La portada de El País es
monopolio de la sección de tribunales. La política española es de
tribunales. El ramillete expuesto trae tres de los cuatro asuntos
escandalosos. El cuarto pertenece al ámbito que el periódico suele
censurar y prefiere ocultar: Cataluña. Vayamos por partes, incluida la
ausente catalana:
Los ladrones de guante blanco
y tarjetas negras. Una metáfora del proceso por el que la clase
política en su conjunto (los tres partidos estatales, los sindicatos y
la patronal) saqueó durante años Caja Madrid, Bankia y la condujo al
desastre con enorme quebranto público. Cincuenta y tantos o sesenta y
tantos mendas que pillaban una pasta para todo tipo de caprichos a
cuenta de los impositores a los que, por otro lado, al parecer, se
estafaba mediante las llamadas "preferentes" y, en último término, los
contribuyentes. De estos "tarjetistas", Blesa y Rato so los cabecillas.
No sé gran cosa de Blesa salvo que fue compañero de pupitre de Aznar, lo
cual es suficiente para que no extrañe viéndolo de safari, con trofeos
de caza mayor, muy orgulloso, como si fuera Teddy Roosevelt. De Rato,
ex-ministro de Economía, que estuvo a punto de ser presidente del
gobierno mientras hacía chanchullos con (contra) Hacienda, sé decir que
le viene de casta, porque ya su padre, banquero, estuvo en la cárcel en
tiempos de Franco y no por política. Y para que Franco metiera a un
banquero en la cárcel tuvo que ser gorda la del banquero.
El cuñadísimo
En España siempre hay un cuñadísimo. En tiempos de Franco, Ramón
Serrano Suñer, casado con una hermana de Carmen Polo de Franco. En los
actuales, Urdangarin. Es continuidad, sin duda, pero hay sus
diferencias. Serrano Suñer era un figurín fascista, admiraba a los nazis
y se vestía como ellos siempre que podía. Tenía cuentas personales
pendientes con los republicanos y persiguió a los exilidos en Francia,
haciéndolos detener y traer a España, a la tortura y la muerte. Era un
tipo siniestro, malvado, pero no era tonto. Este sí, aunque no menos
malvado. Un vividor, lo que antes se llamaba un play boy, que se
ha puesto a hacer lo que sin duda veía que estaba haciéndose. Debió
llegar a creerse eso que los medios repiten hoy como loros de que todos somos iguales ante la ley.
Y se equivocó.
Por ser miembro de la Casa Real, creyó ser también de
sangre real y estar cubierto por el manto de la inviolabilidad. Y no fue
así, sino lo que reza la famosa consigna de Rebelión en la granja:
"todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros".
Esa desigualdad es la que media entre la absolución de la infanta (esa
sí, de sangre real) y los seis años que han caído a su cónyuge. Una pena
mínima, casi simbólica, para quien ha estado lucrándose con el dinero
de los contribuyentes y por medios tan odiosos como instrumentalizar una
organización benéfica de niños discapacitados. Recuerda en su miseria
de cuñadísimo a aquel otro personaje, muy parecido a este, aunque
menos afortunado en lo físico, Roldán, que llegó a apropiarse de los
fondos de un colegio de huérfanos de la Guardia Civil.
El fiscal del príncipe.
El escandalazo de la fiscalía ha sido un terremoto. Un relevo masivo
para poner el ministerio fiscal al servicio del ministro de Justicia y
del gobierno, de los que recibe las órdenes al dictado. Todo un
espectáculo que estalló en Murcia con un fiscal denunciando presiones
políticas y una presunta injerencia del poder político para que no se
impute al presidente de la Comunidad. Preguntado al respecto Rajoy ha
respondido la habitual sinsorgada de que a él las decisiones del Fiscal
General siempre le parecerán bien. Justo en ese momento, la jueza Alaya denunciaba que hay una justicia para los poderosos y otra para los que no lo son,
que hay presiones políticas sobre la judicatura, una interferencia
continua y un continuo ataque a la independencia del poder judicial, lo
cual es evidente.
Donec Perficiam. Y más evidente aun en Cataluña, en donde se ha dado el cuarto escándalo de la jornada que El País
ha preferido ignorar. La fiscalía del TSJC ha comunicado su querella a
la mesa del Parlamento catalan por desobediencia, por haber votado la
convocatoria del referéndum. En el caso de la presidenta, Carme
Forcadell, se le abre un segundo procedimiento. Tan político como el
primero. Más, incluso, porque, en esta ocasión, el fiscal excluye de la
acusación al vocal Juan Jose Nuet que votó con el conjunto de la mesa,
presumiendo que no lo hizo con la misma intención que los otros tres
miembros. Es decir, el fiscal acusa por la intención. Nuet ha tenido la
lealtad de advertir que él debe estar comprendido en esa querella porque
lo es por la votación de la mesa y no por si cada uno de los miembros
es o dejar de ser una cosa. Sí, eso es lo correcto. Pero la fiscalía lo
ha excluido y lo ha hecho aduciendo la razón que aduce. Con lo cual,
ella misma, la fiscalía, ha convertido el proceso en un proceso político
contra el independentismo.
Y así, el Estado no va a ninguna parte.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
No hay comentarios:
Publicar un comentario