El gobierno solo gobierna para (contra)
el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero
eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino
de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos
catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero
cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la
hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus
familias.
De
hecho, esta medida de política pública, como la llaman los
especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de
informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención,
una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido
financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata
de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico
democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que
se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto
leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas,
graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se
dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que,
probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.
Pero
políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en
pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir,
les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha
fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación
generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida
cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la
asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas
incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos.
El País
vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo
sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta
gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum
que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la
fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan
seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para
entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de
España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos,
sean de la nación que sean..
El
PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque,
como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía
entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y
coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas
adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede
ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos) que
el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría
absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de
nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos
catalanes tozudamente alzados voten correctamente?
Porque
supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente
impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
No hay comentarios:
Publicar un comentario