La sociedad civil murciana propone que los cargos públicos declaren su patrimonio y su titulación académica por obligación

MURCIA.- Veinte profesionales murcianos de diferentes ámbitos, diez hombres y diez mujeres, consultados por  CSA para elaborar una encuesta en la que se plasmen las prioridades de la sociedad civil para mejorar la Región de Murcia, han propuesto que los cargos públicos declaren su patrimonio y su titulación académica por obligación, además de que el nivel medio-alto de inglés sea condición 'sine quanon' para el puesto que van a desarrollar, según publica hoy La Verdad.

Seis empresarios, un economista, dos notarios, una abogada, un politólogo, una socióloga, un arquitecto, una farmacéutica, un asesor fiscal, una funcionaria, un traumatólogo, profesores universitarios y de Secundaria... formaron la muestra.

La empresa responsable del estudio, CSA, recopiló las propuestas del 4 al 6 de junio, pidiendo que las mismas supusieran «una novedad y no fueran los temas recurrentes que todos conocemos y sobre los que existe un consenso latente, como el AVE, el agua, el aeropuerto, etcétera», indican fuentes de la consultora.

En lo que concierne a los intereses regionales, hay cuatro propuestas que se centran en la promoción exterior de la Región, como la mejora de la imagen de la Comunidad, la puesta en marcha del 'lobby' murciano en Madrid y Bruselas, la incorporación de demandas irrenunciables de la Región en el Estatuto de Autonomía, o la puesta en valor de un mayor reconocimiento del origen de los productos tradicionalmente murcianos, especialmente los hortofrutícolas, que copan los mercados de España y Europa, y que pueden contribuir a la 'marca Región de Murcia'.

Por lo que se refiere a la política y la participación, además de apostar por las listas abiertas en las elecciones, los encuestados requieren una mayor exigencia ética y honorabilidad política (puesto número 20, justo en la mitad de la tabla, con un 6,7), así como «decencia personal» a los políticos. Aquí se podría enmarcar también la propuesta de que los cargos públicos declaren su patrimonio y su titulación académica por obligación, además de que el nivel medio-alto de inglés sea condición 'sinequanon' para el puesto que van a desarrollar. También proponen mecanismos que permitan a los ciudadanos participar en las decisiones públicas y que permitan una mayor colaboración público-privada.

Además, y en relación con la transparencia, los participantes en el estudio proponen una mayor información sobre altos cargos, inversiones y contratos, y también apuesta por el perfeccionamiento del Consejo de la Transparencia con el objetivo de dotarle de mayor independencia y recursos en beneficio de los ciudadanos. Por supuesto, «tolerancia cero con la corrupción».