MADRID.- Algo más del 25 por ciento de los beneficios, unos 75 millones de euros.
Eso pretendía conseguir un intermediario urbanístico, pero el
empresario gallego Manuel Núñez se negó a pagar semejante comisión. Las
consecuencias, según denunció en Interviú, fueron fatales para él: resultó implicado
en la operación Tótem, una de las más importantes contra la corrupción
urbanística en Murcia. Núñez denuncia que el intermediario puso en
práctica el plan diseñado por Miguel Bernad, cabecilla de Manos Limpias,
para vengarse si no pagaba la comisión.
Primero: poner una denuncia ante la fiscalía. Segundo: lograr la
máxima repercusión mediática. Tercero: llegar a un acuerdo para retirar
la denuncia. El riesgo era que la fiscalía actuara de oficio, una vez
apartado del asunto el sindicato Manos Limpias. Estos tres pasos
supuestamente formaban parte del sistema seguido durante décadas por
Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias.
En las
negociaciones para retirar la denuncia, se exigía el pago de una
cantidad de dinero, según indica el juez Santiago Pedraz en su acusación
contra Bernad y Luis Pineda, presidente de Ausbanc (Asociación de
Usuarios de Banca). El juez acusa a ambas entidades de coordinarse para
cometer presuntamente delitos de extorsión.
En el caso de Manuel
Núñez Arias, empresario y abogado gallego de 67 años, los tres pasos de
Bernad le arruinaron la vida, según relata a la citada revista: “El plan
diseñado por el secretario general de Manos Limpias para obligarme a
pagar una comisión desorbitada hundió mi carrera. Me detuvieron por la
‘operación Tótem’ [trama de corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana], y
desde entonces lucho para restituir mi buen nombre y que paguen los que
montaron, con mentiras, una operación que fue una pantomima”.
El 26 de noviembre de 2007 estallaba la operación Tótem. La
Guardia Civil detuvo a seis personas. Al final hubo hasta 13 imputados.
Manuel Núñez fue detenido en su despacho, en el centro de Vigo. “Ese fue el final para mí profesionalmente”, alega
el abogado y empresario inmobiliario. Las acusaciones eran graves: el
pago de comisiones para favorecer recalificaciones en la localidad y
levantar una zona residencial con 5.000 viviendas, dos hoteles y un
campo de golf. El principal acusado fue el exalcalde de Totana Juan
Morales, del PP, que en esos momentos era diputado regional.
También
fue detenido el constructor asturiano Emiliano Ovide, que había actuado
de intermediario entre el Ayuntamiento de Totana y Núñez. “Ovide me ofreció unos terrenos –cuenta Manuel Núñez–, un
total de 1.700.000 metros cuadrados en Totana, donde se había aprobado
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Eran terrenos urbanizables
desde octubre de 2006. En cuanto vio mi interés, me dijo que había que pagarle al alcalde y a 17 políticos de Murcia un dinero. Y que el pago
se efectuaría a través de sus empresas. Que era condición ‘sine qua non’
ese pago a través de él”. Núñez aclara que en ese momento Ovide no le especificó la cantidad.
Poco
tiempo después se enteraría de que en total la comisión ascendía a unos
75 millones de euros. Según los contratos que supuestamente Ovide envió
a Nuñez, a través de los cuales se canalizaría la comisión y que fueron
incautados por la Guardia Civil en el registro del domicilio de Ovide,
este pretendía lograr el 25 por ciento de los beneficios de la operación
urbanística de Núñez en Totana. Ante la Guardia Civil, Emiliano Ovide
negó la extorsión y declaró que una persona enviada por el alcalde le
transmitió un mensaje para Núñez: “Si quería que la operación se ultimara, tenía que entregar tres millones de euros”.
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