MURCIA.- Ahora Murcia señala que la nueva anulación de una modificación del PGOU por parte del TSJ de Murcia "desacredita de nuevo al alcalde Ballesta y al concejal de Urbanismo, Navarro Corchón, ya que cuando se aprobó eran consejero de Obras y director general de Urbanismo, respectivamente".
La
edil Angeles Micol afirma que ambos "tienen responsabilidad directa en
estas actuaciones urbanísticas validadas por la Comunidad Autónoma de
forma chapucera, y que ahora los tribunales están echando atrás una tras
otra. Y son ellos mismos, Ballesta y Navarro Corchón, los que en estos
momentos están al frente del Consistorio y del urbanismo municipal".
Micol hace estas declaraciones tras conocerse que el TSJ ha anulado,
tras un recurso administrativo presentado por Huermur, la modificación
n°100 del PGOU, que preveía la construcción de una urbanización en
Sucina, en una zona de campeo de aves rapaces próxima a un espacio
protegido de la Red Natura 2000.
"Para no variar", explica la concejala,
"la Comunidad Autónoma dio el visto bueno a esta actuación sin tener
los informes necesarios, entre ellos el de recursos hídricos y el de
impacto ambiental, el cual tenían todas las papeletas para no obtener
nunca".
La edil destaca que uno de los promotores es el exconcejal del PP en
el Ayuntamiento de Murcia, Juan Ramón Avilés, también exconsejero de la
CAM: "La modificación n°100 del PGOU contó con el voto a favor, en 2008,
de nada menos que siete concejales que habían sido compañeros de Avilés,
entre ellos el hoy imputado Miguel Angel Cámara y la todavía hoy edil
Maruja Pelegrín, cuando todos ellos debían haberse abstenido".
Micol lamenta que "durante todos estos años, y todavía hoy, el PP
municipal esté continuamente sacando adelante actuaciones urbanísticas
que favorecen a sus amigos, en lugar de defender el interés y la
prosperidad del municipio y de todos los murcianos".
La concejala
recuerda que "hace cuestión de días Ahora Murcia y Podemos denunciamos
en rueda de prensa la clamorosa falta de informes sectoriales en
multitud de planes parciales y modificaciones del PGOU, un hecho que los
tribunales vuelven a poner de manifiesto".
"Esperamos que Ballesta acepte esta sentencia y no la impugne",
añade. "Y si decide impugnarla llevándola al Tribunal Supremo, él debe
asumir las costas: no podemos dedicar más gastos en los servicios
jurídicos y en costas para defender proyectos urbanísticos que son
indefendibles, que perjudican al municipio y que sólo buscan beneficiar a
los amigos del PP, que está sumido en una continua confusión entre los
intereses públicos y privados".
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