domingo, 9 de julio de 2017

El Gobierno se dejó engañar / Ángel Montiel *

Un alcalde, un arquitecto y un constructor se confabularon para que el Ayuntamiento obtuviera una subvención de la Comunidad autónoma que debiera ir destinada a un teatro auditorio de nueva planta, para lo que se ingenió un proyecto que nada tuvo que ver con el que finalmente se ejecutó en un espacio distinto, con un diseño y dimensiones distintas, cuya construcción quedó inconclusa porque no alcanzó el presupuesto, y en las zonas aprovechables se improvisaron otros usos de tipo cultural, pero en modo alguno el previsto. 

A groso modo, esta es la deducción de algunos de los apuntes de la resolución del instructor del caso Auditorio que permite endosar al alcalde en cuestión, Pedro Antonio Sánchez, el delito de ´fraude en las subvenciones´, uno de los tres en que el auto resuelve la gestión del alcalde, y en el que me voy a detener en este artículo.
Hay algo que llama, de entrada, la atención. Se cometió un fraude que, según deducimos de las conclusiones judiciales, fue continuado y para el que se realizaron múltiples cambios en el proyecto, además de emplearse en él, ya se ve que temerariamente, una evidente ingeniería administrativa, hasta el punto de que el juez resuelve que el alcalde «hizo lo que le dio la gana». Pues bien ¿cómo ocurrió todo esto durante años ante los ojos de quienes otorgaron la subvención sin que percibieran el más mínimo indicio que se estaban modificando de manera insostenible las condiciones de la misma? 
La pregunta debiera llevarnos a la alarma, pues pudiera ser que en esta Región se hayan construido polideportivos con subvenciones para bibliotecas o piscinas cubiertas con subvenciones para restauración del patrimonio. Todo pudiera ser si la solvencia en el seguimiento del destino de las subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma es del rigor que se percibe, según el relato judicial, en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras.
Por eso reclama todavía más la atención que no haya imputaciones en el otro lado, es decir, en la institución que entregó el dinero (seis millones de euros) y dejó hacer todo lo que el juez asegura que el alcalde hizo. Es más, se supone que el alcalde no podría haber hecho algo de lo que se le imputa si hubiese existido el normal control del destino de la subvención por parte de los responsables de custodiar su correcto uso. Todo el mundo sabe que hasta la más modesta subvención concedida a una simple asociación ha de ser justificada, según un protocolo administrativo muy estricto para evitar desviaciones, aunque éstas fueran voluntariosas o con fines amables. 
Hay que suponer, por tanto, en buena lógica, que la Comunidad Autónoma no puso demasiado interés en el control de la subvención para el Auditorio, y aceptó como buenos los pretextos administrativos que se iban sumando al expediente para cambiar la ubicación y el uso, sin advertir que el coste establecido era finalista y cerrado. Es legítimo sospechar que la influencia política de Sánchez, entonces ya destinado a ser futurible, pudo condicionar la cesión de ´facilidades´, de modo que tenemos dos opciones: una, la de complicidad; otra, la de ineptitud y desidia al permitir que una subvención tan elevada acabe siendo derrochada en las circunstancias que se conocen. 

Curiosamente, la Justicia no ha indagado demasiado en esa acera, pero es obvio que existen responsabilidades políticas. Y tocan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, padrino político de Sánchez para su conversión en heredero, y al que fuera consejero de Cultura en esa fase, Pedro Alberto Cruz. Da la casualidad que quien por entonces estaba a cargo de la dirección regional de Cultura, un tal Lorca, ha sido ahora repescado, aunque se desconoce en consideración a qué clase de mérito, para volver a hacerse cargo de ese departamento. También Valcárcel es, tras la apertura para Sánchez del seguro camino hacia el banquillo, responsable político de la crisis consecuente para el PP, dado que impulsó al exalcalde de Puerto Lumbreras a la candidatura a la presidencia de la Comunidad a sabiendas de que llevaba la mochila del caso Auditorio
Hay algo más a este respecto. El juez instructor ha señalado a Sánchez como posible autor del delito de ´fraude de subvenciones´. ¿Y a quién defraudó, en tal caso, el acusado? Respuesta: a la Comunidad Autónoma. Pues bien, en buena lógica, tocaría a ésta, como institución, añadirse como denunciante contra Sánchez. Si los Servicios Jurídicos gozaran de la necesaria independencia es lo que les correspondería hacer. No cabe esperar que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en defensa de los intereses de la institución que preside y que presuntamente han sido defraudados, tomara la decisión de unirse a las acusaciones contra quien ha sido su mentor, pero técnicamente también es lo que correspondería. 

Y es que estamos asistiendo a una paradoja: son otros, los partidos de la oposición, quienes están defendiendo el interés general, ya se ve que con indudable éxito de sus argumentaciones en sede judicial, mientras que quienes han de custodiar el buen uso de los fondos públicos no sólo no indagan en su justificación, sino que aportan cada día su acto de fe en que no ha existido fraude alguno. Han llegado, además, a incurrir en la falacia de que no hay responsabilidad política si el dinero de la subvención no ha ido al bolsillo de quien la pidió, como si el mal empleo de la misma, descrito en la resolución judicial, fuera un eximente y hasta hubiera que agradecerlo. Todavía persisten en denominar ´posibles errores administrativos´ a lo que en traducción judicial se describe como delitos continuados.
Debiera ser, ya digo, la Comunidad Autónoma, que en su día hizo la vista gorda sin que esto haya tenido consecuencias judiciales para sus responsables de entonces, la que se personara ahora con más propiedad en la petición de responsabilidades. Pero esto, que es tan elemental, no lo verán nuestros ojos.


(*) Columnista


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