lunes, 4 de enero de 2016

MC anuncia acciones judiciales contra el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena, Espejo


CARTAGENA.- El portavoz del grupo municipal de MC y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, Francisco Calderón, declara su sorpresa ante la continuada estrategia política del PP local que, tras gobernar el municipio durante 20 años, "trata de ocultar a la ciudadanía las consecuencias de sus acciones políticas".

En palabras de Calderón, resulta "lamentable que el Gobierno de Barreiro anuncie en 2007 que no va a derribar ninguna construcción en la zona oeste mientras la CARM no apruebe el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y ahora exijan que asumamos la responsabilidad quienes llegamos a gestionar la ciudad hace seis meses". 
 Cabe recordar que, fruto de esta decisión consensuada con los vecinos de la zona oeste, Espejo y sus compañeros de Ejecutivo archivaron los expedientes de derribo de viviendas.
Ahondando en esta cuestión, el portavoz de MC explica que, en la última década, "a pesar de ostentar la gestión de Ayuntamiento y CARM, el PP se ha mostrado incapaz de aprobar el PORN de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso, condenando a la incertidumbre a cientos de vecinos que esperan la legalización de sus construcciones. 
Ahora, tienen la desvergüenza de quejarse de su propia inoperancia e incapacidad, además de pedir explicaciones al actual Gobierno municipal por algo achacable únicamente a ellos", continúa desgranando Calderón.
En la misma línea, Francisco Calderón concluye aseverando que "no es sorprendente que sea Espejo el que busque crear esta estéril polémica, ya que cuando fue concejal de Urbanismo no se tramitó la denuncia dirigida contra él por una infracción urbanística, en un claro ejemplo de su particular forma de entender el servicio público".
En este sentido, Calderón recuerda que "esta actuación u omisión ya fue estudiada por la Fiscalía", además de adelantar que MC tiene previsto poner en manos de la Justicia tales actuaciones al objeto de depurar responsabilidades por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o falsedad en documento público.

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