MADRID.- El Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. Las propuestas de modificación fueron planteadas directamente a Madrigal por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en diversas reuniones y en conversaciones telefónicas, revela hoy 'El Mundo'.
Según
confirman las fuentes consultadas, el Gobierno explicó a la fiscal
general que eran necesarios cambios en varias de las plazas de la cúpula
fiscal pendientes de renovación. Conforme avanzaban los encuentros, el
interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertas plazas. Las
conversaciones incluían las más delicadas: las jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional.
También otras como el jefe de la Unidad de Apoyo -clave en las
relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio- y la jefatura Superior de
Murcia.
En esos encuentros, el ministro ya respaldó expresamente la opción de que Manuel Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, como finalmente se acordó el pasado miércoles. Madrigal tenía previsto designar a Alejandro Luzón,
un histórico Anticorrupción que Madrigal tenía a su lado como teniente
de la Secretaría Técnica. Sin embargo, también consideraba aceptable la
propuesta de Moix.
Ni en este puesto ni en otros como la renovación de la jefatura de Murcia
-que la Fiscalía General también quería cambiar- hubo problemas. Donde
según las fuentes consultadas se produjo el choque determinante para que
Madrigal no renovara en el cargo fue en la plaza de fiscal jefe de la
Audiencia Nacional. El ministro transmitió a la fiscal general que era
necesario apartar de ese puesto clave a Javier Zaragoza. Las conversaciones no se centraron tanto en poner a alguien concreto como en quitar a Zaragoza.
Madrigal objetó que no encontraba motivos para justificar
una decisión así ante una carrera fiscal que iba a tener que dirigir en
los siguientes cuatro años. La fiscal general mantuvo esa postura en los
diversas conversaciones con el ministro sobre los puestos a renovar.
El
proceso culminó con una última reunión en el Ministerio, ya de
cortesía, a primera hora del viernes 11 de noviembre, día en que el Consejo de Ministros
debía nombrar al fiscal general de la nueva legislatura. Catalá
comunicó a Madrigal que no iba a continuar en el puesto y horas después se anunciaba el nombramiento del magistrado José Manuel Maza.
Antes
de que la insistencia en los cambios torciera las cosas, Catalá había
hecho saber a Madrigal que iba a proponer al Gobierno su renovación,
dado que era legalmente posible al no haber cumplido aún los dos años en
el puesto. El ministro también comunicó ese criterio en otros ámbitos
tras su toma de posesión el día 4 de noviembre, apenas una semana antes
del cambió en la Fiscalía General.
Preguntada
directamente por los encuentros con Catalá y los términos en los que se
produjeron las conversaciones sobre los puestos, Madrigal no quiso hacer
comentarios a este diario.
El Ministerio de Justicia,
por su parte, niega «rotundamente» que el ministro mantuviera reuniones
con Madrigal en las que tratara «los nombramientos», así como la
supuesta «connivencia» con la Fiscalía General para algunos de ellos.
Insisten en que Catalá «no se reunió ni con Madrigal ni con Maza» para
tratar las designaciones. «Nosotros nos limitamos a hacer nuestras las
propuestas del Consejo Fiscal», afirman, añadiendo que
conocen los nombres de los propuestos por el fiscal general incluso «más
tarde» que los medios de comunicación.
La jefatura de la
Fiscalía de la Audiencia fue uno de los puestos clave de los 35
nombramientos que el miércoles abordó el Consejo Fiscal encabezado por
Maza. El otro, el de jefe de Anticorrupción, que ofrecía un margen más
amplio a la hora de escoger a un candidato porque la plaza se encontraba
vacante desde la jubilación de Antonio Salinas.
Por
contra, en el caso de la Audiencia había que justificar la salida de un
fiscal jefe que llevaba dos mandatos. Aunque no se lo había llegado a
transmitir al propio interesado, Madrigal había decidido mantener a
Zaragoza un tercer mandato. La entonces fiscal general estaba muy
satisfecha con su trabajo, que además contaba con el respaldo de sus
asesores directos. Los dos miembros natos del Consejo Fiscal habían
hecho saber a Zaragoza que contaba con su apoyo, que iba a sumarse a
tres votos seguros de los miembros electos del Consejo Fiscal. Obtuvo
cinco votos frente a los seis del finalmente nombrado, Jesús Alonso.
Zaragoza llegó al puesto en 2006 a propuesta de Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2011 volvió a obtener su respaldo para otros cinco años y desde mayo
del año pasado estaba en funciones a la espera de que la conformación
de nuevo Gobierno reactivara los nombramientos pendientes en el
Ministerio Público. Como sucedió con su llegada para ocupar el puesto de
Eduardo Fungairiño, su salida ha llegado con polémica.
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