Un alcalde, un arquitecto y un
constructor se confabularon para que el Ayuntamiento obtuviera una
subvención de la Comunidad autónoma que debiera ir destinada a un teatro
auditorio de nueva planta, para lo que se ingenió un proyecto que nada
tuvo que ver con el que finalmente se ejecutó en un espacio distinto,
con un diseño y dimensiones distintas, cuya construcción quedó
inconclusa porque no alcanzó el presupuesto, y en las zonas
aprovechables se improvisaron otros usos de tipo cultural, pero en modo
alguno el previsto.
A groso modo, esta es la deducción de algunos de los apuntes de la resolución del instructor del caso Auditorio que permite endosar al alcalde en cuestión, Pedro Antonio Sánchez, el delito de ´fraude en las subvenciones´, uno de los tres en que el auto resuelve la gestión del alcalde, y en el que me voy a detener en este artículo.
A groso modo, esta es la deducción de algunos de los apuntes de la resolución del instructor del caso Auditorio que permite endosar al alcalde en cuestión, Pedro Antonio Sánchez, el delito de ´fraude en las subvenciones´, uno de los tres en que el auto resuelve la gestión del alcalde, y en el que me voy a detener en este artículo.
Hay
algo que llama, de entrada, la atención. Se cometió un fraude que,
según deducimos de las conclusiones judiciales, fue continuado y para el
que se realizaron múltiples cambios en el proyecto, además de emplearse
en él, ya se ve que temerariamente, una evidente ingeniería
administrativa, hasta el punto de que el juez resuelve que el alcalde
«hizo lo que le dio la gana». Pues bien ¿cómo ocurrió todo esto durante
años ante los ojos de quienes otorgaron la subvención sin que
percibieran el más mínimo indicio que se estaban modificando de manera
insostenible las condiciones de la misma?
La pregunta debiera
llevarnos a la alarma, pues pudiera ser que en esta Región se hayan
construido polideportivos con subvenciones para bibliotecas o piscinas
cubiertas con subvenciones para restauración del patrimonio. Todo
pudiera ser si la solvencia en el seguimiento del destino de las
subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma es del rigor que se
percibe, según el relato judicial, en el caso Auditorio de Puerto
Lumbreras.
Por eso reclama todavía más la atención que no haya
imputaciones en el otro lado, es decir, en la institución que entregó el
dinero (seis millones de euros) y dejó hacer todo lo que el juez
asegura que el alcalde hizo. Es más, se supone que el alcalde no podría
haber hecho algo de lo que se le imputa si hubiese existido el normal
control del destino de la subvención por parte de los responsables de
custodiar su correcto uso. Todo el mundo sabe que hasta la más modesta
subvención concedida a una simple asociación ha de ser justificada, según
un protocolo administrativo muy estricto para evitar desviaciones,
aunque éstas fueran voluntariosas o con fines amables.
Hay que
suponer, por tanto, en buena lógica, que la Comunidad Autónoma no puso
demasiado interés en el control de la subvención para el Auditorio, y
aceptó como buenos los pretextos administrativos que se iban sumando al
expediente para cambiar la ubicación y el uso, sin advertir que el coste
establecido era finalista y cerrado. Es legítimo sospechar que la
influencia política de Sánchez, entonces ya destinado a ser futurible,
pudo condicionar la cesión de ´facilidades´, de modo que tenemos dos
opciones: una, la de complicidad; otra, la de ineptitud y desidia al
permitir que una subvención tan elevada acabe siendo derrochada en las
circunstancias que se conocen.
Curiosamente, la Justicia no ha indagado demasiado en esa acera, pero es obvio que existen responsabilidades políticas. Y tocan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, padrino político de Sánchez para su conversión en heredero, y al que fuera consejero de Cultura en esa fase, Pedro Alberto Cruz. Da la casualidad que quien por entonces estaba a cargo de la dirección regional de Cultura, un tal Lorca, ha sido ahora repescado, aunque se desconoce en consideración a qué clase de mérito, para volver a hacerse cargo de ese departamento. También Valcárcel es, tras la apertura para Sánchez del seguro camino hacia el banquillo, responsable político de la crisis consecuente para el PP, dado que impulsó al exalcalde de Puerto Lumbreras a la candidatura a la presidencia de la Comunidad a sabiendas de que llevaba la mochila del caso Auditorio.
Curiosamente, la Justicia no ha indagado demasiado en esa acera, pero es obvio que existen responsabilidades políticas. Y tocan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, padrino político de Sánchez para su conversión en heredero, y al que fuera consejero de Cultura en esa fase, Pedro Alberto Cruz. Da la casualidad que quien por entonces estaba a cargo de la dirección regional de Cultura, un tal Lorca, ha sido ahora repescado, aunque se desconoce en consideración a qué clase de mérito, para volver a hacerse cargo de ese departamento. También Valcárcel es, tras la apertura para Sánchez del seguro camino hacia el banquillo, responsable político de la crisis consecuente para el PP, dado que impulsó al exalcalde de Puerto Lumbreras a la candidatura a la presidencia de la Comunidad a sabiendas de que llevaba la mochila del caso Auditorio.
Hay algo más a
este respecto. El juez instructor ha señalado a Sánchez como posible
autor del delito de ´fraude de subvenciones´. ¿Y a quién defraudó, en
tal caso, el acusado? Respuesta: a la Comunidad Autónoma. Pues bien, en
buena lógica, tocaría a ésta, como institución, añadirse como
denunciante contra Sánchez. Si los Servicios Jurídicos gozaran de la
necesaria independencia es lo que les correspondería hacer. No cabe
esperar que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en
defensa de los intereses de la institución que preside y que
presuntamente han sido defraudados, tomara la decisión de unirse a las
acusaciones contra quien ha sido su mentor, pero técnicamente también es
lo que correspondería.
Y es que estamos asistiendo a una paradoja: son otros, los partidos de la oposición, quienes están defendiendo el interés general, ya se ve que con indudable éxito de sus argumentaciones en sede judicial, mientras que quienes han de custodiar el buen uso de los fondos públicos no sólo no indagan en su justificación, sino que aportan cada día su acto de fe en que no ha existido fraude alguno. Han llegado, además, a incurrir en la falacia de que no hay responsabilidad política si el dinero de la subvención no ha ido al bolsillo de quien la pidió, como si el mal empleo de la misma, descrito en la resolución judicial, fuera un eximente y hasta hubiera que agradecerlo. Todavía persisten en denominar ´posibles errores administrativos´ a lo que en traducción judicial se describe como delitos continuados.
Y es que estamos asistiendo a una paradoja: son otros, los partidos de la oposición, quienes están defendiendo el interés general, ya se ve que con indudable éxito de sus argumentaciones en sede judicial, mientras que quienes han de custodiar el buen uso de los fondos públicos no sólo no indagan en su justificación, sino que aportan cada día su acto de fe en que no ha existido fraude alguno. Han llegado, además, a incurrir en la falacia de que no hay responsabilidad política si el dinero de la subvención no ha ido al bolsillo de quien la pidió, como si el mal empleo de la misma, descrito en la resolución judicial, fuera un eximente y hasta hubiera que agradecerlo. Todavía persisten en denominar ´posibles errores administrativos´ a lo que en traducción judicial se describe como delitos continuados.
Debiera
ser, ya digo, la Comunidad Autónoma, que en su día hizo la vista gorda
sin que esto haya tenido consecuencias judiciales para sus responsables
de entonces, la que se personara ahora con más propiedad en la petición
de responsabilidades. Pero esto, que es tan elemental, no lo verán
nuestros ojos.
(*) Columnista
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