MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia condenatoria que existía contra Trinitario Casanova Abadía, por el caso Banco Popular, dejándola sin efecto, según indicó a través de un comunicado Baraka, el grupo que preside el empresario y especulador murciano.
Casanova había sido condenado a un año de prisión, por la
magistrada del juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, Beatriz Prestel,
al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los
consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular
para aumentar el precio de las acciones en 2008.
El fallo, que ahora queda anulado, inhabilitaba al promotor
murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de
la condena. En la sentencia, Prestel estimaba las alegaciones
presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las
del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochaba a Casanova no
haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la
Bolsa durante junio de 2008.
En concreto, explicaba entonces el fiscal en su escrito de
acusación, Casanova llevó a cabo "artimañas informativas,
administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación
de las acciones del Popular en su propio beneficio.
Según se desprendió entonces de la investigación, Casanova
suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único,
un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más
de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.
Ante la tendencia a la baja, el ahora absuelto, lanzó el
rumor al diario 'Negocio' de que un grupo de empresarios, entre ellos el
magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco,
con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento
de la cotización del Banco Popular.
En aquel momento, Casanova cargó contra el ministro
principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de
los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera
núcleo de la denuncia contra Casanova.
Según la versión del ahora absuelto,
fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor
mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.
El Tribunal estimó así entonces que fue el propio promotor
quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó
la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones.
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