MURCIA.- Cambiemos Murcia ha remitido una comunicación interior al concejal de Urbanismo, Antonio Javier Navarro, para que aclare si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la pedanía de Sangonera la Verde cuenta con licencia para desempeñar las funciones que tiene encomendadas y, en caso afirmativo, qué tipo de autorización.
El edil que firma el escrito, Sergio Ramos, ha explicado que no sería
la primera vez que un centro de esta naturaleza incumple la legalidad
ya que en España existe un caso denunciado, el del CIE de la Zona
Franca, cuyo cierre fue ordenado por el Ayuntamiento de Barcelona al
disponer solo de la autorización para ser una comisaría y no cumplir con
la normativa de seguridad.
Ramos ha indicado que si el CIE de Sangonera no tiene licencia, el
Consistorio "tendrá que informar al Ministerio del Interior de las
posibles multas a las que tendrá que hacer frente" por tener abierto un
centro "en situación irregular y fuera de derecho", e incluso proceder
al precinto de las instalaciones.
A juicio del concejal, "no se pueden mantener abiertos lugares en los
que el incumplimiento de los Derechos Humanos han sido denunciado por
parte de expertos, instituciones y organizaciones sociales", como la ONG
Convivir sin Racismo, que publicó un informe en el que se explicaba que
en Sangonera "existe un trato verbal incorrecto y denigrante, así como
maltratos físicos explícitos".
Además, esa misma organización, en su informe de 2015 sobre las
condiciones de las personas extranjeras internadas en ese centro, apunta
que se dan situaciones espacialmente graves como la presencia de
menores o los testimonios de maltrato por parte de agentes de la policía
que deberían garantizar su seguridad.
La formación municipalista ya criticó el trato que reciben las
personas internadas en el centro murciano al presentar una moción al
Pleno del pasado julio para declarar el municipio como libre de CIEs e
instar al Gobierno de la Nación a adoptar medidas para ordenar el
cierre.
Uno de los argumentos defendidos en la iniciativa fue que la
existencia de estos centros sólo puede ser explicada en un "contexto de
déficit democrático, jurídico y humano que sólo sirve para justificar
las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea".
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