Este jueves el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy
Brey, que tiene intención de presentarse a la segunda investidura, antes
de que termine el plazo legal para las terceras elecciones el 31 de
Octubre, ha tenido la primera señal de advertencia de lo que le espera
de la oposición si, efectivamente, sale elegido Presidente del Gobierno,
en la segunda vuelta, con los votos a favor de los diputados del
Partido Popular, de los de Ciudadanos, y la abstención al menos de once
diputados socialistas. Esto último, si así lo decide el Comité Federal
del PSOE, el próximo domingo día 23 de Octubre, veinticuatro horas antes
de que el Jefe del estado Inicie el último periodo de consultas antes
de decidirse por la presentación de un candidato o la disolución de las
Cortes.
Si el miércoles en la recepción del Palacio Real, el estado de ánimo
de Rajoy y de los suyos, era de un moderado optimismo porque se intuía
que la investidura estaba encauzada, a pesar de la militancia socialista
que sigue instalada en el “No” y en la necesidad de que se les
consulte, este jueves los populares, que están viviendo desde la semana
pasada todo un calvario judicial en el peor momento para ellos, se han
llevado una sorpresa parlamentaria que indica y es un aviso de lo dura
que puede ser la gobernabilidad del país, a partir de la investidura.
Y todo eso, en un ambiente enrarecido, dominado por los juicios del
caso Gürtel (Correa acaba de declarar que pagaba comisiones a diestro y
siniestro a Bárcenas y al PP, por la concesión de obra pública y que
pasaba más tiempo en la sede del Partido, en Génova, que en su despacho o
en su casa) y por el de las tarjetas Black, que se ha convertido en el
juicio de toda una época y una clase política, económica y empresarial,
que no benefician en nada esa investidura que está en manos del PSOE y
de lo que decida su Comité Federal, que necesariamente ha rebajado
últimamente sus críticas sobre la corrupción.
Por otra parte, en ese ambiente enrarecido hay que incluir la
situación catalana, el anuncio del Referéndum de independencia para el
año que viene y los problemas judiciales creados con dirigentes de la
Generalitat como Carme Forcadell y Francesc Homs. Este jueves en un auto
dado a conocer por el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)
se abre juicio oral contra Artur Mas, como autor de dos delitos, y
contra sus consejeras, como “cooperadoras necesarias”. La Fiscalía pide
una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar
ningún “cargo público electivo” ni “ejercer funciones de gobierno” en
ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de sus
consejeras, Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a
nueve años.
También este jueves – como una premonición de lo que puede ocurrir en
un inmediato futuro- la totalidad de los partidos políticos, PSOE,
Podemos, Convergencia, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el
Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto han registrado una
iniciativa para revalorizar las pensiones, de acuerdo con el IPC. La
petición es de toda la oposición que englobaría a 178 diputados,
prácticamente los mismos con los que parecía contar el obligado a
dimitir Pedro Sánchez, cuando la dirección socialista descubrió que el
pacto para ese “Gobierno para el cambio” estaba en marcha, y
prácticamente hecho. Era el Gobierno de esos 178 diputados.
Lo mismo que los 178, se han puesto de acuerdo en la reivindicación
de las pensiones, en el futuro, pueden ponerse de acuerdo, para derogar
parte de lo que se ha venido aprobando en la anterior legislatura como
la Ley de Educación (Lomce), la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada
ley Mordaza), la de estabilidad presupuestaria en los ayuntamientos o la
reforma laboral. “Ya hay números suficientes para echar atrás una buena
parte de los recortes, de las medidas antidemocráticas y de la
impunidad que han estado golpeando a nuestra gente”, ha manifestado
eufórico, el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón. “Esto que vemos aquí
podría ser la foto de un gobierno y si no lo es, al menos, va a ser la
foto de una mayoría parlamentaria alternativa”, ha dicho Errejón,
recordando que tienen “la fuerza suficiente” como para obligar al PP “a
desandar una parte del camino más injusto” que obligó a andar al país y a
los españoles , en los años más duros de la crisis económica.
Toda una señal y, advertencia, de lo que le espera a Rajoy después de la investidura.
(*) Periodista y economista
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