jueves, 13 de abril de 2017

La participación laboral femenina, decisiva para el equilibrio demográfico / Luis Alcaide *

Europa, España in­cluida, ne­ce­si­taría para con­se­guir un equi­li­brio entre de­mo­grafía y cre­ci­miento del PIB que el 75% de la po­bla­ción entre 16 y 64 años esté ocu­pada en el año 2020, según pone de ma­ni­fiesto el in­forme del CES. Un ob­je­tivo que re­quiere una mayor par­ti­ci­pa­ción la­boral de las mu­je­res, una tasa de na­ta­lidad más alta o una co­rriente con­ti­nuada de in­mi­grantes en edad ac­tiva. 

Pero la participación femenina exige además un replanteamiento de la conciliación familiar además de una mejora de la asistencia pública a la infancia.

En España la población entre 16 y 64 años de edad en 2015 suma 30 millones de personas, un 65% del total de la población cuando en el año 2005 la proporción era del 70%. La involución de los movimientos migratorios ha sido determinante; el objetivo del 75% de activos como objetivo para el año 2020 se aleja.

Manteniéndose las actuales tendencias demográficas en los próximos 10 años la población en edad de trabajar sería sólo de 23 millones de personas frente a los 30 millones actuales. Por otro lado el proceso de envejecimiento se acelera de tal manera que el número de personas mayores de 40 años será superior al que esté por debajo de esa línea. En definitiva menos activo y más dependientes.

El problema se agudiza además porque las mujeres entre 45 y 65 años son las principales cuidadoras de la población dependiente. Esta carga familiar obligaría a reducir su participación laboral como trabajadoras activas. Además y aunque la esperanza de vida es más alta entre las mujeres que los hombres, según los registros de mortalidad, el número de mujeres con discapacidades o dificultades para la vida activa es más elevado en el colectivo femenino a partir de los 65 años.

Otro factor demográfico significativo es el descenso de la tasa de fecundidad. Varias razones: retraso en la concepción del primer hijo (España es uno de los países de la UE con una media de maternidad más alta). El porqué de este retraso está relacionado con la degradación de las circunstancias laborales desde la temporalidad hasta las elevadas tasas de desempleo.

La caída de la tasa de natalidad en España ha estado parcialmente compensado con la inmigración. En efecto en 2010 residían en España más de 2,5 millones de mujeres de otras nacionalidades.

El CES hace también referencia a la evolución y composición de números de hogares marcado por la reducción del tamaño de los mismos. De los 18.346.200 hogares censados en 2015, 10,1 millones están constituidos por parejas de los que 3,87 millones viven sin hijos. Los hogares unipersonales, por su parte, representan ya el 25% del total correspondiendo la mayor proporción a personas mayores de 65 años en gran medida viudas.

A partir del siglo XXI se inicia un fuerte incremento en el número de hogares unipersonales y en alguna medida por la ruptura de las parejas. Algo equivalente está sucediendo con los hogares monoparentales que actualmente se elevan a 2 millones de los que un 85% corresponden a la madre con sus hijos. Circunstancia esta última que confirma el creciente papel de las mujeres como principal sustentador de los hogares y de alguna manera indica la insuficiente corresponsabilidad de los varones en las tareas del hogar y educación de los hijos.

La UE está tratando de configurar un sistema de integración familiar compartida que es todavía muy heterogéneo como consecuencia de las distintas políticas nacionales.

Los países nórdicos han apostado por la igualdad entre hombres y mujeres: permiso parental conjunto de un año bien retribuido frente a unos servicios Públicos muy eficientes y la adaptación rigurosa de los horarios laborares.

Otro grupo donde se encuentran Reino Unido y Holanda tienen permisos de maternidad cortos pero bien retribuidos. En Francia y Alemania se ofrece a las madres un servicio de maternidad largo, que en caso de Alemania es transferible al padre además de una asistencia muy bien desarrollada para el cuidado de la infancia.

España, Grecia e Italia se encuadran en los sistemas familiaristas. Un modelo en el que el padre es el principal sustentador económico mientras la madre cuida del hogar.

El permiso de maternidad retribuido es corto e intransferible al padre mientras los servicios de asistencia Pública a la infancia están todavía insuficientemente desarrollados. Eso sí se mantiene la coartada- incentivo de una declaración conjunta en el IRPF.

Los resultados de estas diferentes políticas se traducen en que mientas en Dinamarca el gastos Público en prestaciones sociales representa el 3,5% del PIB, 3% en Alemania, 2,5% en Francia o 2,3% como media de la UE, en España sólo alcanza el 1,4% del PIB.

Un tema serio que no se ha discutido mientras se aclama una futura llegada del AVE a un oasis, Orense, tras cruzar amplios parajes despoblados. Congreso y formaciones políticas confunden el discurso retórico con la eficacia social.



(*) Economista del Estado



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