MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigará en una
sola causa las irregularidades en la gestión de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) y la venta, por parte de la entidad, de cuotas
participativas. La magistrada ha acumulado ambos procedimientos en
aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En un auto hecho público este martes, la magistrada aplica la
conocida "regla de la conexidad" introducida en la última reforma
legislativa y asegura que, al unir la pieza separada a la causa
principal se evitarán "el enjuiciamiento paralelo de ambos
procedimientos y la repetición de pruebas".
Tanto el procedimiento principal como el relativo a la venta de
cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada
de la caja alicantina, cuenta con los mismos investigados.
La magistrada acusa a los exdirectores generales de la CAM Roberto
López Abad y Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente
Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y
el expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación
indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de
cuentas.
Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado en un auto, los
cinco exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a
suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la
entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones
con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de
modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal
que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera
impedido que se les abonara.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y
sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de
2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las
numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre
todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la
concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--
comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
En cuanto a la pieza de cuotas participativas, cientos de afectados
acusana los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000
clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa". Los clientes mantienen
que la caja les aseguró que "podían retirar sus inversiones en todo
momento" y que comunicó haber obtenido beneficios cuando no era cierto.
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