MURCIA.- Una de las investigadas en el presunto fraude de las obras del AVE
entre Crevillente y Murcia dijo a la Guardia Civil cuando fue detenida
con su marido y sus dos hijas que no sabía que en 2012 su nombre
figuraba en 34 cuentas bancarias con saldos que sumaban 3,1 millones de
euros.
Las declaraciones de María Teresa B.O., esposa del ingeniero José
Manuel F.P., también imputado en ese caso, han sido conocidas al
levantarse el secreto de las actuaciones del juzgado de instrucción de
Murcia que investiga los hechos.
En un informe elaborado por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria entregado en el juzgado se sospecha que parte
de esa suma podría proceder de los supuestos sobrecostes de las obras
que habría recibido presuntamente el esposo de la declarante, cobro que
este siempre ha negado.
María Teresa B.O. manifestó a otra pregunta de los agentes que
quisieron saber sobre el origen de los fondos que "creía que esos
saldosestarían relacionados con los proyectos del AVE de su marido", en
referencia a las actividades de este relacionadas con las obras de
reposición de redes de regadíos dependientes del Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela, para el que trabajaba.
Los investigadores le preguntaron si era posible que hubiera
realizado 65 operaciones entre adquisiciones por casi dos millones de
euros y transmisiones por casi 2,4, a lo que contestó que "eso sería lo
que estuvo firmando en una oficina bancaria", pero que ella "no sabía lo
que firmaba", que acompañó a su marido a donde este le indicó.
También se le preguntó si sabía la razón por la que ella y su marido
realizaron ocho escrituras notariales el mismo día sobre emancipación de
una hija que era entonces menor de edad, donaciones de inmuebles, venta
de participaciones de una empresa del matrimonio y otros asuntos.
A ello respondió que eso estaba relacionado con la separación de
bienes y que "ya que se hacía eso, pues se dejaba a las crías con lo
suyo"; que no se le preguntara el porqué, porque eso fue su marido
"quien dijo de hacerlo".
Según el informe de los investigadores, ese desplazamiento del
patrimonio de los cónyuges y del de una sociedad por ellos creada hacia
la esposa y sus dos hijas por un valor total de 4,2 millones
constituiría un "desvío" del mismo, ya que las donaciones, préstamos,
venta de sociedad y otros recogidos en los protocolos notariales se
hacían "sin que mediara pago alguno".
Para los agentes, tanto la esposa como las hijas de José Manuel F.P.
podrían haber incurrido presuntamente en un delito de blanqueo de
capitales.
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