La crisis abierta en el Gobierno autonómico de Murcia desde que se supo que su presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez, tendrá que declarar en condición de investigado en el caso Auditorio ha puesto de manifiesto la difícil convivencia política entre PP y Ciudadanos.
Según el acuerdo de investidura firmado entre ambas formaciones,
Sánchez debería renunciar a su cargo hasta que se resuelva su situación
judicial, algo a lo que se comprometió públicamente el propio Sánchez en
varias declaraciones públicas y que sin embargo ahora se niega a
cumplir.
El presidente autonómico alega su derecho a la
presunción de inocencia y advierte que no dimitirá hasta que no se abra
juicio oral contra él. Ciudadanos, por su parte, le recuerda que, en
virtud del pacto de lucha contra la corrupción firmado en Murcia, cualquier cargo público deberá abandonarlo desde el momento en el que sea imputado,
una categoría procesal que ha sido sustituida por la de investigado. No
hay que olvidar que Pedro Antonio Sánchez tendrá que responder el
próximo lunes por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude,
falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
No
se entiende por tanto el enrocamiento del presidente autonómico ni el
apoyo que desde la dirección de Madrid se le está brindando. Con esta
actitud, el PP no sólo está poniendo en riesgo la estabilidad
política en Murcia, sino que está actuando de forma irresponsable hacia
toda la ciudadanía, que espera de él que cumpla sus promesas de
regeneración política. La corrupción es, después del paro, el problema
que más preocupa a los españoles y está en el origen de la desafección
de los ciudadanos hacia la política y del auge de los populismos, que
cuestionan el modelo político que ha procurado el mayor periodo de
estabilidad y prosperidad de nuestra historia reciente. Es inevitable,
por tanto, trabajar para recuperar el prestigio de la política y la
confianza en las instituciones abordando una serie de medidas
encaminadas a cortar de raíz comportamientos corruptos como los que está
investigando la Justicia.
Hace bien Ciudadanos en exigir al PP el cumplimiento de los acuerdos firmados
tanto en Murcia como a nivel nacional ya que lo que está en juego es
más importante que el mantenimiento de determinadas personas en sus
cargos.Pero no por ello debería caer en la tentación de dar el Gobierno
autonómico de Murcia a un candidato acordado entre PSOE y Podemos en una
posible moción de censura. C's debe agotar todas las vías de diálogo
con el PP para evitar tanto esa posibilidad como la celebración de
elecciones anticipadas, una salida que no verían mal algunos dirigentes populares
que creen que en unos nuevos comicios podrían conseguir el escaño que
les falta para alcanzar la mayoría absoluta y no depender de Ciudadanos.
La dirección nacional del PP debe instar a Sánchez a que abandone su cargo
y proponer a otra persona para dirigir el Gobierno autonómico. Por
difícil e incómoda que les pueda resultar a muchos dirigentes del
partido la necesaria convivencia con Ciudadanos, esa es la opción que
han elegido los españoles. Pasados los años de las mayorías absolutas,
los partidos políticos constitucionalistas deben aprender a gobernar en
colaboración para frenar el deterioro de la vida política y garantizar
la convivencia pacífica.
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