MADRID.- El Tribunal de Cuentas
se enfrenta a una denuncia por prevaricación y malversación de fondos
públicos interpuesta por un funcionario de este organismo ante la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo contra los tres principales
responsables del Tribunal de Cuentas, el presidente y los jefes de las
secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento, según El Pais.
La denuncia, presentada por
el jurista y funcionario del tribunal Fernando Clemente, tiene relación
con el supuesto enchufe de un hermano del vicepresidente del
tribunal para cubrir en comisión de servicio una plaza de subdirector,
nivel 30.
Y también con los 38.000 euros en costa a los que ha
condenado en total el Tribunal Supremo a su homónimo por “desviación de
poder” en este asunto; es decir, por las irregularidades que, según ha
dictaminado el Supremo, rodearon la designación como subdirector de
Enrique Medina, hermano de Javier Medina, vicepresidente del Tribunal de
Cuentas y uno de los jefes denunciados.
La Sala de lo Contencioso del Supremo ordenó al Tribunal de Cuentas
que volviera a convocar el concurso para la adjudicación de la citada
plaza de subdirector. Desde 2014, el alto tribunal ha tenido que dictar
siete resoluciones para que el Tribunal de Cuentas convocase de nuevo el
concurso. Y de esas resoluciones surgen los 38.000 euros en costas que
tiene que pagar ahora el órgano fiscalizador de las cuentas de las
Administraciones públicas.
El País destapó en junio de 2014 que un centenar de personas de la
plantilla del tribunal, algo más de 650 personas, tenían lazos de
parentesco con consejeros, altos cargos del tribunal y responsables
del principal sindicato en el tribunal, UGT. En concreto, Javier Medina,
vicepresidente de facto de este órgano, tiene dentro del tribunal a una
hermana, a su esposa y a una pariente de esta. Y hasta el verano de
2015, cuando dejó el tribunal para irse a trabajar a la empresa pública
Mercasa, también tenía a su hermano Enrique, quien fue gerente del
Tribunal de Cuentas hasta septiembre de 2012. En esa fecha accedió al
cargo el actual presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda.
Al dejar la gerencia, la comisión de gobierno, integrada por los
denunciados Javier Medina, el presidente Álvarez de Miranda, y el
presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García, la citada
comisión nombró a Enrique Medina como subdirector del tribunal adscrito a
Presidencia. Javier Medina, el vicepresidente, se abstuvo formalmente
de intervenir en la asignación de su hermano a la citada plaza. Pero
figura entre los tres denunciados debido a que supuestamente pudo
influir sobre sus dos colegas de la comisión para que estos asignasen la
plaza a su hermano, según la denuncia.
Señala el denunciante, Fernando Clemente: "Para recolocar a
don Enrique Medina en el Tribunal de Cuentas, se realizaron una serie de
actuaciones ilegales (así declaradas por varias sentencias de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo), comenzando por
el cese de una auditora del Tribunal para colocar en ese puesto a don
Enrique Medina, hermano del consejero miembro de la Comisión de Gobierno
don Javier Medina".
La denuncia revela que la "urgente e inaplazable necesidad"
que esgrimió la comisión de gobierno antes de colocar en esa plaza a
Enrique Medina "eran inexistentes". Recuerda también la denuncia, por
ejemplo, las irregularidades habidas en la formulación de las bases del
proceso. Inicialmente se pedía a los aspirantes el conocimiento de los
idiomas de inglés y francés, pero al ver que el hermano del
vicepresidente carecía de ese requisito las citadas bases fueron
modificadas y este se suprimió, siempre según la denuncia, presentada
por el despacho jurídico Garzón Abogados. Dieciséis personas, tres de
ellas de dentro del tribunal, aspiraban a esa plaza. Tras las siete
resoluciones del Supremo, que han derivado en los 38.000 euros en
costas, el tribunal finalmente ha vuelto a sacar a concurso esa plaza.
El denunciante pide al Supremo que cite como investigados a
los tres miembros de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas,
los que otorgaron la plaza al hermano de uno de ellos. Fuentes del
Tribunal señalan que las decisiones de la comisión de gobierno siempre
debe avalarlas, como así sucedió en este caso, el pleno del Tribunal de
Cuentas, formado por los doce consejeros, y que la decisión de la
comisión de gobierno se ajustó a derecho.
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