Preservar la independencia del Ministerio Público es una de las
principales obligaciones del ministro de Justicia. Sin embargo,
prácticamente desde el inicio de la democracia ninguno de los gobiernos
del PP y del PSOE ha evitado caer en la tentación de instrumentalizar la Fiscalía General del Estado, lo que constituye una gravísima anomalía en nuestro sistema democrático.
Las
presiones que recibió la fiscal Consuelo Madrigal confirman que Rafael
Catalá, siguiendo la estela de sus predecesores en el Ministerio de
Justicia, ha incurrido también en injerencias inaceptables en la
Fiscalía. Tal como reveló ayer El Mundo, el Gobierno sustituyó a
Madrigal como Fiscal General del Estado tras comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos de los cambios en la cúpula de este órgano.
Las
presiones fueron planteadas por el propio Catalá en diversas reuniones y
se centraron, especialmente, en los relevos en las jefaturas de
Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Catalá negó ayer cualquier tipo de imposición
y recordó que los nombramientos de la Fiscalía los propone el propio
Fiscal General oído el Consejo Fiscal y con un procedimiento
"transparente y concreto".
Este periódico se ratifica en lo
publicado. El ministro de Justicia tenía previsto volver a proponer el
nombramiento de Madrigal para la presente legislatura, pero fue
precisamente el rechazo de ésta a aceptar sus sugerencias lo que
propició que el Ejecutivo se decantara finalmente por José Manuel Maza.
En sus conversaciones con Madrigal, el ministro respaldó expresamente
la opción de Manuel Moix como fiscal Anticorrupción y presionó para
intentar apartar a Javier Zaragoza -tras dos mandatos- de su puesto como
fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que
ambos cambios se materializaron tras los nombramientos aprobados el
miércoles en el Consejo Fiscal, encabezado por Maza.
La conducta de Catalá supone un error político grave. Primero porque constituye una explícita vulneración de la autonomía de la Fiscalía General del Estado
y, segundo, porque pone en evidencia el intervencionismo de los
gobiernos de turno en los órganos de Justicia, uno de los males
endémicos de la democracia española. La despolitización de la Justicia
era un compromiso medular del PP antes de llegar al Gobierno. Pero
cualquier iniciativa en esa dirección resulta absolutamente incompatible
con tratar de condicionar la independencia del máximo responsable del
Ministerio Fiscal.
La revelaciones alrededor de las presiones
ejercidas sobre Madrigal cobran aún más relevancia después del
comunicado emitido el viernes por los 11 miembros del Consejo Fiscal. En
su escrito, los vocales reprochan a Catalá su "injerencia" tras las desafortunadas declaraciones en las que el ministro cargó contra las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por el
Ministerio Público.
El pasado 15 de febrero, el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco pidió la imputación de Sánchez por presuntos
delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Inmediatamente después, la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir
adelante con la investigación. Y el propio Sánchez se jactó de ello 48
horas antes de que se supiera que cuatro fiscales jefe de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo eran partidarios de no investigarle.
El
desliz es especialmente grave teniendo en cuenta que Sánchez y Catalá
mantuvieron un encuentro un día antes de que la Fiscalía del Estado
impusiera a las fiscales no proseguir con la acusación al dirigente
murciano. A ello hay que sumar que, tal como desveló este periódico, la
Fiscalía también intervino para frenar la investigación del ex
presidente de La Rioja, Pedro Sanz, por la construcción de un chalé en
terrenos ilegales.
Así, las instrucciones políticas -improcedentes
e inaceptables- a Madrigal, los casos de Murcia y La Rioja, y las
acusaciones de purgas en la última renovación de fiscales han situado a Catalá en una posición muy delicada.
El
PSOE anunció que pedirá "responsabilidades" al Gobierno si no se
despejan las "sospechas generalizadas" que penden sobre la Fiscalía.
Mañana, durante su comparecencia parlamentaria, Maza tiene la
oportunidad de disipar dudas. Pero es sobre todo Catalá quien debe
ofrecer explicaciones completas y detalladas en el Congreso.
Y no sólo con el fin de despejar cualquier sombra de sospecha sobre su
proceder, sino porque está en juego la credibilidad de la Justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario