MURCIA.- La Asociación Huermur ha denunciado en la Dirección General de Bienes
Culturales, adscrita a la Consejería de Cultura, los derrumbres y el
deterioro en aumento de la Torre Guil y sus construcciones asociadas,
tras la visita que varios profesionales que colaboran con esta
asociación realizaron a la finca de Sangonera donde se ubica.
La denuncia, registrada ayer, va acompañada de la
argumentación legal, fotografías, planimetría y los condicionantes que
en su día se marcaron en el Plan General de Ordenación Urbana, donde
cuenta con una ficha de protección. A pesar de la protección legal con
la que cuenta esta construcción histórica, el deterioro su ido en
aumento en los últimos años, llegando a producirse nuevos derrumbres que
ponen en peligro la integridad y conservación de este bien cultural.
Además, la maleza prolifera en los alrededores, y la construcción está
rodeada de escombros.
Es por ello que desde Huermur se ponen en
conocimiento de la administración competente en materia de patrimonio
esta situación, pidiendo que urja a los propietarios a recuperar el bien
cultural, así como que se tomen medidas cautelares para asegurar su
conservación y evitar su completo derrumbe, lo que podría conllevar
nuevas infracciones marcadas por la Ley de Patrimonio Cultural de la
Región de Murcia.
Para la asociación Huermur “es lamentable que la
inoperancia y la inacción de las administraciones local y regional
hagan que el patrimonio murciano acabe una vez más en el suelo” ya que
“realmente en Murcia no se llevan a cabo medidas efectivas que
salvaguarden y conserven el patrimonio en peligro de la comarca de la
Huerta de Murcia”.
Desde Huermur creemos que “la previsible
pérdida de otra torre protegida en Murcia lleva una vez más a que
perdamos una parte de nuestra historia, una parte de lo que hemos sido y
nos ha caracterizado como murcianos”, ya que creemos que el patrimonio
“es un bien fundamental que tenemos que cuidar para evitar que en pleno
siglo XXI se siga viniendo abajo” y que de nuevo “las leyes y los
acuerdos de las administraciones sean papel mojado”.
Las medidas
que propone aplicar Huermur, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural,
en una presunta infracción grave como ésta, pueden llevar desde la
exigencia al propietario a que ejecute las obras de consolidación y
conservación necesarias, una multa de entre 100.001 euros hasta 200.000
euros, e incluso podrían llegar a ejecutarse subsidiariamente las obras
por la administración y pasarle la factura después al propietario.
Igualmente,
desde esta asociación conservacionista queremos resaltar los valores y
recursos que se pierden en casos como este, ya que incluso la ficha de
protección de Torre Guil señala que sus valores arquitectónicos y
paisajísticos, así como su situación, tamaño e instalaciones permitirían
su futura explotación turística, lo que habría dinamizado la economía
de la zona y asegurado la conservación de este bien cultural.
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