MURCIA.- Intersindical Región Murciana, ante la querella interpuesta por el
Sr. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, al personal técnico de la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en el ejercicio de sus
funciones, siendo conocedores del riguroso trabajo que han estado
desarrollando este personal empleado público de la CARM en defensa del
patrimonio cultural de esta Región, y teniendo conocimiento de que la
defensa jurídica de estas personas no está siendo atendida por los
servicios jurídicos de la CARM sino que recae en sus propios medios
personales, y teniendo en cuenta que el demandante exige una fianza de
quince millones de euros a las y los interesados, exige:
El respaldo y reconocimiento público, por parte del consejero de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, así como de la Secretaría General y
de la Dirección General de Bienes Culturales al trabajo elaborado por el
personal empleado público dependiente de ellas y afectado por esta
querella.
La puesta a disposición del personal empleado público denunciado de
los Servicios Jurídicos de la CARM para su defensa jurídica ante la
demanda.
Que la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente asuma su
responsabilidad patrimonial y económica de las actuaciones derivadas del
proceso de denuncia.
También la CSIF muestra su apoyo a los empleados públicos de la Dirección General de Bienes Culturales querellados por la Universidad Católica San Antonio (Ucam).
También la CSIF muestra su apoyo a los empleados públicos de la Dirección General de Bienes Culturales querellados por la Universidad Católica San Antonio (Ucam).
El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan
Miguel López Blanco, que participó esta mañana en la concentración de
apoyo a estos trabajadores, a las puertas de la sede de la Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha puesto a disposición de estos
empleados públicos los servicios jurídicos del sindicato, al no poder
contar éstos con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
CSIF viene reclamando a la Administración regional desde hace años un seguro de responsabilidad civil-patrimonial que cubra las responsabilidades exigidas en procedimientos penales del personal a su servicio, y su propia responsabilidad subsidiaria.
López Blanco alertó de las posibles repercusiones que puede tener este referente creado con esta querella, ya que "podría ser un ejemplo para nuevos casos, de ir directamente contra los empleados públicos en vez de contra la Administración regional", que les impide seguir ejerciendo su labor con normalidad.
CSIF viene reclamando a la Administración regional desde hace años un seguro de responsabilidad civil-patrimonial que cubra las responsabilidades exigidas en procedimientos penales del personal a su servicio, y su propia responsabilidad subsidiaria.
López Blanco alertó de las posibles repercusiones que puede tener este referente creado con esta querella, ya que "podría ser un ejemplo para nuevos casos, de ir directamente contra los empleados públicos en vez de contra la Administración regional", que les impide seguir ejerciendo su labor con normalidad.
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