MURCIA.- La Fiscalía ha aceptado investigar una
denuncia interpuesta por Ahora Murcia por el supuesto 'abandono' del
yacimiento de San Esteban por parte del Gobierno municipal en los
últimos 7 años e incoará diligencias de investigación sobre si se ha
cometido un delito contra un Bien de Interés Cultural.
Así lo ha
indicado la portavoz municipal del partido, Alicia Morales, que ha
recordado que su partido llevó ese caso ante la Fiscalía el pasado 30 de
diciembre al considerar que el Ayuntamiento de la ciudad "ni ha puesto
en marcha las medidas de protección eficaz previstas en la legislación,
ni ha mostrado una verdadera voluntad de recuperar el arrabal de la
Arrixaca como recurso cultural, económico y turístico para el
municipio".
Por ese motivo, el escrito de Ahora Murcia dirigido a
Fiscalía pedía investigar la posible "omisión en la conservación del
yacimiento y el posible incumplimiento de la legislación vigente en
materia de patrimonio histórico por parte de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales de la comunidad autónoma y del
Ayuntamiento de Murcia".
Morales ha lamentado que este
yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), está protegido por
las leyes de patrimonio nacional y regional y la destrucción de este
tipo de bienes es un delito recogido en el Código Penal.
La edil
ha insistido en que "el cúmulo de despropósitos del Gobierno del PP
respecto al yacimiento de San Esteban desde 2009 ha sido interminable" e
incluso algunos "errores políticos" han podido traspasar la barrera de
la legalidad, con lo que se habría incurrido en un delito penal al
abandonar los restos arqueológicos a su suerte", en los que a simple
vista se aprecian "daños evidentes como derrumbes de muros".
Morales
ha lamentado que el proyecto de cubrir con una capa geotextil los
restos para garantizar su conservación, algo que se hizo a finales de
2009, debía tener un carácter provisional, pero a día de hoy, 7 años
después, sigue siendo la única actuación sobre el yacimiento, por lo que
ha confiado en que esta denuncia ante la Fiscalía obligue al Ejecutivo a
tomar medidas para la adecuada protección de los restos y para
continuar con su excavación y puesta en valor.
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