martes, 4 de abril de 2017

Morir matando / Alberto Aguirre de Cárcer *

La moción de censura presentada por el PSOE, a raíz de su imputación por cuatro presuntos delitos en el ‘caso Auditorio’, había puesto al presidente Pedro Antonio Sánchez en una delicada encrucijada: esperar un fracaso del órdago socialista por falta de apoyo de Ciudadanos o renunciar antes de la votación para facilitar que su partido, el más votado en las últimas elecciones, continúe gobernando la Región. 

Hasta ahora, todos sus pronunciamientos iban en la dirección de aguantar el pulso, aunque la dirección nacional del partido y quienes conocen al presidente dan por hecho que, llegado el caso, Sánchez se apartará en el último momento si peligra la gobernabilidad del PP. Lo contrario sería difícilmente explicable para los votantes murcianos de ese partido, porque las alternativas en liza son un Gobierno del PSOE, con el apoyo de Podemos, que quizá podría incorporarse al Ejecutivo, o unas elecciones anticipadas en seis meses, como pide Ciudadanos. 

Esperar a que decidiera la Justicia se convirtió en un desiderátum imposible desde el momento en que se puso en marcha la maquinaria estatutaria de la moción de censura. Y en esas estábamos cuando la tormenta perfecta que temía el Partido Popular descargó finalmente a mediodía de ayer.

Pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía Anticorrupción, no así de las dos fiscales del caso, el juez Velasco remitía desde la Audiencia Nacional una exposición razonada al TSJ de Murcia, solicitando que se investigue al presidente por otros tres presuntos delitos relacionados con la operación ‘Púnica’. Todo un jarro de agua fría en pleno Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido en Madrid, bajo la presidencia de Rajoy, quien después de la muerte de Rita Barberá había puesto en marcha con PAS la estrategia de resistir hasta el momento de apertura de juicio oral en los casos de imputación judicial. Y dos imputaciones son ya demasiadas para quien tenía medio pie en el abismo. 

No eran pocos en la Región quienes esperaban que PAS hubiera dimitido ayer mismo. ¿Por qué no lo hizo? Quienes se hicieron la pregunta olvidan que estamos ante un ‘animal político’ que ha recibido luz desde Madrid para gestionar los tiempos. Si políticamente va a pasar a mejor vida, estará pactando una salida digna con Mariano Rajoy, como su rehabilitación si ambos casos son archivados, e intentando convencerle de quién es su mejor sustituto. 

Además, si ha de morir políticamente, por un tiempo o para siempre, PAS lo hará matando. Hasta el último momento intentará causar el mayor desgaste a sus rivales, evidenciando un acuerdo tácito de PSOE, C’s y Podemos de cara a futuras citas electorales. Y no se puede ignorar el hecho de que a solo 24 horas de su inicio, la moción de censura no tiene su éxito garantizado por las discrepancias de socialistas y naranjas.

Sin embargo, el apoyo de Génova no es monolítico y a medida que transcurría la tarde de ayer comenzaba a agrietarse. La imputación por el caso ‘Púnica’ fue un mazazo después de un intenso desgaste por el seguimiento mediático nacional del ‘caso Auditorio’, en el que se han implicado todos los líderes nacionales. 

Tras varias semanas esperando sin éxito un archivo de ese caso, la aparición de la exposición razonada del juez Velasco tiró por tierra la esperanza de muchos en la dirección nacional del PP. 

Anoche empezó a cobrar fuerza la posibilidad de que PAS pudiera precipitar su salida a hoy mismo, una decisión que podría comunicar al Consejo de Gobierno y posteriormente al Comite Ejecutivo y a la Junta Directiva del PP regional, que fueron convocados a última hora de ayer para una reunión, a las 12.30 y de asistencia ineludible, en la sede del partido.

La situación política de Pedro Antonio Sánchez es difícilmente sostenible. El daño reputacional para la Región es ya insufrible y, pase lo que pase con la moción, no dispondrá de ningún apoyo parlamentario de Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos de 2018 ni ninguna otra iniciativa legislativa. Como al resto de ciudadanos, al presidente le asiste la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige en el plano jurídico hasta el momento en que un tribunal dicta sentencia. La nueva solicitud de investigación por tres delitos no menoscaba ese derecho, pero sin duda deja bajo mínimos su crédito político ante la opinión pública.

Si existe delito o no en su relación con la trama de ‘Púnica’ deberán dilucidarlo los jueces, pero el relato del magistrado Eloy Velasco, basado en más de 40 indicios (cuatro encuentros personales, declaraciones judiciales, ‘whatsapps’, ‘pinchazos’ de la Guardia Civil al cerebro de la trama, correos electrónicos…), resulta mucho más convincente que el ofrecido públicamente por Sánchez, quien siempre ha insistido en que si nada se firmó fue porque no se fió y no le interesaba lo que le ofrecieron para limpiar su reputación en internet. 

Olvidamos con frecuencia que no solo lo que se prueba delictivo en los tribunales merece reproche social, como el incumplimiento de la palabra dada. La credibilidad del presidente está hoy cuarteada y eso en sí mismo es ya motivo suficiente para que, sin necesidad de que nadie se lo pida, reflexione sobre la conveniencia de su continuidad al frente de la institución que nos representa a todos. Sánchez encara dos instrucciones de carácter penal por siete presuntos delitos y eso es difícilmente compatible con la presidencia de una comunidad autónoma, que se ve castigada desde hace dos meses de manera inmisericorde en su reputación colectiva. 

Y eso es injusto para toda la sociedad murciana, que no puede estar permanente sobresaltada por las revelaciones judiciales que afectan al primero de sus ciudadanos. La vida política de Pedro Antonio Sánchez no está cerrada mientras no exista una sentencia judicial firme y es comprensible que quiera resolver esta crisis institucional de la mejor manera para su partido, pero su tiempo empieza a agotarse. Si no lo gestiona bien, el daño se extenderá al conjunto de su organización política, lo último que, estoy convencido, él desea.


(*) Periodista y director de La Verdad



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