está poniendo de manifiesto la
incompetencia del Estado español en los aspectos político, judicial y
policial. Añádase la corrupción estructural y calíbrese la autoridad y
legitimidad de este Estado y este gobiernoa la hora de enfrentarse al
independentismo catalán.
Guste o no en la Corte, el episodio
terrorista de la Rambla-Alcanar-Cambrils, se ha resuelto gracias a la
pericia de los Mossos. Lo que no quiere decir que haya terminado en el
aspecto policial ni mucho menos, a pesar de las urgencias del pintoresco
ministro del Interior por apropiarse del caso y cerrarlo, todo en uno.
En
cuanto al debate público, no solo no ha terminado sino que está
empezando en ese ámbito cruzado de declaraciones institucionales, relato
de los medios convencionales y trituración en las redes sociales. Que
son las que mandan. La respuesta del mayor de los Mossos a un periodista
que se quejaba de que hablara en catalán, Bueno, pues molt bé, pues adiós
se hizo viral y se convirtió en TT, lo cual es una señal de los
derroteros por los que va el debate. Cuestiones identitarias, sobre
todo, de nacionalismo y patriotismo, pero también de aportación de
información que ayuda a hacerse juicio propio sin brumas de propagandas.
Las
instituciones, a la greña. Acusaciones cruzadas de juego sucio,
ocultación de información, boicoteo, etc. La descoordinación de los
cuerpos de seguridad es evidente y eso es sobre todo culpa de la
administración central que es la responsable de esa coordinación. Habrá
agravios por ambas partes pero, a la larga, la más perjudicada es la
catalana por su situación de dependencia.
El
hecho de que, a pesar del handicap del gobierno central y sus
ministros, la Generalitat haya resuelto la emergencia con tanta
eficiencia tiene una dimensión política imposible de ignorar: Cataluña
es autosuficiente; el Estado estorba. Por supuesto, una simplificación,
pero una simplificación de una realidad que ahora se consagrará de modo
simbólico admitiendo que la manifestación del sábado no la presidan las
autoridades del Estado. De producirse esa foto de una manifestación
encabezada por taxistas, mossos, sanitarios en la que los grandes
dignatarios del Estado forman parte del séquito, será lo más destructivo
para la Corona, a falta de un referéndum sobre la Monarquía.
Si
este mes de agosto está siendo decisivo para el futuro inmediato del
sistema político español, excuso decir el próximo de septiembre.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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