MADRID.- El Gobierno central ha aprobado el real decreto ley de reforma de la estiba, a
cuya liberalización obliga a España una sentencia europea, y que tiene
que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso.
El
documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto
bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas
estibadores, pero lo rechazan los sindicatos que han convocado una
huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período
del trámite parlamentario de la nueva ley.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, que la huelga "no ayuda nada"
al proceso de diálogo abierto en estos momentos entre sindicatos y
patronal, en el marco de la negociación colectiva, al ser un elemento de
presión que no favorece llegar a un entendimiento.
El ministro hecho un llamamiento a que "intensifiquen" su
negociación colectiva, donde se pueden acordar cuestiones como la
subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, propias
de los convenios colectivos y que no podían ser incorporadas al decreto
porque lo prohíbe la CE.
Los estibadores y la patronal Anesco se volverán a reunir el
próximo martes en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación
del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña,
nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.
Desabastecimiento
Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga,
Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos
servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a
mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de
emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla,
además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que
conectan con los puertos.
De la Serna ha advertido de que una huelga de estas
características produce un daño importante a la economía porque las
empresas toman decisiones sobre el transporte de carácter temporal de
utilización de otros puertos durante la huelga que "pueden convertirse
en definitivas".
El ministro también ha instado a la responsabilidad de los
partidos políticos, explicando que si no se convalida el documento en su
trámite parlamentario, se entraría en "un bucle sin fin y tendríamos
que pagar 134.000 euros de multa todos los días".
De la Serna ha insistido en que el real decreto se ajusta
estrictamente a la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo de
diciembre de 2014, que exige liberar el sector, el único en España donde
no existe la libre contratación de los trabajadores.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden
contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a
trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de
gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están,
además, obligadas a participar.
Libre contratación
Para eliminar las restricciones a la libertad de
establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la
obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la
libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de
capacitación establecidos (titulación académica o certificados de
profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia). Se prevén
distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora
o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las
Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
El proceso de cambio contará con un período transitorio de
tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, en el que las Sagep
subsistirán, salvo que se extingan, hasta su regulación como ETT. Las
empresas deberían mantener cotas de contratación de estibadores
procedentes de las Sagep del 75% el primer año, del 50% el segundo y del
25% el tercero.
El decreto contempla que las autoridades portuarias asuman
los pasivos laborales de los trabajadores de las sagep (los derechos
asociados a su antigüedad desde el día en el que fueron contratados
hasta el de la sentencia), con el objetivo de igualar la posición
competitiva de todas las empresas, las nuevas y las viejas.
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