Cuando el todavía presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, acuda a declarar el próximo lunes como investigado por el caso Auditorio,tendrá
que ser consciente de que, pese al apoyo cerrado de sus
correligionarios de partido (encabezados por el propio Mariano Rajoy),
su carrera política ha entrado en una deriva imposible de enderezar. La
decisión de Ciudadanos de romper el pacto de gobierno con el PP en
Murcia, aunque no tenga efectos inmediatos, abre una grieta en las
relaciones de ambos partidos que solo podrá cerrarse con la dimisión de
Sánchez.
Prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento
oficial y malversación de caudales públicos son las acusaciones a las
que se enfrenta el líder popular murciano, que dejó por escrito y
corroboró con su palabra que abandonaría su cargo en caso de ser
imputado en alguno de los casos por los que se le investigaba. Sin
embargo, a la hora de la verdad, sigue aferrado al sillón presidencial
poniendo en grave riesgo el pacto de investidura que permitió a Mariano
Rajoy seguir siendo presidente del Gobierno.
No solo está en juego la gobernabilidad en Murcia. La
actitud de Pedro Antonio Sánchez y de los principales líderes del PP
pone en tela de juicio la voluntad del partido de Gobierno de
enfrentarse a la corrupción con todas sus consecuencias y hacer pagar a
los culpables.
La corrupción es el principal lastre que arrastra el partido
conservador. Los diversos acuerdos para la regeneración política
alcanzados con la formación que preside Albert Rivera podían suponer una
vía para recuperar credibilidad frente a unos ciudadanos hartos de esa
lacra. Si, cuando ha llegado el momento de cumplir los pactos, el PP se
niega a ello, parece demostrar que no está dispuesto a cerrar con
dignidad ese oscuro apartado de su historia reciente. Y las sospechas
seguirán para siempre.
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