El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declaró ayer como investigado por el caso Auditorio
ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, por supuestos
delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental
cuando era alcalde de Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011. Tras cuatro
horas de interrogatorio, el líder del PP murciano se mantuvo en su
posición de no dimitir de su cargo mientras no se produzca una
imputación formal, además de descargar en los técnicos municipales la
responsabilidad del proyecto del auditorio.
Este caso de corrupción empieza a parecerse a otros muchos a
los que se ha tenido que enfrentar el PP, en Valencia, Baleares,
Madrid, o a los asuntos Gürtel, Púnica, o Bárcenas, etcétera. En todos
ellos, desde Génova o desde el propio palacio de la Moncloa, se empezaba
defendiendo a los investigados, criticando a los investigadores y
proclamando la presunción de inocencia. Y, a medida que pasaba el
tiempo, todas esas defensas públicas, incluso algunos halagos
encendidos, quedaban en la hemeroteca para ilustrar la entrada en
prisión de los múltiples imputados, procesados y condenados por delitos
de corrupción.
Las malas experiencias del pasado deberían llevar a los
líderes populares a replantearse su política de defensa a ultranza de
unas personas, como Sánchez, sometidas a diversas investigaciones y
diversos delitos relacionados con su gestión.
Dimitir del cargo y cumplir la palabra dada no supone
reconocer la culpa; ni siquiera negar la presunción de inocencia. Supone
ser consecuente con unos acuerdos para la lucha contra la corrupción
que han permitido gobernar al PP no solo en Murcia, sino en España y en
otras comunidades autónomas y Ayuntamientos. La corrupción es una lacra
que genera desafección y socava las instituciones. Bastante daño ha
hecho ya, a España, al PP y a Mariano Rajoy, como para no haber
aprendido la lección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario