MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia
(TSJ) ha anulado la modificación número 100 del plan general de
urbanismo (PGU) de Murcia por el que se planeaba construir 150 viviendas
de lujo en Sucina, en un entorno cercano al área protegida de la Red
Natura 2000.
Así lo ha indicado en un comunicado la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, Huermur, que inició un contencioso contra ese plan urbanístico en 2014 al considerar que la modificación contenía "claras irregularidades", como la ausencia de un estudio de impacto ambiental, imprescindible para la asociación porque la nueva urbanización se iba a ubicar en el límite con la Red Natura 2000.
La asociación denunciaba también que la modificación del PGU no contaba con informes sectoriales de competencias del Estado como el obligatorio informe de recursos hídricos, entre otros.
Según han explicado, el ayuntamiento aportó gran cantidad de documentación para negar esas acusaciones, como "documentos de la Confederación Hidrográfica de otros sectores urbanísticos que nada tienen que ver con esta modificación".
Sin embargo, las argumentaciones del Consistorio han sido desestimadas por el TSJ que ha dado la razón a Huermur y ha recordado que la aportación de informes sectoriales debe ser previa a la aprobación de la actuación urbanística, ya que la falta de esos documentos supone la "nulidad" del proyecto, porque los informes son "preceptivos y vinculantes".
La asociación ha lamentado que el "garante autonómico" de esta modificación del PGU fue en su momento el actual concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, que en el momento de la aprobación, en 2007, ocupaba el cargo de director general de Urbanismo de la comunidad autónoma, mientras que el actual alcalde, José Ballesta, tenía esa dirección general
Así lo ha indicado en un comunicado la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, Huermur, que inició un contencioso contra ese plan urbanístico en 2014 al considerar que la modificación contenía "claras irregularidades", como la ausencia de un estudio de impacto ambiental, imprescindible para la asociación porque la nueva urbanización se iba a ubicar en el límite con la Red Natura 2000.
La asociación denunciaba también que la modificación del PGU no contaba con informes sectoriales de competencias del Estado como el obligatorio informe de recursos hídricos, entre otros.
Según han explicado, el ayuntamiento aportó gran cantidad de documentación para negar esas acusaciones, como "documentos de la Confederación Hidrográfica de otros sectores urbanísticos que nada tienen que ver con esta modificación".
Sin embargo, las argumentaciones del Consistorio han sido desestimadas por el TSJ que ha dado la razón a Huermur y ha recordado que la aportación de informes sectoriales debe ser previa a la aprobación de la actuación urbanística, ya que la falta de esos documentos supone la "nulidad" del proyecto, porque los informes son "preceptivos y vinculantes".
La asociación ha lamentado que el "garante autonómico" de esta modificación del PGU fue en su momento el actual concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, que en el momento de la aprobación, en 2007, ocupaba el cargo de director general de Urbanismo de la comunidad autónoma, mientras que el actual alcalde, José Ballesta, tenía esa dirección general
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