La infausta X Legislatura con mayoría
absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en
el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la
"ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los
años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer
gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los
españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al
franquismo.
El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió
ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un
autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en
los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas
arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas
tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más
profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una
corriente neoliberal de procedencia anglosajona.
Los cuatro puntos eran:
la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de
los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que
aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la
Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del
aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en
la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen
de "seguridad ciudadana" represivo).
Se añade a esto la actitud de
hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y
generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar
tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en
el poder merced a su abstención.
Pero
hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha
española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera
su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las
libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la
realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz
Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto
de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria
del embarazo.
Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto
que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron
para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado,
estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del
alcance de los justiciables que no fueran millonarios.
La
situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado
los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma
laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral
tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un
catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del
dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal
Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda
Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al
pronunciarse.
Las
barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión
tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto.
En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la
legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de
defenderla, pero sin auténtica convicción.
Ahora
le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la
más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio
del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz,
no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su
incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus
alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta
psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario,
arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y
un desprecio por la dignidad del ciudadano.
Otorga todo tipo de
facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y
libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a
los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades
inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el
ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden
público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía
hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo,
poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se
podía ni fotografiar.
En
fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada
al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el
muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la
condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser
hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice
que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos
legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a
entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido.
En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la
comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la
seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades
de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y
libertades públicas de los ciudadanos.
Los
otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y
la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el
Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana
depende casi exclusivamente de la iniciativa política del
independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos
casos, el gobierno tiene poco que hacer.
Las
tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta
augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos
excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición
presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su
estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor
de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición.
Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.
Pero
la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de
que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en
consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más
seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP
con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la
torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para
diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con
el que se tienen tantos intereses comunes.
Pero
el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida
otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El
nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno
en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.
Sí o sí
Los
líderes de JxS reducen la disyuntiva clásica del “sí o no” a la
fatalidad del único “sí”. Cada uno en su estilo. Tardà habló en sede
parlamentaria de “referéndum sí o sí” y con posterioridad, el
expresidente Mas ha hablado de “negociación sí o sí”. En los dos casos
habla la convicción de que las cosas serán así, quiera o no el gobierno
español.
Mas
suele poner una nota de cautela y prudencia. Recuerda la necesidad de
allegar más apoyos a la independencia y ahora, al parecer, trata de
tranquilizar al empresariado, aun reconociendo probable algún sobresalto
en 2017. Habrá quien vea en esto una diferencia notable, aunque
conocida, de contundencia política y señale el temor a un
replanteamiento, incluso un retroceso en el proceso independentista a
cambio de alguna etérea negociación. Sin embargo es obligado recordar
que la fuerza de ese proceso radica en su unidad y transversalidad,
aspectos imprescindibles en las circunstancias actuales. Es decir,
interclasista. No es muy acertado aplicar al proceso independentista un
esquema de lucha de clases en sentido amplio.
Tener
fijada la fecha del RUI da solidez al proceso, pero no obliga a
considerar exento todo el tiempo que media hasta su posible realización.
Ese es el tiempo de las negociaciones “sí o sí”. No sería justificable
rechazarlas sin más. Ya el solo hecho de que el Estado acepte negociar
es un triunfo.
Luego
se plantea el contenido y el resultado de las negociaciones., empezando
por la necesidad de que el Estado suspenda la aplicación de sus medidas
represivas hoy en marcha. No es creíble una negociación durante la cual
el Estado sigue reprimiendo la actividad de las instituciones
catalanas. A su vez, también el Estado planteará la simetría en la
abstención, exigiendo que las instituciones catalanas suspendan su
actividad durante la negociación. Esa es una muestra de la complejidad
de los problemas que afectan a las negociaciones.
Mientras
se inicia la negociación “sí o sí” van dándose pasos que condicionan
las actitudes. Los comunes proponen constuituir una comisión
parlamentaria para tratar de la “cuestión catalana”.No parece, desde
luego, mucho, dada la composición del Parlamento español. Como
iniciativa no molesta y apunta en una dirección correcta de convocar un
órgano en el que puedan realizarse las negociaciones del “sí o sí”. Lo
que sucede es que no puede ser de rango de Comisión parlamentaria.
Tendría que apuntar más al tipo de Convención del máximo nivel
parlamentario y convocada específicamente para la negociación.
El
movimiento, por otro lado, básicamente la ANC, está articulando la
“Asamblea de cargos electos” (AECAT) para que asuma los “poderes
catalanes” en el caso de que el gobierno central suspendiera la
autonomía de Cataluña. Parece bastante más eficaz que la Comisión
parlamentaria sobre Cataluña. La AECAT es el germen de una institución
que vendrá a substituir a las instituciones ordinarias catalanas caso de
suspensión de la autonomía.
Pero,
para que el gobierno suspenda la autonomía de Cataluña, en el caso de
que pudiera hacerlo, que no está claro, las instituciones catalanas
habrán dado algún motivo para ello, habrán adoptado alguna medida que
justifique la suspensión a ojos del gobiern. El acto más evidente de
este tipo es una DUI. Por esa declaración, el Parlamento catalán
declararía a Cataluña fuera del ámbito de aplicación de las leyes
españolas y, por supuesto, tendría que dar traslado de ello a la Corte
Internacional de Justicia. En el interior, sin embargo, la suspensión de
la autonomía carecería de efecto y el Estado tendría que echar mano de
alguna figura de los estados de excepción.
Justamente
es ante esa perspectiva muy verosímil cuando cobra todo su alcance la
admonición de Mas: negociación “sí o sí”. Nadie está interesado en
crearse más problemas de los que ya tiene. En el paquete de la
negociación deberá entrar el otro enunciado de referéndum “sí o sí”.
Que
el 75 por ciento de los catalanes sea partidario de un referéndum es
una prueba empírica de que el referéndum es la solución al problema. Si
la participación en él llegara al 75 por ciento, o lo sobrepasara, daría
amplia legitimidad al resultado, fuere este el que fuere.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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