MURCIA.- La magistrada Consuelo Andreo, titular del Juzgado de Instrucción
nº 1 de Lorca, notificó este viernes a las distintas partes del
‘caso Auditorio’ una providencia por la que informa de que el auto
dictado el pasado 30 de noviembre, por el que elevaba una exposición
razonada al TSJ, ha adquirido firmeza, de manera que ha procedido a
mandar las diligencias al más alto tribunal jurisdiccional murciano, según adelanta esta noche La Verdad.
Con las diligencias ya en su poder sobre ese presunto caso de
corrupción en la adjudicación y construcción del Teatro-Auditorio de
Puerto Lumbreras, la Sala de lo Civil y de lo Penal deberá constituirse,
previsiblemente en los primeros días de enero, para estudiar los
argumentos legales expuestos por Consuelo Andreo y establecer si procede
admitir el ‘caso Auditorio’.
Básicamente, los tres magistrados que integran esa sala, Miguel
Pasqual del Riquelme, Enrique Quiñonero y otro aún por designar, tendrán
que establecer si, como señala la hasta ahora instructora de la causa,
existen suficientes indicios de delito contra el presidente murciano y
exalcalde de Puerto Lumbreras como para investigarlo.
En concreto, en su
exposición razonada la juez vislumbra supuestos delitos de
prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y
falsedad documental, siempre según La Verdad.
Si los miembros de ese tribunal consideran que hay razones para
investigar al jefe del Ejecutivo murciano, será un cuarto magistrado,
Julián Pérez-Templado, quien se encargue de citarlo en calidad de
imputado y de instruir las diligencias hasta el final. Será entonces
cuando establezca si procede archivar los cargos contra Sánchez o
proceder a la apertura de juicio.
La exposición razonada llegará en los próximos días a manos de la Sala, que lo primero que hará será enviar requerimiento a la Asamblea y el Gobierno regional para que acrediten la condición de aforado del presidente Pedro Antonio Sánchez. Los magistrados del TSJ que integran este órgano (entre ellos el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme) se reunirán en las próximas semanas para decidir si admiten la exposición razonada. En el caso de que lo hagan, deberán nombrar a un instructor para que practique las diligencias que considere oportunas, según La Opinión.
Por otra parte, la letrada del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca, Remedios Navarrete, ha hecho público un decreto en el que rechaza la petición formal que le realizó por escrito la presidenta de la Asamblea Regional, la socialista Rosa Peñalver, para que remitiera a la Cámara copia testimoniada de los informes del caso Auditorio, que afecta al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para utilizarlos en la comisión parlamentaria de investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras.
Lo que ha hecho el juzgado de Lorca es lavarse las manos e instar a la Asamblea Regional a que vuelva a realizar la petición a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, instancia a la que ha mandado las diligencias al afectar al presidente Pedro Antonio Sánchez, que como diputado regional y miembro del Consejo de Gobierno goza de aforamiento y solo puede ser investigado por un organismo judicial superior.
La secretaria judicial reconoce en su resolución que «las comisiones de investigación están directamente conectadas con la función parlamentaria de control y deben limitarse a dilucidar las responsabilidades políticas directa o indirecta de los titulares del poder público al que el asunto concierna». Asimismo, entiende la juez que, en este caso concreto, «puede estar acreditado el interés en solicitar la información requerida». No obstante, recuerda la instructora que el 1 de diciembre dictó un auto por el que se acuerda elevar exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, al apreciar indicios de responsabilidad penal en una persona aforada como es el presidente de la Comunidad.
Por tanto, señala el decreto judicial, corresponde al TSJ la decisión de remitir el procedimiento a la Asamblea Regional «con la finalidad de salvaguardar las garantías procesales tanto de la persona aforada como de las no aforadas», por lo que rechaza la solicitud que se le había enviado desde la presidencia de la Cámara.
La resolución ha causado alivio entre los abogados defensores de algunos investigados en la causa, que parte de una querella de la Fiscalía y que afecta, además de a Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras cuando se realizó el Auditorio, a otras 22 personas, entre las que hay concejales, técnicos y empresarios.
La comisión de investigación fue creada por acuerdo de los grupos de la oposición y está presidida por el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu. Se preveía que iniciara a fondo sus trabajos a la vuelta de las vacaciones, según La Opinión.
La exposición razonada llegará en los próximos días a manos de la Sala, que lo primero que hará será enviar requerimiento a la Asamblea y el Gobierno regional para que acrediten la condición de aforado del presidente Pedro Antonio Sánchez. Los magistrados del TSJ que integran este órgano (entre ellos el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme) se reunirán en las próximas semanas para decidir si admiten la exposición razonada. En el caso de que lo hagan, deberán nombrar a un instructor para que practique las diligencias que considere oportunas, según La Opinión.
Por otra parte, la letrada del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca, Remedios Navarrete, ha hecho público un decreto en el que rechaza la petición formal que le realizó por escrito la presidenta de la Asamblea Regional, la socialista Rosa Peñalver, para que remitiera a la Cámara copia testimoniada de los informes del caso Auditorio, que afecta al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para utilizarlos en la comisión parlamentaria de investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras.
Lo que ha hecho el juzgado de Lorca es lavarse las manos e instar a la Asamblea Regional a que vuelva a realizar la petición a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, instancia a la que ha mandado las diligencias al afectar al presidente Pedro Antonio Sánchez, que como diputado regional y miembro del Consejo de Gobierno goza de aforamiento y solo puede ser investigado por un organismo judicial superior.
La secretaria judicial reconoce en su resolución que «las comisiones de investigación están directamente conectadas con la función parlamentaria de control y deben limitarse a dilucidar las responsabilidades políticas directa o indirecta de los titulares del poder público al que el asunto concierna». Asimismo, entiende la juez que, en este caso concreto, «puede estar acreditado el interés en solicitar la información requerida». No obstante, recuerda la instructora que el 1 de diciembre dictó un auto por el que se acuerda elevar exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, al apreciar indicios de responsabilidad penal en una persona aforada como es el presidente de la Comunidad.
Por tanto, señala el decreto judicial, corresponde al TSJ la decisión de remitir el procedimiento a la Asamblea Regional «con la finalidad de salvaguardar las garantías procesales tanto de la persona aforada como de las no aforadas», por lo que rechaza la solicitud que se le había enviado desde la presidencia de la Cámara.
La resolución ha causado alivio entre los abogados defensores de algunos investigados en la causa, que parte de una querella de la Fiscalía y que afecta, además de a Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras cuando se realizó el Auditorio, a otras 22 personas, entre las que hay concejales, técnicos y empresarios.
La comisión de investigación fue creada por acuerdo de los grupos de la oposición y está presidida por el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu. Se preveía que iniciara a fondo sus trabajos a la vuelta de las vacaciones, según La Opinión.
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