MADRID.-
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de las tramas de corrupción Púnica y Lezo, ha cargado duramente contra los planes del Gobierno para que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, al manifestar que esta figura "no pertenece al Poder Judicial sino al Ejecutivo".
Velasco, que acapara atención mediática en los últimos días tras enviar a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha participado en una mesa redonda sobre el papel de la Fiscalía en la instrucción del delito en el II Congreso de la Abogacía Madrileña.
Durante esta legislatura, el Gobierno y parte de la oposición (PSOE y Ciudadanos) se han mostrado a favor de emprender una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal. Pero Velasco no lo comparte.
"El fiscal no pertenece al Poder Judicial sino al Ejecutivo. Si le quitamos poderes al pequeño poder judicial para pasárselos al grande, al prepotente... ¿Le vamos a dejar a una persona que pertenece al Ejecutivo que sea el que dirija la investigación?", se ha preguntado el magistrado ante un auditorio abarrotado.
Velasco lo tiene claro: "El juez que instruye no falla, cuando algo funciona no hay que cambiarlo".
Además, ha subrayado que sería imperativo establecer mecanismos de control al fiscal. "¿Han visto ustedes el delito de prevaricación fiscal en el Código Penal? ¿Quién corrige al fiscal si se equivoca?, ha agregado".
Otro
argumento contra la idea del fiscal investigador tiene que ver con la
desaparición de las acusaciones populares, que defiende el Gobierno, lo
que significaría, ha dicho, que el fiscal tenga el monopolio de la investigación.
Pese a tachar algunas acusaciones populares de "impresentables y extorsionadoras", particularmente cuando "pretenden hacer política en el juzgado", Velasco ha destacado la acción de la acusación popular porque hace tener una competencia al fiscal.
"La acusación popular es otra cosa muy española, si hay cosas buenas en la casa para qué cambiarlas y tirarlas a la basura", ha apostillado el juez, que ha querido dejar claro que este debate no conlleva un enfrentamiento entre dos profesiones.
Pese a tachar algunas acusaciones populares de "impresentables y extorsionadoras", particularmente cuando "pretenden hacer política en el juzgado", Velasco ha destacado la acción de la acusación popular porque hace tener una competencia al fiscal.
"La acusación popular es otra cosa muy española, si hay cosas buenas en la casa para qué cambiarlas y tirarlas a la basura", ha apostillado el juez, que ha querido dejar claro que este debate no conlleva un enfrentamiento entre dos profesiones.
Velasco también se ha mostrado contrario a la figura de juez de garantías, en caso de que el fiscal asuma la instrucción.
"El juez de garantías es un don nadie. Es un juez menor, trabajaría como un autómata", ha señalado el juez de la Audiencia Nacional que ha sentenciado: "En este caso ser inmovilista es ser lo que se debe de ser".
Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha defendido que el fiscal investigador no es una alternativa en tanto en cuanto "no se rompa el cordón umbilical que une al Ministerio Fiscal con el Gobierno".
Ello requiere una reforma del artículo 124.4 de la Constitución, lo que a su juicio no debe suponer un problema cuando en 2011 PP y PSOE modificaron el artículo 135 de la Carta Magna en apenas dos meses para limitar el déficit público.
"Si en 2011 se modificó la Constitución en dos meses, también este 124.4 se puede hacer en dos meses y romper ese cordón que une al fiscal general con el Gobierno de la nación", ha agregado.
"El juez de garantías es un don nadie. Es un juez menor, trabajaría como un autómata", ha señalado el juez de la Audiencia Nacional que ha sentenciado: "En este caso ser inmovilista es ser lo que se debe de ser".
Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha defendido que el fiscal investigador no es una alternativa en tanto en cuanto "no se rompa el cordón umbilical que une al Ministerio Fiscal con el Gobierno".
Ello requiere una reforma del artículo 124.4 de la Constitución, lo que a su juicio no debe suponer un problema cuando en 2011 PP y PSOE modificaron el artículo 135 de la Carta Magna en apenas dos meses para limitar el déficit público.
"Si en 2011 se modificó la Constitución en dos meses, también este 124.4 se puede hacer en dos meses y romper ese cordón que une al fiscal general con el Gobierno de la nación", ha agregado.
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