La moción de censura presentada por el PSOE, a raíz de su imputación
por cuatro presuntos delitos en el ‘caso Auditorio’, había puesto al
presidente Pedro Antonio Sánchez en una delicada encrucijada: esperar un
fracaso del órdago socialista por falta de apoyo de Ciudadanos o
renunciar antes de la votación para facilitar que su partido, el más
votado en las últimas elecciones, continúe gobernando la Región.
Hasta ahora, todos sus pronunciamientos iban en la dirección de aguantar el pulso, aunque la dirección nacional del partido y quienes conocen al presidente dan por hecho que, llegado el caso, Sánchez se apartará en el último momento si peligra la gobernabilidad del PP. Lo contrario sería difícilmente explicable para los votantes murcianos de ese partido, porque las alternativas en liza son un Gobierno del PSOE, con el apoyo de Podemos, que quizá podría incorporarse al Ejecutivo, o unas elecciones anticipadas en seis meses, como pide Ciudadanos.
Esperar a que decidiera la Justicia se convirtió en un desiderátum imposible desde el momento en que se puso en marcha la maquinaria estatutaria de la moción de censura. Y en esas estábamos cuando la tormenta perfecta que temía el Partido Popular descargó finalmente a mediodía de ayer.
Pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía Anticorrupción, no
así de las dos fiscales del caso, el juez Velasco remitía desde la
Audiencia Nacional una exposición razonada al TSJ de Murcia, solicitando
que se investigue al presidente por otros tres presuntos delitos
relacionados con la operación ‘Púnica’. Todo un jarro de agua fría en
pleno Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido en Madrid, bajo la
presidencia de Rajoy, quien después de la muerte de Rita Barberá había
puesto en marcha con PAS la estrategia de resistir hasta el momento de
apertura de juicio oral en los casos de imputación judicial. Y dos
imputaciones son ya demasiadas para quien tenía medio pie en el abismo.
No eran pocos en la Región quienes esperaban que PAS hubiera dimitido
ayer mismo. ¿Por qué no lo hizo? Quienes se hicieron la pregunta olvidan
que estamos ante un ‘animal político’ que ha recibido luz desde Madrid
para gestionar los tiempos. Si políticamente va a pasar a mejor vida,
estará pactando una salida digna con Mariano Rajoy, como su
rehabilitación si ambos casos son archivados, e intentando convencerle
de quién es su mejor sustituto.
Además, si ha de morir políticamente,
por un tiempo o para siempre, PAS lo hará matando. Hasta el último
momento intentará causar el mayor desgaste a sus rivales, evidenciando
un acuerdo tácito de PSOE, C’s y Podemos de cara a futuras citas
electorales. Y no se puede ignorar el hecho de que a solo 24 horas de su
inicio, la moción de censura no tiene su éxito garantizado por las
discrepancias de socialistas y naranjas.
Sin embargo, el apoyo de Génova no es monolítico y a medida que
transcurría la tarde de ayer comenzaba a agrietarse. La imputación por
el caso ‘Púnica’ fue un mazazo después de un intenso desgaste por el
seguimiento mediático nacional del ‘caso Auditorio’, en el que se han
implicado todos los líderes nacionales.
Tras varias semanas esperando
sin éxito un archivo de ese caso, la aparición de la exposición razonada
del juez Velasco tiró por tierra la esperanza de muchos en la dirección
nacional del PP.
Anoche empezó a cobrar fuerza la posibilidad de que
PAS pudiera precipitar su salida a hoy mismo, una decisión que podría
comunicar al Consejo de Gobierno y posteriormente al Comite Ejecutivo y a
la Junta Directiva del PP regional, que fueron convocados a última hora
de ayer para una reunión, a las 12.30 y de asistencia ineludible, en la
sede del partido.
La situación política de Pedro Antonio Sánchez es difícilmente
sostenible. El daño reputacional para la Región es ya insufrible y, pase
lo que pase con la moción, no dispondrá de ningún apoyo parlamentario
de Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos de 2018 ni ninguna
otra iniciativa legislativa. Como al resto de ciudadanos, al presidente
le asiste la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige
en el plano jurídico hasta el momento en que un tribunal dicta
sentencia. La nueva solicitud de investigación por tres delitos no
menoscaba ese derecho, pero sin duda deja bajo mínimos su crédito
político ante la opinión pública.
Si existe delito o no en su relación con la trama de ‘Púnica’ deberán
dilucidarlo los jueces, pero el relato del magistrado Eloy Velasco,
basado en más de 40 indicios (cuatro encuentros personales,
declaraciones judiciales, ‘whatsapps’, ‘pinchazos’ de la Guardia Civil
al cerebro de la trama, correos electrónicos…), resulta mucho más
convincente que el ofrecido públicamente por Sánchez, quien siempre ha
insistido en que si nada se firmó fue porque no se fió y no le
interesaba lo que le ofrecieron para limpiar su reputación en internet.
Olvidamos con frecuencia que no solo lo que se prueba delictivo en los
tribunales merece reproche social, como el incumplimiento de la palabra
dada. La credibilidad del presidente está hoy cuarteada y eso en sí
mismo es ya motivo suficiente para que, sin necesidad de que nadie se lo
pida, reflexione sobre la conveniencia de su continuidad al frente de
la institución que nos representa a todos. Sánchez encara dos
instrucciones de carácter penal por siete presuntos delitos y eso es
difícilmente compatible con la presidencia de una comunidad autónoma,
que se ve castigada desde hace dos meses de manera inmisericorde en su
reputación colectiva.
Y eso es injusto para toda la sociedad murciana,
que no puede estar permanente sobresaltada por las revelaciones
judiciales que afectan al primero de sus ciudadanos. La vida política de
Pedro Antonio Sánchez no está cerrada mientras no exista una sentencia
judicial firme y es comprensible que quiera resolver esta crisis
institucional de la mejor manera para su partido, pero su tiempo empieza
a agotarse. Si no lo gestiona bien, el daño se extenderá al conjunto de
su organización política, lo último que, estoy convencido, él desea.
(*) Periodista y director de La Verdad
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