martes, 28 de febrero de 2017

La concordia por whatsapp / Ramón Cotarelo *

Acontecimiento de primera magnitud, el Mobile World Congress, una feria internacional de tecnología móvil que reúne a más de 100.000 participantes. Un momento único para que los usuarios de lo digital, los blogueros, los internautas, los administradores de redes, los tuiteros en todas sus ya diversas manifestaciones, intercambien información e ideas, incorporen novedades, reprograman. De no ser en Barcelona, no me la hubiera perdido. Otra razón para envidiar a los catalanes que siempre montan estos acontecimientos rompedores, mientras aquí, en la corte, tenemos ARCO.

El evento atrajo una representación de las fuerzas e instituciones del Estado en la parte más conflictiva de este, Cataluña. El Rey y la virreina o vicepresidenta del gobierno central. Del lado catalán, Puigdemont, un descorbatado Junqueras, Forcadell y Colau. Ignoro si en los séquitos había alguien que entendiera realmente de móviles. Pero eso es indiferente. No estaban allí como usuarios directos de estas tecnologías sino como representantes políticos. La presencia del jefe del Estado testimonia la gran importancia que la autoridad concede a las llamadas TICs. La de la vicepresidenta del gobierno personificaba el nuevo espíritu de diálogo, cuyos efluvios llegan a Cataluña en forma de interesantes entrevistas que Sáenz de Santamaría celebra de vez en cuando con cargos de diversos gobiernos locales y solo ahora medita incluir en tan laudable actividad al gobierno de la Generalitat.

El día anterior, en una cena -esta gente pasa la vida entre cenas, galas y festejos- el rey pidió colaboración leal entre las administraciones. Hasta ahí llega el compromiso del monarca con las aspiraciones de los catalanes que, mientras las cosas no cambien y mucho, son tan súbditos suyos como los extremeños. Tiene gracia, además, que estas invocaciones se hagan siempre dirigidas a unas administraciones más que a otras. Felipe VI no se acuerda de la colaboración entre administraciones cuando habla en Madrid.

Claro, a su lado vigilaba la temible vicepresidenta del gobierno, dispuesta a imponer su forma de diálogo, consistente en un enunciado seco y negativo: "referéndum, no". Escaso es, por tanto, lo que la parte española puede aportar a diálogo o negociación algunos. Y tampoco la otra parte, la catalana, parece propensa a la comunicación en los casi infinitos campos de la actividad humana que no estén relacionados con su rotunda posición de "referéndum, sí". Si son políticos que van a un acto de tecnologías que no controlan y no hablan de política, ¿de qué hablan? De nada, claro. Y de ahí esa foto que parece un funeral con gente cariacontecida excepto el payo de segundo plano que parece haber reconocido a un pariente del pueblo. El humor lo pusieron los del Mundo Today avisando de que el Mobile World Congress era un caos porque sólo había un enchufe para cargar el móvil.
La realidad era que ese encuentro de reyes, gobernantes, autoridades estaba a la sombra de un acontecimiento que se producía a 600 kilómetros de allí: la comparecencia de Francesc Homs ante el Tribunal Supremo, acusado de desobediencia y prevaricación por la convocatoria del 9N. Un hecho tan insólito que llevó a Homs a decir que, si hay sentencia por el 9N será "el fin del Estado español". Era el titular de El País. Al ver en la crónica, sin embargo, que Homs hablaba del "fin del Estado de derecho en España", Palinuro publicó un post, Por la tremenda, entendiendo que El País manipulaba la información. Y no era así, Homs habló del "fin del Estado español". Procede, pues, disculparse ante el periódico.

Los juicios por el 9N son un auténtico disparate. Para refutar el argumento de que se trata de juicios políticos se señala que la acusación es desobediencia, no por razones políticas o ideológicas, porque los acusados sean independentistas. Pero desobediencia ¿a quién? Al Tribunal Constitucional y a su prohibición de adoptar medidas independentistas. Lo que se prohíbe es el independentismo. Es un intento de disimulo ridículo: se judicializa un proceso político pero luego se utiliza políticamente a los jueces.

En esas condiciones de diálogo efectivamente bloqueado, procesos abiertos, otros por abrir, quizá docenas, cientos, si entran en danza las autoridades municipales, y con una hoja de ruta que fija un referéndum en menos de siete meses, no están los ánimos para muchas celebraciones.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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