LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, defenderá en
el próximo Pleno Municipal que el Ayuntamiento de Lorca realice un
estudio de viabilidad para el establecimiento de un acuerdo marco de
suministro de electricidad 100% renovable.
Martín ha explicado
que, a falta de un mayor impulso del Gobierno central, la transición
energética se extiende por los municipios y cada vez más y mayores
ayuntamientos españoles apuestan por contratar electricidad de origen
100% renovable para su alumbrado público y sus edificios.
Más de 700
municipios españoles con una población estimada que supera de largo los
12 millones de habitantes (más de una cuarta parte del total de toda
España) ya han contratado a comercializadoras certificadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de
un sistema de garantía de origen que acredita la procedencia 'verde' de
la energía que compran esas empresas en el mercado para venderla a sus
clientes.
Según Martín, con ello se pretende abordar la cada vez
mayor preocupación ciudadana que se está produciendo por los altos
costes sociales, ya que se van haciendo cada vez más elevados, así como
los costes medioambientales asociados a la energía convencional, a
la energía nuclear y a los combustibles fósiles.
Las energías limpias,
como su propio nombre indica, no dañan el medio ambiente. Por un lado,
no provocan la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su
defecto, las emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos
como el cambio climático, el calentamiento global o el agujero de la
capa de ozono, algunos de los principales problemas medioambientales de
la actualidad.
Martín, pedirá en la misma moción que el
Ayuntamiento inste al Gobierno de España a la derogación del Real
Decreto 900/2015 -el conocido como “impuesto al sol”-, que afecta a un
millar de familias lorquinas, y que el Ejecutivo central revierta los
recortes a las energías renovables.
En este último caso, 2.000 pequeños
productores lorquinos de energía solar, la mayoría agricultores, se
encuentran asfixiados tras invertir los ahorros de su vida o hipotecarse
en la construcción de huertos solares. Lo hicieron animados por la
intensa campaña de promoción realizada por el Ministerio de Industria y
por las garantías que ofrecía el Gobierno de España que, posteriormente,
recortó las ayudas con efecto retroactivo.
Ello ha obligado a los
afectados a renegociar los créditos que suscribieron con los bancos,
pasando de un periodo de amortización de diez a veinte años,
prácticamente la vida útil de las instalaciones.
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