miércoles, 14 de diciembre de 2016

Tartufismo / Ramón Cotarelo *

El culebrón del PSOE es un gran espectáculo. Va alternando todos los géneros dramáticos, desde los más graves a los más livianos. Empezó en tonos trágicos, con lady Macbeth Díaz llevándose bajo el brazo la cabeza del Rey Duncan Sánchez. Siguió luego un vodevil o juego de los equívocos en el que los personajes cambiaban de bando y de discurso y se acusaban de mil pecados. 
 
Volvió un tono trágico, cuando el tirano toma medidas contra los vencidos defensores de la plaza y multa a estos, expulsa a aquellos y sustituye a aquellos otros. Emergió después el drama romántico en la memoria de un Guillermo Tell que defiende las libertades y derechos de su pueblo. Y ahora aparece la comedia bajo la forma de esta explicación que da la dirección gestora y provisional de sus intenciones a futuro. Estas consisten en posponer la fecha en que se ha de posponer la fecha en que se ha de posponer la fecha de la celebración del famoso congreso y las correspondientes primarias.

Los argumentos del portavoz de la gestora harían feliz a Tartufo. Empieza el hombre por garantizar que habrá primarias, dando así por supuesto que alguien las puso en cuestión. Se justifica la postergación de la convocatoria del congreso con la necesidad de abrir un proceso de reflexión, un debate político, y presentar luego al cónclave algún tipo de documento programático. Ni sus poderes dan para eso ni, en la situación actual, se lo puede permitir. La intención oculta de dar boleto al PSC antes de la convocatoria del congreso es torpe e inicua. En lugar de dejar que sea aquel quien decida en un asunto tan importante para el PSOE, intentan enfrentarle con un hecho consumado. Esto de presentar a los demás hechos consumados es una práctica detestable. Al margen de otras consideraciones sobre la gestión de la junta gestora, la práctica la califica por su malicia.

Como la rebelión de la militancia. Los gestores del PSOE respetan el derecho de los militantes a reunirse, faltaría más, pero hacen tanto caso de las exigencias de esas reuniones como de la lluvia. Las reuniones, dicen, son el espíritu mismo del PSOE. Pero nosotros estamos a lo que estamos, es decir, a hacer esta brillante oposición y se ruega a los mirones que no entorpezcan, que miren el interés general y no el personal. Es un puntapié en la espinilla de Sánchez. Curiosamente no de Susana Díaz que lleva dos meses de precampaña electoral de Sevilla a Jaén, pasando por Madrid y Bruselas.

Criticar a los demás aquello que uno mismo hace es el corazón de la hipocresía. Si la hipocresía tiene corazón.
 
Táctica y estrategia

“Ninguna oferta de falso diálogo detendrá el proceso”, decía el lunes el presidente Puigdemont en el teatro Romea. Por supuesto que no. Pero hay más, en las condiciones actuales, en las que viene acompañada de un recrudecimiento de la actividad represiva del Estado, toda oferta de diálogo es necesariamente falsa. Decir que se pretende dialogar con quien se persigue judicialmente y se encarcela es agredir doblemente a la otra parte e insultar la inteligencia de los espectadores.

La oferta de diálogo del gobierno viene acompañada de la exigencia de que se abandone la hoja de ruta y se renuncie al referéndum. Como es de esperar, tratándose de franquistas, este gobierno es incapaz de vislumbrar la idea de que dicha exigencia solo empezaría a ser admisible si viniera acompañada de un archivo definitivo de todas las causas judiciales abiertas contra el independentismo. Solo de este modo se establecería una situación de igualdad, requisito imprescindible de todo diálogo. De no ser así, se tratará de un monólogo de “ordeno y mando” inadmisible, por mucho que guste a este gobierno.

¿Qué eso no se puede hacer porque depende del poder judicial que está separado del ejecutivo y el legislativo? La crisis española solo entrará en vías de solución cuando los gobernantes digan la verdad, en lugar de mentir por sistema. En España no hay división de poderes. No la ha habido nunca. Respecto a las relaciones entre el Parlamento y el gobierno (que depende de la confianza de la Cámara) no la hay desde 1978. Lo que había antes no merece ni una mención. Pero tampoco la hay entre el ejecutivo y el judicial desde la victoria del PP en las elecciones de noviembre de 2011. La permanente interferencia del gobierno y su partido en la administración de justicia y la politización de esta lo dejan bien claro. 
 
El mismo gobierno que fuerza al Tribunal Constitucional a proceder cómo y cuándo le interesa y moviliza a la fiscalía en contra de sus adversarios políticos, obligándola a “afinar” sus patrañas es el que puede y debe renunciar a estos procedimientos, eliminar la politización de la justicia y proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades y derechos, entre ellos el de libertad de expresión, que incluye quemar las banderas y los retratos que quieran, siempre que, como objetos materiales, sean de su propiedad.

Vamos aquí al meollo de la cuestión en estos días. Muchas buenas gentes censuran la quema de retratos reales porque, dicen, son provocaciones inútiles que proveen de razones al adversario y constituyen errores tácticos puesto que alejan o dificultan los objetivos estratégicos. De ser esto cierto, en efecto, las quemas y roturas simbólicas serían un error. La táctica debe estar siempre al servicio de la estrategia y, si no lo está, si dificulta el logro de esta quizá no solo sea un error sino una maniobra adversa.

Pero eso no es cierto. Los ciudadanos podemos hacer cuanto no esté expresamente prohibido en las leyes y en ningún sitio se dice que no podamos quemar efigies del rey como podemos quemar las de sus servidores y lacayos. Eso solo puede perseguirse a base de invocar principios etéreos, sin duda incluidos en otras normas por lo demás dudosas, que hablen de “ofender” la dignidad real o cosas similares. Dependiendo de consideraciones subjetivas de este jaez y de la sensibilidad subjetiva de los supuestos agraviados, aquí podría penarse todo, hasta la exhibición de esteladas en los balcones o las camisetas independentistas. Y hasta las conversaciones. Y, ciertamente, hasta las ideas.

No será la primera vez en España y ya estaremos como siempre, volviendo a la Inquisición.

Los ciudadanos pueden quemar imágenes del rey porque todos los españoles, según doctrina oficial, somos iguales ante la ley. Igual de quemables también. Eso es algo evidente en sí mismo, tanto como no ver que la propia idea de provocación es interpretable según distintos criterios. Quemar retratos del rey es perseguible, ¿y no lo es colocarlos por doquier para que presidan los actos públicos de todas las corporaciones, aunque estén compuestos por fuerzas republicanas? ¿No lo es que presidan las tomas de posesión de todas las autoridades, incluidas igualmente las republicanas? ¿No lo es que la justicia se administre “en nombre del rey” y no del pueblo o de la recta razón? Obligarnos a todos a soportar la presencia universal de la imagen real no es provocación, dicen los apologetas de la censura monárquica. Solo lo es que alguien la queme o la rasgue.
Obviamente, la enésima aplicación de la ley del embudo que pone en sus términos el valor de la oferta de diálogo del gobierno.

Desde luego estas falsas ofertas de diálogo no detendrán el proceso. Y tampoco lo hará calificar de provocaciones las respuestas populares frente a las provocaciones del gobierno. ¿No quieren ustedes, caballeros, que la gente queme el retrato del rey? No nos obliguen a soportar en todas partes la imagen de alguien a quien no ha elegido nadie y cuya legitimidad descansa en el nombramiento de un militar felón y perjuro muerto hace casi medio siglo. 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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