MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia ha ampliado un mes más el
secreto sobre las investigaciones en torno a la desaladora de
Escombreras, que abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía, según adelanta La Opinión.
La titular
del Juzgado, María del Mar Azuar, está estudiando ahora la
documentación recabada por la Policía Judicial durante los registros
realizados el pasado 17 de mayo en la planta, en la sede que la empresa
pública Desaladora de Escombreras tiene en la Consejería de Agricultura
en el despacho del abogado Andrés Santiago Arnaldos.
La Fiscalía
había denunciado la existencia de presuntos delitos de prevaricación,
malversación de fondos públicos y fraude, a los que se suman ahora un
posible soborno, que reveló la grabación realizada por un proveedor de
la desaladora en la que aparece pagando una mordida a un empleado.
La
planta, que es propiedad de la empresa del grupo ACS Hydro Management,
la tiene alquilada la Comunidad Autónoma, que distribuye los caudales
tratados a los regantes y a urbanizaciones del Campo de Cartagena a
través de la empresa pública Desaladora de Escombreras.
Por otra
parte, el 18 de mayo dos agentes de la Guardia Civil adscritos a la
Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos de Madrid se
presentaron en el ayuntamiento de Cartagena para ver la documentación
relativa a las autorizaciones y licencias concedidas por el Consistorio
para la construcción y apertura de la desaladora.
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