El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, defraudó ayer en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso
para explicar algunas de sus polémicas decisiones de las últimas
semanas. Entre ellas se encontraban, sobre todo, los importantes relevos
en puestos clave de la Fiscalía y las sospechas sobre injerencias
políticas en la petición de exculpación del presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, acusado en el caso Púnica, y el posterior cambio del fiscal jefe de esa comunidad autónoma.
Maza
perdió, pues, una oportunidad de eliminar incertidumbres sobre su
trabajo y así se lo hicieron saber, con razón, los grupos de la
oposición. La comparencia de Maza fue solicitada por el PSOE y
Ciudadanos después de que este periódico revelara supuestas presiones del Gobierno a la Fiscalía para que frenara la imputación de Sánchez, a pesar del criterio de las dos fiscales que han llevado el caso Púnica.
Se trataba, además, de averiguar por qué el propio presidente murciano
conoció la decisión del Ministerio Público de no solicitar su imputación
antes de que se difundiera la noticia. Son todos temas de trascendencia
porque hablan de la imparcialidad del trabajo de los fiscales y de su
independencia de criterio a la hora de enfocar asuntos clave para la
vida política.
En su decepcionante intervención inicial, el
fiscal se dedicó prácticamente a ofrecer una especie de clase magistral
sobre las funciones y cometidos de la Fiscalía General del Estado. Maza
defendió la "independencia" y la "imparcialidad" y aseguró que el
criterio básico del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y
aplicar la ley sea quien sea la persona investigada". Negó que haya
hecho "seguidismo" del Gobierno: "A mí no me han impuesto nada", señaló.
Maza defendió su capacidad para intervenir en procesos que afectan a aforados o que tienen una especial trascendencia dando órdenes y relevando a los fiscales, siempre con los informes pertinentes.
Luego, y tras los requerimientos de los representantes de la oposición, negó "el más mínimo atisbo" de interferencia política
en el caso del presidente murciano, y justificó su decisión de pedir su
exoneración en los informes que le presentaron la Secretaría General
Técnica de la Fiscalía y cuatro fiscales del Supremo, personas que
destacan por su "competencia técnica y su prestigio".
Tampoco
ofreció explicaciones convincentes sobre el relevo del fiscal jefe de la
Audiencia Nacional -junto con otra treintena de puestos-, que justificó
por la necesidad de dar un «impulso nuevo» y para evitar que los
profesionales "se perpetúen en los cargos".
El sentir de la intervención de Maza fue resumido por el socialista Juan Carlos Campo: "Hay preguntas que quedan en el aire y alimentan las sospechas".
Y eso es lo peor que se puede decir de una comparecencia de un alto
cargo, en la que debería haber disipado las dudas generadas previamente.
Por eso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe acudir al
Parlamento para tratar de eliminar esas sospechas que todavía persisten
en la actuación de la Fiscalía.
Y lo que tras los últimos
acontecimientos queda fuera de toda duda es que con la actual estructura
jurisdiccional los fiscales no pueden convertirse en los instructores
de los procesos judiciales, tal y como pretende Catalá. Haría
falta un cambio en profundidad del Estatuto de la Fiscalía para dotar al
Ministerio Público de una total autonomía del Gobierno. Y para
ello hay que modificar la Constitución. Mientras tanto, el Fiscal
General del Estado debe esforzarse para actuar con independencia de
criterio e imparcialidad.
También volvimos a comprobar ayer que la independencia judicial es una de las asignaturas pendientes de la democracia.
Tras semanas de teatro político, PP y PSOE han vuelto a pactar la
renovación del Tribunal Constitucional reservándose las cuotas
pertinentes. Hasta los socialistas han admitido que no tienen
inconveniente en que alguien que ha sido diputado del PP durante 17 años
pueda presidir el Alto Tribunal. La regeneración sigue sin llegar a la
administración de Justicia.
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