Celebramos en estas fechas el 40 aniversario de la restauración de la
Democracia en España. Entre los numerosos balances, no han sido
demasiados los que se han fijado en los aspectos económicos. Sin
embargo, en estas cuatro décadas la economía española también se ha
transformado radicalmente.
La Transición no pudo llegar en peor momento desde el punto de vista
económico: nació en plena crisis del petróleo. El espíritu de consenso,
hoy tan vilipendiado por algunos, facilitó afrontar esos retos, gracias a
la firma de los Pactos de la Moncloa. Se emprendió así un camino de
reformas y apertura al exterior, con el objetivo último de alcanzar a
nuestros vecinos europeos más avanzados.
El dato que mejor resume los logros económicos de este período es la renta per cápita.
La renta media por habitante se ha duplicado en términos reales desde
1975. Es decir, en conjunto, cada español disfruta hoy del doble de
poder adquisitivo que tuvieron sus padres. Esto es especialmente
meritorio dado que en la actualidad la población es de 46.5 millones,
frente a los 37 millones de 1977.
Junto al crecimiento natural de la
población, millones de personas han venido a vivir entre nosotros para
disfrutar de esta prosperidad relativa, como contraste frente al éxodo
masivo de épocas anteriores. Otro cambio histórico: la mitad femenina de
la población se ha incorporado por primera vez en pie de igualdad
(aunque todavía con carencias) al mundo laboral.
El crecimiento ha permitido un proceso de progresiva convergencia con el resto de países europeos. La renta per cápita
española ha ascendido desde el 76,1% de la media de la Unión Europea en
1978 al 92% actual (si bien es cierto que el grupo de países con el que
se realiza la comparación ha variado, como consecuencia de las
sucesivas ampliaciones de la Unión).
No solo ha cambiado en estas cuatro décadas cuánto producimos, sino
qué producimos y para quién. El empleo en el sector agrícola ha pasado
en estos años de suponer el 21,9 % del total al 4,41 %. En la estructura
productiva española actual, terciarizada y postindustrial, el sector
servicios concentra el 75% del empleo, frente al 40% inicial.
La incorporación de España a la Unión Europea en 1986, que la
transición a la Democracia hizo por fin posible, ha estimulado el logro
de una economía española competitiva y abierta al resto del mundo. La
apertura comercial (medida como la suma del porcentaje de exportaciones e
importaciones respecto al PIB) se ha duplicado: era del 30 % en 1976 y
supera el 60 % en la actualidad. España ha sido en esta etapa un país
atractivo para la inversión extranjera. Esto ha sido compatible con la
aparición, por primera vez, de multinacionales españolas en diversos
sectores (como telecomunicaciones, energía o construcción).
Otro cambio histórico ha consistido en la implantación del Estado del
Bienestar en España. El gasto público ha aumentado desde el 25% del PIB
al 44%, pasando a cubrir de forma más decidida la sanidad, la
educación, las pensiones o las infraestructuras. El sistema fiscal se ha
transformado también, en consecuencia, de forma radical para hacer
frente a estas mayores necesidades: esta etapa ha visto el nacimiento
del IRPF y del IVA.
La incorporación de España al euro en 1999 supuso un nuevo cambio
estructural. Nefastas tradiciones económicas, como las altas tasas de
inflación (era del 24,6% en 1977), los elevados tipos de interés y las
devaluaciones recurrentes de la moneda, han ido sustituidas por la
estabilidad de precios, los bajos tipos de interés y el uso de una de
las monedas más atractivas del mundo.
Por supuesto, no faltan importantes problemas por resolver. Sin ánimo de hacer un listado exhaustivo: seguimos lejos en renta per cápita
de países como Francia o Alemania (que superan la media de la UE), la
productividad crece lentamente, la tasa de paro duplica la europea, el
esfuerzo en I+D ha de incrementarse, el tamaño medio de las empresas
sigue siendo reducido, es preciso aumentar la competencia en algunos
sectores oligopolísticos, la deuda pública (casi inexistente al
iniciarse la Transición) asciende al 100% del PIB, es necesario
afrontar desafíos como el envejecimiento de la población o la reducción
de nuestras emisiones contaminantes…
No vivimos en un país perfecto, pero el salto cualitativo logrado en
estos 40 años es indudable. El balance global es claramente positivo.
Hoy somos un país más rico, más igualitario, más moderno y más libre,
tras una experiencia histórica que otros países han visto como un modelo
a seguir. Se equivocan, por tanto, los que están empeñados en derribar
el edificio, así como los que intentan tapiar puertas para atrincherarse
en las mejores habitaciones, cerrándolas a sus hermanos.
El edifico lo
que necesita son mejoras. Acometámoslas cuanto antes, con la misma
ambición y espíritu de consenso que hace 40 años. Entonces los problemas
eran mayores. Por suerte, una inmensa mayoría de españoles sigue
identificándose con las palabras pronunciadas por Adolfo Suárez en julio
de 1976: “Pertenezco, por convicción y talante, a una mayoría de
ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y
conciliación”.
(*) Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
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