De pronto las instituciones se han puesto las pilas con Cataluña.
Como hasta ahora los sucesivos gobiernos de España hicieron dejación de
sus responsabilidades, lo que debiera ser normal parece una ofensiva, y
los independentistas ya hablan de Estado de excepción, y lo que nos
queda. Lo último, que el Consejo de Estado considera que hay fundamentos
para recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del Reglamento
del Parlamento catalán que posibilita amparar el referéndum del 1-O y
la independencia por el procedimiento de lectura única, con un único
debate en pleno, y sin que la oposición pueda presentar enmiendas. O
sea, por la vía rápida. El informe definitivo del Consejo de Estado le
será remitido hoy mismo a Presidencia del Gobierno.
Además, la Guardia Civil investiga por un posible delito de sedición a
Joaquín Nin, secretario general de Presidencia, Jaume Clotet, director
de Comunicación del Gobierno y Joan Ignasi Elena, que fue portavoz y
coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum. La investigación está
dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que
inició el procedimiento a raíz de conocerse el rosario de conferencias
de Santi Vidal, ex senador de ERC, en las que afirmaba, entre otras
cosas, que la Generalitat tenía una partida oculta de 400 millones para
organizar el referéndum.
Lo que está sucediendo ahora evidencia que hasta que no le han visto
las orejas al lobo no han reaccionado, y ahora van a toda prisa. Lo
normal es que desde las instituciones se persiga a quienes violan la
legislación vigente. Lo que estaba sucediendo no era lógico, llevamos
años asistiendo a un rosario de ilegalidades ante la pasividad de los
gobiernos de Madrid. Ahora los independentistas no se van a arredrar, y
van a seguir su camino, pero tentándose la ropa. La evidencia son las
bajas que ya se han producido, voluntarias o inducidas, y las que nos
quedan por ver. Carecen de espíritu democrático, tienen un proyecto
político totalitario, pero llevan gobernando años y han dispuesto ya de
muchos millones de euros para financiar su disparate.
En el Parlamento español, la oposición a Rajoy es timorata, y trata
de evitar que se les pueda acusar de pactar con el PP. Ciudadanos está
en una posición clara en Cataluña desde su nacimiento, pero al PSOE le
cuesta expresarse en términos inequívocos, lo cual es de entender si
analizamos el guirigay en que se ha convertido. No se ponen de acuerdo
ellos mismos en el modelo de Estado, como para pedirles que se pongan de
acuerdo con el Gobierno en beneficio de todos los españoles.
Puigdemont y su tropa hablan de estado de excepción. Y no. Claro que
no. Lo excepcional es lo que ha ocurrido hasta la fecha, que ellos han
podido gobernar a su libre albedrío, pasándose por el forro el Estatuto y
la Constitución, y claro, como estaban acostumbrados, porque son muchos
trienios, la normalidad les parece excepcional.
(*) Periodista
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