Alguna explicación tiene que tener el
hecho de que hasta en un pueblo tan resignado a la idea de que los
políticos son todos un puñado de sinvergüenzas y ladrones, la
preocupación con la corrupción haya subido de un índice del 20 al 50 en
los cuatro años de mandato del PP, según los barómetros del CIS. Es
decir, así como el desgobierno del sobresueldos ha resultado ser una
máquina de producción de independentistas en Cataluña, también lo es de
difusión de la corrupción. De todo tipo de corrupción y en todos los
ámbitos.
La
más evidente y generalizada se da en el ámbito político, tanto en el
legislativo como en los diversos órdenes de gobierno central, autónomico
y local. Pero no se limita a eso. También alcanza el ámbito judicial,
en el que se dan casos escandalosos y en otros órdenes, como en el
religoso. En realidad, el gobierno de Rajoy ha tenido un efecto
demoledor sobre todas las instituciones del Estado, las ha deslegitimado
y ha dejado el país en un estado calamitoso que no parece tener remedio
a corto plazo y ya veremos si a medio. Ha destruido el entramado moral
de la sociedad en su conjunto y la ha convertido en una patio de
logreros y granujas en el que cada cual va a aprovecharse de la que
pueda a costa del bien común. Y el primero de todo, el sobresueldos.
que tiene a su padre en La Moncloa siendo atendido clandestinamente en
su condición de dependiente con cargo a los fondos públicos
El
caso del diputado Martínez Pujalte, uno de esos bravos que solía
arremeter vociferante contra la oposición al estilo Hernando, es uno de
un abanico de representantes y cargos públicos del PP dedicados no a
gobernar sino a enriquecerse cuanto antes. Junto a Martínez Pujalte, el
diputado Gomez de la Serna, que hacía caja aparentemente ilegal también
ha causado baja en partido. Como ha tenido que causarla+ el embajador en
la India, Gustavo de Arístegui por cobrar cantidades a las empresas
concesionaras o el embajador en el Reino, Federico Trillo, un personaje
cómico, estilo bravo de Juan Zorrilla que tiene la embajada manga por
hombro y también cobraba cuando era diputado sumas considerables por
"asesoría oral" (es decir, por colocar chismes) a una empresa que luego
contrataba con la administración pública en la que el tal Trillo tenía
sus influencias.
En
realidad, toda la administración pública del régimen general que
gestiona el PP es un hervidero de actividades delictivas, malversadoras,
corruptas y tráfico de influencias, cuando no de blanqueo de capitales,
como parece ser el caso de Valencia durante la alcaldía de ese
inenarrable personaje de prodigiosa zafiedad que es Rita Barberá,
blindada por su partido en el Senado para que los jueces no puedan
echarle mano. Es un ejemplo de lo que el PP llama "colaborar con la
justicia". Cuando no es un concejal de urbanismo, es un consejero de
obras públicas o cualquier cargo que tenga contactos con contrataciones
públicas.
Toda
la administración pública del PP está repleta de corrupción. Tanta que
cabe parafrasear la célebre obra de Larra con un "Vuelva usted mañana,
que lo tendremos todo expoliado". Pero así es. En estos últimos años se
han conocido casos que claman al cielo, como en el de cuanto tenga
directa o indirectamente que ver con la contratación pública. No hay
concurso o licitación en los que no medie una mordida o comisión a algún
sinvergüenza del PP en un puesto decisivo. Es el caso del ex-consejero
Granados de la Comunidad de Madrid que cobraba cifras fabulosas por
autorizar colegios, según la señora Aguirre, sin su conocimiento. Ni
falta que hacía pues toda la política de la señora Aguirre de
liberalización y privatizaciones de la educación, la sanidad y los
servicios públicos no es otra cosa que corrupción revestida de
ideología.
Lo
curioso es que, en este ambiente asfixiante de corrupción total, como
rasgo de la gestión, la oposición no se haya hecho notar. Se trata de un
fenómeno característico. La oposición socialista no ha sido capaz de
obligar al gobierno a rendir cuentas. La corrupción de los EREs de
Andalucía, tan institucional como la del PP en donde este gobierna, la
ha deslegitimado para cumplir su tarea de vigilancia y control. No
puede alzar la voz porque se la acallan señalándole un nivel de
corrupción que nada tiene que envidiar al del PP. Habrá que ver si los
nuevos partidos enderezan la situación que, como se ve, está alimentada
por las mayorías absolutas como las del PP o los gobiernos sempiternos
como el PSOE en Andalucía.
En
realidad, esta generalización de la corrupción en la sociedad responde a
una peculiar relación ejemplar que une a los poderes públicos con la
sociedad. Si todos los estamentos sociales ven que puede ser presidente
del gobierno una persona que estuvo cobrando sobresueldos de procedencia
dudosa durante veinte años y no le pasa nada, un personaje que envía un
SMS de apoyo a un presunto delincuente y no dimite sino que, para pasmo
general, dice ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción, de
la que habla como si le fuera ajena, la sociedad piensa que aquí puede
robarse a mansalva.
Y actúa en consecuencia.
Y actúa en consecuencia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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